El reguero de cocaína en el escándalo de los ERE corre más que la pólvora y ya no hay quien le quite a este caso el marchamo ordinario y cutre de la esnifada entre el jefe y el chófer. Mano a mano. La corrupción es la más repugnante de las formas conocidas de apropiación de lo ajeno, pero si la mangancia va acompañada, además, del descaro más desvergonzado, la cosa resulta sencillamente vomitiva. O debiera serlo, porque no está tan claro que la corrupción genere entre la mayoría de los ciudadanos toda la repugnancia que se merecen estos golfos públicos. Aquí nos pasamos meses hablando de un caso tras otro sin que se produzcan dimisiones o ceses inmediatos. Aquí no se mueve ni dios.
Así, el culebrón de los ERE ha sorprendido esta semana con la incorporación de nuevos personajes con nuevas y sabrosas revelaciones. El chófer del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero ha sido la estrella. El fiel escudero recibió nada menos que 900.000 euros en subvenciones a través de dos empresas creadas específicamente para tal fin animado por el propio jefe. Luego vino lo de la coca y los gin tonic para rematar la faena y elevar el nervio narrativo del culebrón. Un piso en Sevilla y un terrenito en Sierra Morena. Todo pagado a discreción con dinero público destinado a los parados.
Pero el escándalo no está en la cocaína a pesar de que se lleve los titulares y soliviante al personal. El escándalo está en el latrocinio. En que un director general haya podido repartir a su antojo muchos millones de euros a pesar de las reiteradas advertencias de la Intervención General. Así durante diez años y tres consejeros diferentes. El escándalo no es que Guerrero repartiera dinero público como le daba la gana y lo gastara en lo que le apeteciera, sino que pudiera disponer libremente de ese pastón sin ningún tipo de control. El escándalo no es la droga, sino que un cargo público le dé 900.000 euros a su chófer sin que se entere nadie ni se le pidan explicaciones. Ni siquiera los 900.000 pavos son lo más relevante, porque el alcance y la gravedad del caso son mucho mayores: cientos de millones de euros de los presupuestos andaluces repartidos sin control jurídico, administrativo ni político. Y nadie ha visto nada.
Descontrol total. Da igual que sea cocaína o piruletas, el escándalo es fundirse a discreción el dinero público durante una década sin que salte ni una alarma. Esto es lo alarmante. Esto es lo que la Junta no ha conseguido explicar a estas alturas más allá de reiterar su condena y su rechazo. Que vale, pero es insuficiente.
PUBLICADO EN DIARIO SUR
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