ATADO Y BIEN ATADO
Cuando todos estos años se nos ha intentado convencer de que el modelo de la Transición política español fue ejemplar, en realidad, como dijo el dictador, todo quedó a su muerte «atado y bien atado». Veamos.
Para empezar, la actual Ley de Partidos consolidó un bipartidismo que trató de alejar del Parlamento a los grupos más críticos y activos de la izquierda, aquéllos que cuestionaron los ´cimientos´ de la Transición política. Por lo demás, las mínimas concesiones a otras formaciones políticas de la izquierda sólo fueron una fachada tras la que se escondía la posición refractaria de la derecha clásica hacia el protagonismo político de quienes habían protagonizado la defensa de la II República en la reciente Guerra Civil (PCE).
Por ello, lejos de ser una etapa modélica, como dije arriba, en realidad los aparatos del régimen franquista salieron más o menos indemnes de dicho proceso, perviviendo estructuras judiciales ´recicladas´ tales como la Audiencia Nacional; un Ejército reacio a la democracia burguesa y opuesto a la legalización y protagonismo político del PCE; la Iglesia, como enorme grupo de presión —que, en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, mantuvo sus privilegios de siempre—, y una oligarquía económica que, en todo momento, se mostró dispuesta a vigilar de cerca el proceso. Recordemos, además, que la corrupción política y económica, tan de plena actualidad en estos momentos, hunde sus raíces en la etapa franquista, en la que se tejieron no pocos de los lazos que unían los intereses de la oligarquía financiera, la burguesía industrial y la aristocracia terrateniente, esto es, lo que el historiador Tuñón de Lara denominó el bloque de poder que se consolidó en la etapa de la Restauración borbónica a partir de 1875. Con estos precedentes, la democracia en nuestro país nacía lastrada. Y de aquellos polvos nacieron estos lodos.
Creo que la actual debilidad de la democracia en nuestro país hunde sus raíces en las citadas carencias de aquella Transición, maniatada por un franquismo latente que nunca desapareció de la escena política. Para empezar, es preocupante la tibieza con que la Comisión parlamentaria creada ad hoc por el último Gobierno del PSOE encaró la situación del Valle de los Caídos, obra fruto de la megalomanía de un dictador y que constituye un culto perpetuo a la ignominia.
Como resulta algo más que chocante que, cuando tanto énfasis se pone en criminalizar a la izquierda abertzale, no se tenga ningún reparo en mantener en la legalidad a formaciones políticas radicales, de corte fascista, como Falange Española. Algo que sería impensable en Alemania e Italia se ve aquí con naturalidad. Igual consideración hay que hacer con respecto al ´entierro´ de la memoria histórica. Situación particularmente grave en la medida en que la Ley de Amnistía no tiene por qué suponer el olvido de la represión franquista, que se concretó, recordemos, en el exilio forzado de casi medio millón de personas, el fusilamiento de al menos 50.000, sobre todo entre 1939 y 1945 —coincidente con el alineamiento de Franco con las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial—, y en la existencia de 130.000 personas en fosas comunes y en las cunetas de las carreteras, al decir de las asociaciones memorialistas.
Por lo demás, la peligrosa deriva antidemocrática de nuestro país se ha manifestado en estos últimos días en hechos más recientes: las reiteradas loas a Fraga, el proceso a Garzón y las amenazas de Cristóbal Montoro.
Es curioso constatar la machacona insistencia en calificar a Fraga de ´hombre de Estado´. ¿Cabe atribuir ese calificativo a alguien que está detrás de hechos claramente delictivos como los sucesos de Montejurra, los de Vitoria y la ejecución del dirigente del PCE Julián Grimau? Nadie, sin embargo, osa calificar de hombre de Estado al juez Baltasar Garzón, cuyo delito ha consistido en atreverse a cerrar en parte la Transición democrática hurgando en la podredumbre de la represión franquista.
¿Y qué decir de las amenazas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro? Amén de deslizarse por una senda evidentemente autoritaria, la práctica tradicional de la derecha más conservadora de este país, habrá que preguntarse si ello no supone una intromisión en la labor de la judicatura. Coincido con la apreciación del lehendakari Patxi López, que se pregunta si con ello Montoro quiere llevar a medio PP a la cárcel.
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