SÍ, UNA BANCA PÚBLICA.

RECLAMAMOS OTRO MODELO

Desde el Grupo de Trabajo de Economía de Sol hemos intentado recoger las demandas sociales y, a lo largo de estos meses, elaboramos primero una serie de propuestas que considerabamos esenciales para la solución inmediata de la situación en que nos encontramos.

Estas propuestas consensuadas, que hemos denominado “abiertas” porque esperamos y deseamos que se debatan y modifiquen todo lo que las asambleas decidan, son un primer paso, pero queremos ir más allá.

Tras analizar con mayor profundidad la realidad, y ayudados por las aportaciones de las asambleas de barrios y pueblos y de los expertos y expertas con que hemos contado en los distintos debates que hemos propiciado, estamos ampliando y profundizando los análisis, alguno de los cuales aquí os traemos.

El actual sistema ha demostrado no ser capaz de solventar los problemas de la humanidad, pese a que el desarrollo de la ciencia y la técnica permitirían a todos un suficiente bienestar.

Sus recurrentes crisis han sido solventadas en otras épocas con devastadoras guerras. En esta crisis, también está el peligro de guerras porque observamos que la extensión y la agudeza de sus contradicciones hacen pensar que ya no tiene margen de salida.

 Así pues, la crisis no es siquiera de un tipo de políticas, sino del sistema y, por lo tanto, debemos pensar en una ruptura radical, es decir, profunda y sustancial.

 Pero esta construcción de un modelo a largo plazo no anula que ofrezcamos también a la población alternativas que mejoren hoy su situación. Las personas que trabajan en  condiciones de precariedad y con sueldos indignos, las desempleadas, las desahuciadas, las que se encuentran en exclusión social, etc. necesitan soluciones inmediatas.

De todo ello venimos a hablaros.

En primer lugar, debemos desmontar el engaño de las políticas de ajuste.

Sí hay algo que ajustar:   los desmanes de quienes han provocado la crisis.

Nadie niega la apabullante justicia de la frase “que la crisis la pague quien la ha creado”. Sin embargo, todas las medidas de nuestro gobierno y de quien en realidad gobierna Europa, y el mundo entero, van en la dirección contraria.

Pero es que, además, el fracaso en los dos años de esas políticas de ajuste demuestra que llevan a los países a la recesión. A los poderosos no les importa. Para justificar sus ataques a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras,  a las conquistas sociales y su rapiña del patrimonio de empresas y servicios públicos, necesitan nuestra resignación, que aceptemos como inevitable la crisis.

Para ello se apoyan en otro gran engaño: La absoluta falsedad de afirmar que lo grave es el endeudamiento público.

La crisis proviene de un elevadísimo endeudamiento privado para atender a sus ambiciones en la burbuja inmobiliaria y financiera. Incluso a día de hoy, en que la crisis ha llevado a atender al salvamento bancario, al incremento en los costes del seguro de desempleo y a las rebajas de recaudación fiscal,; Aún hoy, la deuda pública es sólo un 25% de la deuda privada, y es menor que en la mayoría de los países de nuestro entorno.

Entonces, ¿por qué los ajustes se aplican a la población y al sector público y no a quien la creó y tiene el problema?  Es simplemente una cuestión ideológica,  de clase.

Saben que se producirán los rescates  financieros, pero necesitan tiempo para realizar primero esta brutal amputación al 90% de las personas.

Por ello, y rebelándonos ante la vergonzosa reacción antidemocrática de los poderes en el caso de Grecia, exigimos someter a referéndum vinculante las opciones de un eventual rescate bancario o de cualquier medida o recorte impuesto por organismos (como Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea…) que afecte a la soberanía popular.

Porque otro gran engaño es la idea de que se está rescatando a los países: ¡se está rescatando a los bancos!, que irresponsablemente se repartieron beneficios y concedieron créditos;  primero, para alimentar burbujas, y luego, para conseguir intereses abusivos después de especular junto con las Agencias de calificación para elevarlos.

Por ello: Exigimos una moratoria en el pago de la deuda externa pública del Estado Español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima, se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a quien la asumió como a quien la concedió.

Ahora, casi todos nos hablan de recortar el gasto, nunca de aumentar los ingresos.   Ingresos que ya se habían encargado previamente de reducir, vendiendo empresas públicas y reduciendo impuestos a quienes más tienen. Nos encontramos, pues, ante la misma política de los poderosos de siempre, que odian lo público y defienden lo privado como negocio.

Por eso también demandamos la modificación del sistema fiscal, de modo que se aumenten los impuestos sobre las rentas de capital, se aumenten los tramos y tipos máximos de IRPF y se supriman los mecanismos de evasión de impuestos legales; queremos la supresión de exenciones de grandes empresas, la eliminación de las SICAV, la implantación del impuesto de patrimonio a personas y sociedades patrimoniales  y la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones, con un tramo exento.

 Un sistema fiscal justo reporta ingresos suficientes para evitar el déficit del Estado, desapareciendo la excusa para los recortes sociales y la venta de lo público.

 Pero no contenta con pagar legalmente menos, esa minoría de las grandes empresas y fortunas se dedica sistemáticamente al fraude fiscal que, aproximadamente, supone la pérdida de 80.000 millones de euros al año. En este fraude se incluyen, asimismo, los paraísos fiscales, que nos roban todos los años unos 20.000 millones de euros, según cálculos que pueden ser a la baja, puesto que la opacidad de los paraísos fiscales impide que veamos el alcance de su perjuicio. ¿Por qué no se acaba con eso?   Porque no les interesa a los mismos que vienen a darnos recetas de ajustes.

Exigimos también un Impuesto a las Transacciones Financieras: son cantidades astronómicas de millones, sobre los que actuaría este impuesto, que, al menos, reduciría  la especulación, recaudaría grandes cantidades y daría buena información en la lucha contra los paraísos fiscales.

Los recursos alcanzados a través de la modificación del sistema tributario y la lucha efectiva contra el fraude y los paraísos fiscales posibilitarán la redistribución de la riqueza y el mantenimiento sin recortes de unos servicios sociales de calidad, así como una cobertura al 100% de la población de lo que consideramos servicios esenciales, como el agua, los alimentos, la educación, la sanidad, las pensiones, y otros.

Porque la realidad es que nuestro país dedica a gasto social un porcentaje sobre su Producto Interior Bruto muy inferior a la media de los países de nuestro entorno.

Hay otras dos cuestiones de especial trascendencia en nuestro país y que están relacionadas: el empleo, y el modelo de producción orientado, por el sector inmobiliario y de vivienda.

En relación con el empleo:

Entre nuestras exigencias incluimos la reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población.

Es injustificable que la mitad de la población esté agobiada por jornadas excesivas que no permiten la vida personal, mientras la otra mitad esté agobiada por la falta de trabajo. La única explicación que sirve es la conveniencia de la patronal de disponer de un ejército de reserva que fuerza a la baja los salarios, los derechos y las condiciones de trabajo.

Además, es necesario un cambio del modelo productivo mediante la valorización de actividades que ahora se desprecian por no ser “económicamente rentables”, aunque lo sean social o medioambientalmente. Es el caso de los servicios de asistencia a las familias y a las personas dependientes, el trabajo en conservación del medio ambiente, en educación, en salud, etc.

Con ambas medidas se podría acabar con el paro, que es un despilfarro de capacidad y creatividad.  También se debería incentivar la creación de empleo a través de cooperativas.

Hablamos, además, de empleo de calidad, por el que han venido luchando todas las generaciones anteriores. Por eso exigimos:

- La derogación de la reforma laboral en todos aquellos aspectos que supongan un deterioro de las condiciones de trabajo, eliminando la precariedad en los contratos laborales y las condiciones de trabajo; 

- Una equiparación del salario base a los países europeos; 

- La recuperación de la protección ante el despido y la prohibición de expedientes de regulación en empresas con beneficios. 

- El fortalecimiento de los procesos de negociación colectiva; 

- El respeto a la igualdad de género y a los planes de conciliación;

- La equiparación en los derechos y obligaciones de los trabajadores del régimen general y de autónomos;  

- El reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidados; 

- La integración del balance social y criterios medioambientales en las empresas, etc.

Todo ello en el contexto de la elaboración de un nuevo marco laboral, fruto de un proceso de participación de todas las personas y de un consenso social donde prime la protección de los trabajadores y de la tierra frente a los intereses de las grandes empresas.

Y en relación con la crisis inmobiliaria y la vivienda:

Sufrimos  la avaricia del sector bancario que, apoyado en leyes favorables, ha impuesto un modelo de especulación con el suelo y la vivienda, inflando, incluso ilegalmente, sus precios. Convierten una necesidad esencial en un negocio. Ya no se trata de tener techo como reconoce la Constitución, sino de propiedad. No se trata de rehabilitar el patrimonio público, sino de construir nuevo, aunque sea a costa de destrozar ciudades y costas.   Construir, aunque sobre, y luego tengamos que comérnoslo durante años de crisis como la que tenemos.

Por eso exigimos:

- La creación de un parque de vivienda público en régimen de alquiler a partir del stock de viviendas vacías, que se catalogarán y tasarán mediante un organismo tasador público independiente para su posterior puesta en usos en función de la renta de cada persona.

- La dación en pago para saldar las hipotecas de las familias en situación de precariedad y la paralización inmediata de los desahucios.

- La regulación del precio de la vivienda a través de la imposición de un límite máximo para la concesión de un crédito hipotecario, nunca superando 20 años ni el 60% del valor de tasación.

Y queremos, por último, detenernos en uno de los puntos clave que ha puesto en primer plano la actual crisis: LA BANCA.

En esta crisis, como en otras, quienes la provocaron pretenden salir con un nuevo bocado al patrimonio público. En este caso,  a las Cajas de Ahorros, porque en estos mismos días pueden privatizarse en la impunidad del silencio.

La mala situación de muchas Cajas y su parte de culpa en la crisis es precisamente por abandonar su tradición y entrar en la filosofía neoliberal dominante, para parecerse a los bancos, (incluso en la reciente retribución escandalosa de sus directivos). En lugar de corregir el error, se profundiza en él mediante la privatización.

Con la excusa de la crisis, se está produciendo el mayor expolio de las últimas décadas, porque las Cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español, con el que los banqueros sueñan desde hace muchos años.

La estrategia de privatización es la misma que en la enseñanza y en la sanidad: primero las degradan para conseguir que la población acepte su privatización, engañada en una enorme campaña de manipulación informativa.

Pero las Cajas a lo largo de su historia han tenido muchas menos crisis que los bancos.

Hay muchas Cajas pequeñas que siguen funcionando como tales sin ningún problema de solvencia, apegadas a la realidad social y local, sin la obsesión de crecer.

En el peor momento para vender, el valor de las Cajas es de saldo y, por tanto, privatizarlas es un expolio. Los inversores internacionales pretenden pagar mucho menos de su valor real.

Se ve quién manda sobre estos políticos cobardes: las Cajas necesitaban capital y se malvenden; los bancos necesitan capital y los gobiernos corren desaforados a dárselo.

Por ejemplo, en Caja Madrid, entre diversas ayudas y avales, se han puesto más de 30.000 millones, mientras el capital privado, con poco más de 3.000 millones  se ha quedado con la mitad de la Caja. Un precio un 71% menor que aquél que la propia Bankia consideraba que era su valor. ¡BANKIA DEBERÍA SER YA NUESTRA! Aún estamos a tiempo de parar este atropello.

Lo mismo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y otras. El Banco de España prefiere regalar las Cajas y nuestro dinero puesto en ellas, antes de que sean nacionalizadas.

¿Hay alternativa?

SÍ, UNA BANCA PÚBLICA.     No es ningún tabú.

La banca, por definición, es un negocio insolvente que depende de la confianza, porque presta a largo plazo muchísimo más dinero del que tiene para respaldar sus depósitos.

Sin embargo, los Estados son más fiables que los bancos, entre otras razones porque tienen la soberanía y la capacidad de aumentar sus ingresos.

Además, si la banca es un problema tan grande que no puede dejarse caer, es entonces un negocio cautivo y, considerando que lo más sano de su actividad es un servicio público como guardar y prestar dinero, se cumplen las características para introducirla dentro de los servicios públicos esenciales.

Si damos dinero a los bancos para que lo presten y ellos no lo hacen, sino que tapan sus agujeros con él o se lo reparten sus directivos con impudicia, ¿por qué no se presta directamente desde el sector público y se revitaliza la economía de una vez?

Y si necesitan dinero ¿por qué no ponen a la venta sus pisos a precio de mercado?  Pues porque se apalancan refinanciando a sus propias constructoras y promotoras, impidiendo la bajada de los precios…. ¡Y luego se dice que no hay dinero para las PYMES!

Tendrá que ser el sector público el que impulse la función de dar crédito a la economía productiva. Las Cajas nacionalizadas podrían canalizar los créditos del Instituto de Crédito Oficial, por los que hoy también cobra la banca privada.

Cuanto menos, una banca pública puede ser referente y contrapeso frente al interés privado y especulativo. Y, como miembros de la sociedad, también tenemos el derecho a manejar nuestro dinero en una entidad bajo un control social, democrático y transparente.

 ¿Es posible?  Sí.

 Recordemos que en la década de los 80 había una banca pública (Argentaria) que era perfectamente rentable.  Funciona estupendamente en Dakota del Norte, en Noruega y, ahora, en Islandia.

 Además, con la nacionalización de las Cajas podríamos disponer de un parque de pisos y locales de alquiler que solucionaría en gran parte el problema de la vivienda y PYMES.

 Todo ello exige una gestión pública, pero no con reparto de puestos, sino con una gestión profesionalizada bajo control social y que opere bajo los principios de transparencia y participación democrática.

Como veis,  sí hay otro modelo, a corto y a largo plazo, realista y solvente, que defienden muchos economistas honestos y que los ciudadanos terminaremos por imponer.