El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de
que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que
seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía
pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a
gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo
que se propone hacer el Gobierno.
De momento solo conocemos las grandes
líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para
llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones
fundamentales.
Ingresos
A
pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el
Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este
aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener
mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan
subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los
impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo
hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la
gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas
de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.
Los
Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de
Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos
fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de
este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el
ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las
pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras
las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.
Según los técnicos del Ministerio de
Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes
empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que
pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la
mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.
Con los cambios en este impuesto que se
han aprobado, el ejecutivo pretende incrementar la recaudación en 5.350
millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada
porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy
sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo,
después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se
hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio
(un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros
de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más,
solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende
recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de
euros).
Otra de las medidas aprobadas para
aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas
judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos
no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de
copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas
más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto
adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que
presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para
garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.
Finalmente, en el capítulo de ingresos
el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía
fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que
Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en
su día.
Lo que se persigue con esta amnistía,
según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no
declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a
las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor
dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida
tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí
dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se
repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.
La otra vía ofrece a las personas
físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no
declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no
residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con
confidencialidad y discreción.
Por mucho que estas amnistías puedan
traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo
suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude)
representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos
ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y
financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la
sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla
porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como
principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros
no.
Gastos
En el capítulo de gastos es donde se
contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los
calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la
magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su
cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener
sobre la economía.
Solo en los presupuestos de los
ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que
significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la
cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche
eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural
(disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas
como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen
por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de
inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña
en relación con el conjunto del Presupuesto.
Y a eso hay que añadir el recorte del
36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar
con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder
evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída
inmediata del PIB y de la creación de empleo.
Conclusiones
En mi opinión, y solo a tener de los
datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis
diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se
harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a
cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y
una renuncia a abordar los problemas de
fondo que ocasionan el déficit público.
Además de las valoraciones que he
avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos
primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes
a) Suponen unos recortes de gasto
excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a
las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la
actividad económica.
b) Precisamente por esto último, van a
provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de
empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la
economía española.
c) Ni siquiera van a poder reducir el
déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las
previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en
algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena
dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran
dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de
gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los
verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me
referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y
que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca
europea por encima de todo.
d) Estos Presupuestos responden al
empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del
PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit
público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la
banca.
El error consiste en tratar de salir de
la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que
echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las
espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para
que la paguen de sus bolsillos.
Pero eso, además de radicalmente
injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la
banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y
como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones
que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados
financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van
a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que
hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar
de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que
estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona
euro.
Los Presupuestos del PP hundirán a la
economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus
problemas auténticos.
Spain. Los 100 días:
ResponderEliminarCuando los números cantan, sobran las palabras. El coste de los bienes y servicios básicos ha subido durante los 100 primeros días de Rajoy un 1387% más que en los 100 últimos días de Zapatero. Así:
· El transporte ha subido durante los 100 primeros días de Rajoy un 1120% más que en los 100 últimos días de Zapatero.
· Las facturas de la basura, el alcantarillado y otros servicios públicos han subido durante los 100 primeros días de Rajoy un 264% más que en los 100 últimos días de Zapatero.
· Los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido durante los 100 primeros días de Rajoy un 41% más que en los 100 últimos días de Zapatero.
· El alquiler de la vivienda ha subido durante los 100 primeros días de Rajoy un 16% más que en los 100 últimos días de Zapatero.
· Y el único éxito que le quedaba a Rajoy, la factura de la electricidad, ha sido efímero. Transcurridos sus 100 primeros días ha procedido ha subirla escandalosamente.
Asimismo, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Galiza ha disminuído en los 100 primeros días de Rajoy un 281% más que en los últimos 100 días de Zapatero.
Y no es que con Zapatero estuviéramos mejor, es que con Rajoy estamos peor. ¡Y lo que nos espera!.
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