REFORMA FINANCIERA DEL PP. JUAN TORERS LÓPEZ Y ALBERTO GARZÓN

UN TRAJE A MEDIDA DE LOS BANQUEROS QUE NO RESEULVE LOS PROBELMAS

El gobierno acaba de aprobar una nueva reforma del sector financiero (Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero) y una vez más se le dice a los ciudadanos que se hace para salir de la crisis, para favorecer la creación de empleo y para que baje el precio de la vivienda cuando, en realidad, se buscan otros objetivos y no van a ser esos los resultados que va a producir.

Según la nota informativa del Ministerio de Economía y la referencia oficial del Consejo de Ministros con la nueva reforma se persigue “mejorar la confianza y la credibilidad del conjunto del sector” disipando “las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances”. Según el gobierno, de esa manera se “incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles” y también que el sector financiero “recupere su función principal, que es proporcionar a empresas y familias el crédito necesario para volver al crecimiento económico y la creación de empleo”.

En nuestra opinión, sin embargo, con esta nueva reforma no se van a conseguir esos objetivos. Por el contrario, creemos que (aunque tenga algún elemento positivo) se trata más bien de un nuevo paso encaminado a poner el mercado bancario español a más libre disposición de los grandes bancos. Con ella se da un paso más para que los bancos salgan de la deteriorada situación en la que se encuentran, por culpa de su irresponsable comportamiento en años anteriores, sin que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido.

Para entender lo que está sucediendo y el efecto previsible de estas nuevas medidas hay que saber antes lo que en realidad le ocurre a la banca española.

La situación patrimonial de los bancos españoles

Los bancos, como todas las empresas, tienen en su balance activos y pasivos. Los activos incluyen los bienes (edificios, equipos, etc.) y los derechos (sobre todo, los créditos y préstamos que conceden a sus clientes). Los pasivos son las deudas que tienen, bien con sus propietarios (capital) o con terceros (los depósitos que reciben de sus clientes y los préstamos que reciben de otros bancos o del banco central). Y también, como en toda empresa, en su balance debe haber un equilibro adecuado entre los distintos tipos de activos y pasivos y entre el activo total y el pasivo total. Si los pasivos de un banco son mucho mayores que los activos (si debe mucho más de lo que tiene), no tendría bienes y derechos suficientes para hacerles frente y quebraría.

También hay que entender que el negocio de la banca consiste en aumentar lo más posible los créditos y préstamos que concede porque cada vez que los concede crea dinero y así obtiene beneficio y poder.

Pero para tener más activos (para poder dar más préstamos) debe disponer de los pasivos correspondientes (o más capital o más depósitos o más préstamos recibidos de terceros). Y lo que le ha pasado a la banca internacional y a la española en particular en los últimos años es que los depósitos que recibía y el capital disponible eran insuficientes para aumentar cada vez más su negocio concediendo más préstamos y créditos. Entonces, en lugar de aumentar su capital, recurrió a dos vías de obtención de más liquidez: aumentó su propio endeudamiento y las operaciones llamadas de “titulización” (La titulización consiste en vender en el mercado financiero los contratos bajo otro nombre a los inversores especulativos que los compran para volver a venderlos y así sucesivamente. Gracias a ella, los bancos cambiaban “papel”, los contratos de préstamos ya concedidos, por dinero y podían seguir dando créditos a sus clientes). Dos vías que han terminado siendo letales.

El incremento del endeudamiento (en el caso español principalmente con los bancos europeos) ha llevado a una situación límite cuando la crisis ha hecho su aparición. Y la titulización ha provocado un caos general cuando los contratos de préstamo iniciales (muchos de los cuales ya eran de por sí de muy baja calidad, como las hipotecas basura) comenzaron a perder valor porque aumentaba la morosidad y los impagos.
Cuando esto sucedió, los bancos quedaron descapitalizados: sus activos valían mucho menos (algunos incluso nada porque no se iban a cobrar nunca) y tenían un altísimo nivel de deuda. Los gobiernos y los bancos centrales les inyectaron billones de euros y dólares de liquidez pero sus agujeros eran tan grandes que incluso esos recursos multimillonarios fueron insuficientes. La consecuencia fue que cerraron el crédito, lo cual hundió a la economía real, a las empresas y al empleo.

Cuando los bancos acreedores veían que se ponía difícil cobrar esas deuda fue cuando impulsaron el “rescate” de los países, aunque en realidad era el rescate de sus bancos: el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales les daban préstamos que iban directamente a los bancos para que se recapitalizaran y pagaran sus deudas pero que pagaba la sociedad en su conjunto.

Los siguientes datos muestran la magnitud de estos procesos en España:

- El crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Un 70% de ese incremento fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes. Lógicamente, cuando la construcción se vino abajo, los bancos “se comieron” una gran parte de se crédito y su activo, por tanto, perdió valor real.

- En 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo recibía 0,76 euros. Eso significaba que el incremento anterior de la deuda concedida solo pudo venir del endeudamiento de los bancos españoles con otros extranjeros.

- Así fue que la financiación interbancaria internacional y especialmente europea recibida por la banca española pasara pasado de 78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja y al inicio de la crisis, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Y también ha sido millonario su endeudamiento con el Banco Central Europeo (118.861 millones de euros solo en diciembre de 2012, la tercera parte del total solicitado por las entidades del eurosistema ese mes).

Las causas de la descapitalización de la banca española y su situación actual

A la hora de valorar la utilidad de las medidas de reforma financiera que se viene tomando es importante no olvidar que las causas de la deteriorada situación de la banca española son muy claras aunque las autoridades y los propios banqueros no quieren hablar mucho de ello:

a) El incremento de la deuda que es consecuencia de tres factores. El primero, el gran poder de la banca que ha logrado que se consoliden las condiciones económicas, legales, políticas, culturales e incluso antropológicas que favorecen la sumisión al régimen de endeudamiento creciente en que se basa su negocio. El segundo, que nadie le ha parado los pies a los bancos y estos no han perdido la oportunidad de hacer crecer su negocio incluso de forma irresponsable: dar préstamos. Eso llevó a conceder préstamos y créditos sin tener en cuenta la solvencia de los clientes, a conceder hipotecas por más del 100% del precio de la vivienda hipotecada o al 100% de las operaciones cuando se trataba de empresas, todo lo cual acumuló un riesgo desorbitado en el sistema. El tercero, las políticas que han incrementado la desigualdad y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares que así han tenido que endeudarse cada vez más como consecuencia de la moderación salarial y de la subida del precio de la vivienda por la burbuja especulativa, en gran medida alentada o consentida por los gobiernos del PP y del PSOE.

b) La infravaloración del riesgo que suponía poner la inmensa mayoría de los recursos en una misma cesta: la construcción. Con tal de ganar dinero, los bancos multiplicaron como hemos visto el crédito promotor muy por encima de lo que era sensato y sostenible.

c) Para tratar de ganar depósitos que financiaran esa manera compulsiva de ganar dinero, los bancos exageraron su política comercial, abriendo oficinas en cualquier esquina y sobredimensionando el negocio.

d) La pasividad cómplice de las autoridades y particularmente del Banco de España. Sus propios inspectores denunciaron ante el gobernador nombrado por el PP y ante el ministro Solbes su “pasividad” ante el riesgo sistémico que todo lo anterior estaba provocando pero ni ellos ni nadie de los que denunciaban este peligro fue escuchado.

e) La flexibilidad que se ha dado a las normas contables para que los bancos hayan podido disimular durante todos estos años el riesgo que acumulaban. Y particularmente que la patronal bancaria europea consiguiera, cuando estalló la crisis, que se permitiera que los bancos valoren sus activos deteriorados a precios de adquisición y no de mercado. Es decir, que disimulasen completamente sus cuentas ante su clientela y la sociedad. Eso les permitía seguir repartiendo jugosos beneficios a pesar de que estaban completamente descapitalizados e incluso quebrados, lo que ha ido retrasando la solución al problema.

Todo ello es lo que ha llevado a la situación actual de la banca española: tuvo unos años de solidez y beneficios extraordinarios pero ahora se encuentra con que una buena parte de sus activos no valen lo que en realidad dicen sus balances porque se trata de activos relativos a la actividad inmobiliaria que se ha venido completamente abajo. En consecuencia, necesita gran cantidad de liquidez y capital para tapar ese agujero que no le resulta fácil encontrar y por eso dedica sus recursos a los destinos más rentables y seguros (como compra de la deuda soberana con el dinero del Banco Central Europeo) en lugar de dedicarlos a financiar a las empresas que crean empleo, provocando así que la economía se siga deteriorando continuamente. Y, como consecuencia de todo ello, los bancos extranjeros acreedores y sus gobiernos presionan al gobierno español para que tome medidas que garanticen el saneamiento de sus balances y el pago de la deuda.

¿Qué solución tenía el problema de la banca española?

La situación de descapitalización en la que se encuentra la banca española, y que gracias a su enorme poder político y mediático se ha ido disimulando durante estos años atrás haciendo creer a la población que solo era grave en el caso de las cajas de ahorros, hubiera tenido soluciones bastante claras:

- En primer lugar imponer un régimen de completa transparencia contable para detectar sin los engaños actuales su situación patrimonial.

- Dejar caer a los bancos que hubieran quebrado como consecuencia de su irresponsable o mala gestión en los años anteriores a la crisis y obligar a que sus responsables hicieran frente a sus responsabilidades económicas y legales.

- Nacionalizar el sector bancario deteriorado e imponer una lógica de servicio publico al conjunto de la actividad bancaria para garantizar el flujo de crédito a la actividad productiva en la línea y condiciones que, junto a Vicenç Navarro hemos desarrollado en los capítulos VII y X de nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España.

En lugar de ello, el anterior gobierno y el actual han cedido al interés de los banqueros, han dado a la banca todo tipo de ayudas, han entrado a saco contra las cajas de ahorros para desalojarlas del mercado y para ceder su cuota de mercado a la banca privada y han permitiendo que ésta sigan disimulando mediante artimañas contables su verdadera situación patrimonial.

La realidad muestra que, en contra de lo que se ha dicho cada vez que se tomaba una medida de apoyo a la banca, no se ha mejorado lo que se tiene que mejorar: su situación patrimonial y la financiación de la economía.

¿Qué pretende ahora el gobierno?

La nueva reforma el gobierno parte de plantear la situación en la que se encuentra la banca española.

Según el Ministerio de Economía, con datos del Banco de España, el sector financiero acumulaba en junio de 2011 323.000 millones de euros en activos inmobiliarios ligados al crédito promotor. De ellos, 175.000 millones entrarían en la categoría de problemáticos (88.000 millones en suelo y promoción en curso y 87.000 millones en promoción terminada y viviendas adjudicadas).

Los niveles de cobertura de esos activos problemáticos, es decir, las provisiones que las entidades han ido haciendo por si esos activos “fallaban” o perdían valor, es muy baja: 31% para los vinculados al suelo, 27% para los e promoción en curso y 25% para los de promoción terminada y viviendas.

El Ministerio de Economía afirma que esa baja provisión y el valor no realista que se le asigna en balance “dificultan a las entidades acudir a los mercados de financiación mayorista” y que eso “impide financiar adecuadamente al sector privado de la economía”.

Por esa razón, dice el Ministerio que “es imprescindible clarificar el panorama y situar la valoración de activos en una posición más acorde con la del mercado”.

Para evitar ese problema, la reforma se encamina a “sanear” activos problemáticos por valor de 50.000 millones de euros. Y para sanearlos se impone lo siguiente a las entidades financieras:

- Crear una dotación específica para aumentar las provisiones de esos activos problemáticos mediante una aportación extraordinaria que realizarán con cargo a sus resultados por un valor de 25.000 millones de euros.

- Crear un “colchón de capital” adicional, es decir, fortalecer su cuenta de capital mediante procedimientos diversos (ampliación de capital o modificando sus componentes a través de bonos convertibles, deuda subordinada, etc.). Ese colchón será del 20% sobre activos relativos a suelo y del 15% para los de promoción en curso y se dotará con cargo a beneficios no distribuidos por un importe de 15.000 millones de euros.

- Crear una provisión para hacer frente a un posible deterioro futuro de los activos no problemáticos. Esta será solo del 7% y por un valor aproximado de 10.000 millones. La fecha tope para realizar estas provisiones será el 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, la reforma va más lejos porque al mismo tiempo que lo anterior se establecen condiciones para las fusiones entre entidades y se establecen los requisitos para que se lleven a cabo y puedan ser aprobadas.

Además, el decreto-ley de reforma aborda otras dos cuestiones: la modificación del régimen jurídico de las cajas de ahorro y el establecimiento de límites en las retribuciones de consejeros (50.000 euros si son participadas mayoritariamente por el FROB y 100.000 si solo son financiadas) y directivos (300.000 y 600.000 respectivamente) de las entidades de crédito que han recibido apoyos públicos.

Con esas medidas, el gobierno afirma, como señalamos al principio, que “se conseguirá un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados de capitales, y una mejora del flujo de crédito a la economía real, con un impacto positivo sobre la producción y el empleo. Además, facilitará la salida al mercado de los activos inmobiliarios en poder de la banca, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda”.

Lo que realmente se puede esperar de la nueva reforma financiera

Si se tienen en cuenta al mismo tiempo los factores que han desencadenado la situación de deterioro patrimonial en que se encuentra nuestro sector financiero y las medidas que ahora toma el gobierno se pueden hacer algunas consideraciones para evaluar y predecir el impacto que puede tener.

1. Es verdad que todo lo que sea cubrir mediante provisiones el daño patrimonial de las entidades financieras es deseable. Pero el problema es que no hay seguridad ninguna de que la evaluación del total de activos problemáticos del sector financiero realizada por el Banco de España y el gobierno sea realista. Por tanto, no se puede saber si realmente se está generando un saneamiento suficiente o si es solo muy limitado. De hecho, en el informe de 2011 del Banco de España donde se presenta el valor de 175.000 millones en activos tóxicos que el gobierno toma como punto de partida, sospechosamente no se desglosa esa cantidad, como se hacía el años anterior.

Sin establecer antes que nada normas claras y taxativas que permitan reflejar con total transparencia la realidad del sector, no se puede afirmar que la cantidad de 50.000 millones de euros en provisiones vaya a ser suficiente mejorar el acceso de la banca española a los mercados financieros. Sobre todo, cuando los mercados financieros ya han manifestado que el montante de esos activos problemáticos puede ser mucho mayor. Concretamente, Standard & Poors ha estimado que su valor se sitúa entre 296.000 y 313.000 millones de euros.

Si esta agencia y las demás, y en general los financieros que las utilizan, hacen esta estimación ¿se sentirán satisfechos con un saneamiento que no alcanza sino a menos de su sexta parte?

En nuestra opinión, la operación de saneamiento que se propone esta reforma es en realidad un superficial lavado de cara porque el aumento de las provisiones previsto es casi con toda seguridad insuficiente y, por tanto, no resuelve el auténtico agujero que tiene el conjunto de las entidades financieras españolas.

2. La naturaleza de las medidas que se proponen muestran el sinsentido con el que actualmente viene operando la banca. Por un lado se parte de reconocer que hay que sanear a las entidades y que no pueden financiar a la economía porque no lo están. Pero se recurre como fórmula de saneamiento a que ellas mismas dispongan de los recursos necesarios para hacer las provisiones. Cabría preguntarse, entonces, si disponen de esos recursos o no. Si los tienen, el problema radica en por qué no los dedican a financiar la economía, que es lo que con extraordinaria urgencia conviene resolver. Y si no los tienen parece que no tiene sentido pedirles que se saneen poniendo ellas mismas los recursos que se precisan para ello.

3. En principio, si las entidades se limitan a hacer esas provisiones, el saneamiento no costaría nada al erario público, como ha dicho el gobierno. Pero lo que sucede es que, como acabamos de señalar, eso será casi imposible que ocurra si es que las entidades se encuentran efectivamente en necesidad de ser saneadas. De hecho, lo que en realidad contempla la reforma son los incentivos y condiciones que hagan inevitable la fusión de entidades y es en estos casos cuando el gobierno sí pondrá dinero. Lo pondrá, es cierto, en forma de créditos pero sin que nada asegure que no terminen siendo a fondo perdido como en tantas otras ocasiones.

Además, por un lado se amplia el plazo para llevar a cabo las provisiones a dos años para las entidades fusionadas. Y por otro se establece que para disfrutar de las ventajas concedidas a quienes se fusionen será necesario, además de otros requisitos, que la integración eleve el balance de la entidad que compra en un 20% o en un 10% en casos excepcionales. Lo que claramente está pensado para que, cuando se obliga a hacer provisiones que las entidades no pueden asumir, las entidades grandes absorban a las más pequeñas y sigan acaparando el mercado, que es en realidad lo que se va buscando. Y, finalmente, se permite que cuando se hagan fusiones las provisiones se hagan a cuanta de capital y no de resultados, lo que permitirá registrar beneficios y no entrar en pérdidas.

4. El gobierno dice que con esta reforma será posible que el crédito vuelva a fluir a la economía pero lo cierto es que, aunque las provisiones sean necesarias, representan cantidades inmovilizadas. Por tanto, 50.000 millones más de provisiones significan una idéntica cantidad de menos en recursos para conceder financiación. Por tanto, no hay garantía ninguna de que se vaya a cumplir la previsión tan optimista que hace el gobierno.
 La duda en este sentido también proviene de saber que la falta de crédito no deriva solo de que la banca tenga dificultades para acceder a los mercados mayoristas, como dice el gobierno. De hecho, tiene barra libre en el Banco Central Europeo, de donde ha recibido cientos de miles de millones de euros que, sin embargo, no ha dedicado a financiar a la economía.

Sencillamente, porque tiene otros intereses, cubrir lo más posible su descuadre patrimonial y colocarla la liquidez disponible en destinos más rentables (deuda soberana o inversiones en los mercados en donde se están produciendo burbujas especulativas de momento muy rentables).

5. Para colmo, y en contra de lo que circuló en las primeras versiones del texto de la reforma, el gobierno ha renunciado a obligar a que las entidades fusionadas y que van a gozar de ayuda pública estén obligadas a conceder más crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los hogares. El decreto tan solo obliga a fijar un “objetivo cuantificado” pero es evidente que esto no tiene por qué significar que vaya a aumentarse.

6. El gobierno también afirma que gracias a este saneamiento podrán bajar los precios de la vivienda.

En principio, cabría pensar que eso sí se podría conseguir en alguna medida. Si la provisión que tienen que hacer las entidades es mayor, estarían más interesadas en vender los pisos de los que disponen a precio más bajo, para evitar tener el dinero de las provisiones inmovilizado. También podría ayudar a eso que el Decreto de reforma obligue a las entidades fusionadas a llevar a cabo un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios durante los tres ejercicios siguientes a la integración.

Pero posiblemente eso es solo la teoría. Lo más realista es esperar que salgan al mercado las viviendas de entidades en situaciones muy delicadas pero no la de los grandes bancos que son, en realidad, los que disponen de un mayor número de ellas y, por tanto, de capacidad efectiva para producir variaciones en el precio de mercado.

Además, aunque baje el precio de la vivienda, los problemas seguirían subsistiendo porque el altísimo nivel de paro, la caída en los ingresos y la falta de crédito hipotecario no permitirían que aumentara la demanda de viviendas aunque bajase su precio, que es lo que realmente ha venido sucediendo desde que estalló la crisis hasta ahora.

Y, finalmente, incluso cabría plantear, en contra de esta otra visión optimista del gobierno, que si las entidades con activos inmobiliarios no los pusieron a la venta cuando no estaban provisionados, lo que afectaba negativamente a su solvencia y presencia en el mercado, como dice el Ministerio, quizá ahora que ya están provisionados tuvieran menor interés aún y les convenga esperar a que lleguen tiempos mejores en el sector. O que se limitaran a crear empresas inmobiliarias para sortear el requisito de la desinversión sin poner los activos a la venta de forma efectiva.

Conclusiones

A la vista de lo todo lo anterior creemos que se pueden establecer las siguientes conclusiones sobre la reforma del sistema financiero que quiere llevar a cabo el gobierno.

1. No es verdad que la reforma vaya a producir un auténtico saneamiento de las entidades financieras. Ni moviliza recursos suficientes ni afronta las verdaderas causas de su insolvencia.

2. No hay argumentos de peso que permitan afirmar, como hace el gobierno, que esta reforma va a permitir que vuelva el crédito a la economía española. Por el contrario, puede decirse que, en la medida en que inmoviliza recursos, va a contraerlo aún más a corto plazo. Que vuelva a medio y largo plazo no depende de que las entidades financieras estén mejor consideradas en los mercados gracias a las medidas que lleva consigo esta reforma. De hecho, los bancos españoles disponen de recursos ilimitados en el Banco Central Europeo y no los utilizan para ello.

3. No es seguro tampoco que esta reforma vaya a garantizar que baje el precio de la vivienda en España. Y si bajara en alguna medida, quedaría por resolver la disponibilidad de los ingresos o del crédito necesario para adquirirlas.

4. El propósito real de la reforma es otro. Se trata de acelerar el proceso de fusiones de entidades porque es de esa forma como se quiere “salvar” al sistema financiero español: concentrándolo en dos o tres grandes entidades privadas que al disponer ahora de todo el mercado podrían disponer ya del capital que han ido perdiendo en los últimos años por su política irresponsable y obtener así beneficios y privilegios extraordinarios.

5. El mapa de entidades financieras al que se pretende llegar con esta nueva reforma tiene muchos inconvenientes y producirá efectos muy negativos sobre nuestras economía:

- disminuirá el empleo en el sector.

- alejará las fuentes de financiación de la actividad económica a la que se supone que sirve, lo que dificultará su apego al terreno y perjudicará al servicio que debe prestar.

- al crearse entidades mucho más grandes, dedicarán su actividad preferente a los grandes mercados y negocios bancarios, deprendiéndose o prestando menos atención a la demanda minorista que es la que realizan las empresas que crean empleo y los hogares que más necesidades tienen de crédito. Es previsible, por tanto, que aumente el racionamiento del crédito y la exclusión financiera de partes cada vez más grandes del empresariado y de la población en general.

- Al obligar a las cajas de ahorros que aún quedan a ir fusionándose con bancos cada vez más grandes será muy difícil o imposible que superen una participación mayor al 25% de estos últimos y entonces, según establece el decreto de reforma, tendrán forzosamente que constituirse en fundaciones de régimen especial. De esa forma la reforma culminará con el expolio vergonzoso llevado a cabo por este gobierno y el anterior para salvar a los banqueros que han provocado la crisis a costa del ahorro, de los ingresos y del sufrimiento del resto de la sociedad.

En resumidas cuentas, la reforma no ataja los problemas de fondo que han dejado sin financiación a las empresas que crean empleo y a las familias, no proporciona remedios que garanticen que el crédito quede asegurado y se limita a favorecer descaradamente los intereses de los grandes bancos españoles.

Esta reforma es un capítulo más, por lo tanto, de la historia de mentiras y fraudes con que se viene desarrollando la crisis de la mano de los poderes más infames del planeta que han conseguido doblegar la voluntad de la mayoría de los gobiernos, como está ocurriendo en España.