Comunicado de las Mesas Ciudadanas de
Convergencia y Acción (Abril 2012)
Los
Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno del Partido
Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos Exteriores como “de
guerra”, aunque se le olvidó señalar que son, efectivamente, de guerra pero
contra las clases trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la
inmensa mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas que
crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la propia economía
española en su conjunto, que una vez más queda sometida a los intereses de los
grandes poderes empresariales y financieros.
Se
trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a financiar el
bienestar social y también los que necesitan las empresas y los trabajadores
para generar actividad económica y empleo, de manera que con toda seguridad van
a llevar a la economía española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida
de cientos de miles de puestos de trabajo.
El
Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se podrá saldar
en mejores condiciones el déficit público y de esa manera recobrar la senda de
crecimiento económico pero lo cierto es que esto último será imposible con los
recortes de gasto que contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea
van a ser insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga
de la deuda.
Los Presupuestos conllevan recortes de
gasto brutales en partidas esenciales no solo para el bienestar sino para que
la economía funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo
que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y políticas, podemos
simplemente señalar que se reducen casi al completo partidas como las de las
políticas activas de empleo, los servicios de dependencia o los planes de
creación de escuelas infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía
y sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la salud, el
apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la violencia de género
sufren recortes de incluso más del 30% en algunos casos, que van a hacer
prácticamente imposible que se puedan mantener los niveles esenciales de
provisión de esos servicios.
El Gobierno ha renunciando de nuevo,
como ya sucedió con el anterior del Partido Socialista, a llevar a cabo una
reforma fiscal que mejor el sistema impositivo en la línea de la equidad y la
eficiencia recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en
relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones de nuestro
entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto a política
impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en diciembre pasado y que
en un 75% recaerá sobre las rentas del trabajo, el Gobierno prácticamente se ha
limitado a realizar algunas modificaciones de segundo orden en el Impuesto de
Sociedades que de ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen
que recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que crean
empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones que les permiten
tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha aprobado una vergonzosa
regularización que es en realidad una amnistía fiscal para los defraudadores
que no solo viola los principios más elementales de la igualdad de trato y de
la justicia sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento
efectivo de la recaudación.
Además, las previsiones del Gobierno
están claramente sobrevaloradas, de modo que se puede afirmar que con toda
seguridad no se van a cumplir las estimaciones de ingresos previstas,
precisamente porque las medidas de recorte del gasto van a producir una caída
del PIB y, por tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la
estimada.
El hecho evidente de que ni siquiera
sean unos Presupuestos que vayan a poder conseguir mejores condiciones para
reducir el déficit, porque a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a
la economía española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que
verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante la gran
patronal y los poderes financieros que simplemente desean disponer de nuevos
negocios privados donde antes había provisión de servicios públicos y, además,
dejar aún más de contribuir a las finanzas públicas.
La prueba evidente de que estos
Presupuestos no responden a un análisis serio de lo que necesita la economía
española sino a la cobarde sumisión del gobierno ante los grandes poderes
económicos es que una semana después de haberlos presentado y de manera
improvisada se anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al
gasto en sanidad y educación.
La promotora Estatal de las Mesas de
Convergencia y Acción denuncia una vez más y ahora con motivo de la
presentación de los Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la
población para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen
llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis sino a
utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses de los grupos
oligárquicos que han adquirido un poder político decisivo y que están
utilizando al Gobierno no solo para aplicar estas medidas de política económica
tan lesivas para la inmensa mayoría de la sociedad sino para acabar lo más
rápidamente posible con los ya de por sí escasos resortes democráticos
existentes para canalizar la protesta y la rebeldía social.
Precisamente por ello llamamos a
rechazar con urgencia estas medidas y concretamente los Presupuestos Generales
del Estado. Reclamamos la voz de todas las personas “de abajo” de nuestra
sociedad para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en los
puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios y en todas las
instituciones en donde puedan oírse para manifestar el rechazo a la injusticia
y la inutilidad que suponen estos Presupuestos. Y también para difundir entre
la ciudadanía las alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a
las grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la
economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la nacionalización de la
banca que garantice la financiación de la actividad empresarial y la creación
de empleo, la actuación del Banco Central Europeo como un auténtico banco
central que nos evite ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en
marcha de programas de estímulo de la actividad económica basados en la
promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la naturaleza, o la
promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas empresariales que
signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo productivo, entre otras.
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