EL DÍA EN QUE LA POLICÍA DE FRAGA DISPARÓ CONTRA UNA ASAMBLEA. EDUARDO MURIEL

LA POLICÍA DE FRAGA

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Andoni Txasko, entonces un veinteañero que trabajaba de mecánico ajustador, recuerda los hechos como si hubieran ocurrido ayer. Era marzo de 1976 y Vitoria llevaba dos meses de huelgas. La patronal había prohibido que se siguieran celebrando asambleas en los centros de trabajo y entonces los obreros llamaron a la puerta de las iglesias. Los curas de barrio les recibieron con los brazos abiertos. Entre misa y misa, los bancos de las iglesias se echaban a un lado para que los trabajadores pudieran celebrar sus reuniones.

El 3 de marzo paró un gran número de empresas. Los agricultores, que habían estado apoyando con productos del campo a los huelguistas, se unieron a la movilización, junto a los estudiantes y algunos comerciantes. Aquella mañana, en la que se produjeron los primeros heridos de bala, fue premonitoria. Algunas iglesias fueron asaltadas por la policía, con armamento, violando el concordato que sólo permitía irrumpir en ellas en casos de extrema necesidad. Andoni tuvo que refugiarse en una de ellas.

A las 17:00 horas comenzó una asamblea general en la iglesia de San Francisca, en la que los huelguistas se disponían a hacer una valoración de la jornada. La policía permitió que el lugar se llenase de trabajadores, quienes rebosaron el edificio, lo que obligó a muchos a quedarse fuera.

Una vez llena la iglesia, la policía formó un cordón alrededor, y un cura se acercó con ánimo de parlamentar. "Aquí no está sucediendo nada excepcional, la gente está reunida tranquilamente", dijo el sacerdote a los agentes. "No van a salir", añadió.

Entonces, la policía rompió las ventanas de la iglesia y comenzó a lanzar al interior varios botes de humo, lo que obligó a los congregados a salir, presas del pánico.

En ese momento, la policía abrió fuego contra los manifestantes y dejó un saldo dramático: tres muertos, decenas de heridos de bala, de los cuales dos de ellos acabarían falleciendo a causa de las heridas a lo largo del mes siguiente. Otras 68 personas recibieron heridas de diversa consideración. Andoni Txasko, aquella jornada, tuvo suerte, pero al día siguiente un grupo de agentes le golpeó en la cabeza hasta quitarle parte de la visión en uno de sus ojos.

Fraga, ministro de Gobernación

Andoni Txasko, del mismo modo que el resto de víctimas, trató de conseguir que se juzgaran aquellos hechos, lucha que desembocó en la formación de la ‘Asociación de víctimas y Familiares de víctimas del 3 de marzo', de la que es portavoz. "El gobierno español tenía constancia por parte de la patronal de que aquí se estaba dando una movilización muy fuerte y que, de alguna manera, había que cortar por lo sano", sostiene.

Txasko está convencido que, aunque Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación —equivalente al actual ministro de Interior— en aquellos momentos se encontraba en Alemania, mantuvo una "comunicación constante y directa con el gobierno civil de Álava".

"Esa acción no se le ocurrió al capitán Quintana, que es el que mandaba la tropa, porque aquella encerrona, con disparos reales y provocando una matanza, no pudo ser fruto de un calentón", considera Txasko. "Fue con premeditación total, ahí están las grabaciones", añade. Se refiere a las grabaciones reales de conversaciones entre agentes de la policia recogidas en el documental 'Llach, la revolta permanent', estrenado en 2006 en el Festival de Donosti, y que narra los hechos de aquel día por medio de la figura y las canciones del cantautor catalán Lluis Llach. (Puedes escuchar los audios aquí).

Poco después, Fraga exculparía a la policía y a los mandos. "La responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle, con mensajes de un tipo o de otro, les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria", declaró el entonces ministro de Gobernación.

"A Fraga no hemos conseguido sentarlo en el banquillo de los acusados para que responda por los crímenes y por la colaboración con la dictadura franquista. Sin embargo, hay que tener en cuenta las responsabilidades de todo el gobierno, no sólo la suya. Aunque no hemos sentado a Fraga, no perdemos la esperanza de hacerlo con el resto de responsables. Por lo menos que no pasen a la historia como se está oyendo estos días, que ha sido un adalid de las libertades, cuando precisamente ha sido todo lo contrario, un azote para los derechos humanos", concluye Txasko.

La larga travesía en busca de justicia

Tras aquellos hechos, el camino para conseguir que se juzgasen los crímenes policiales comenzó con unas diligencias que, obligatoriamente, se abrieron a raíz de los informes médicos de los hospitales.

El juzgado abrió unas diligencias previas que fueron pasando de tribunal en tribunal. Desde Burgos al Tribunal de Orden Público (TOP), y desde allí otra vez de vuelta para, finalmente, según dictaminó el Tribunal Supremo, pasar a jurisdicción militar.

Txasko explica que, con los sumarios ya abiertos, "no se hace ningún tipo de investigación, no se recogen testimonios. Los únicos que figuran son las declaraciones y los informes policiales y al, cabo de un año, estos sumarios son sobreseidos".

Aunque reconocen la comisión de delitos por homicidio y por lesiones, se concluye que no hay indicios de delito suficientes para acusar a personas determinadas. La causa de los sumarios, además, es por terrorismo. "Se supone que los terroristas éramos trabajadores, eso y el sobreseimiento son la primera burla de la justicia", lamenta Txasko (consulta aquí el sumario y aquí el sobreseimiento de los mismos).

Los siguientes intentos de obtener justicia no dieron frutos, hasta que en 1999 decidieron formar la ‘Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo', desde la que comenzaron a luchar de forma colectiva.

Tras el intento fallido de acogerse a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, ya que "se dio credibilidad a laversión policial de aquel entonces", abrieron una querella criminal que nuevamente fue deshechada. "Nos estaban derivando en 2004 otra vez a la jurisdicción militar", lamenta Txasko.

La Ley de Memoria Histórica trajo una reparación parcial, ya que han "conseguido ir cambiando poco a poco el relato de los hechos y acabar con esa versión policial de que éramos nosotros los agresores". "A los familiares de los obreros asesinados, o a mí, que tengo una gran incapacidad, se nos considera producto de la lucha por las libertades y la democracia", apunta. De todos modos, son críticos con esta ley.

"Es una ley muy discriminatoria, ya que sólo abarca el tema de indemnizaciones, y a unas cantidades mucho menores que la que recoge la Ley de Solidaridad de Víctimas contra el Terrorismo".

Hoy en día siguen esperando una resolución tras acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU. "No sabemos en qué situación está, entendemos que habrá muchas presiones del Estado español, porque de momento no hay ningún tipo de respuesta", explica.