El
Gobierno va a inyectar a Bankia, el exbanco de Rodrigo Rato, la escalofriante
cifra de 33.000 millones de euros. Los “pequeños esfuerzos” que pide
el presidente a los españoles en temas tan sensibles como la educación y la
sanidad (10.000 millones) son pecata minuta para lo que necesita la entidad bancaria
para salvarse de la quema y, con ella, todo el sistema financiero, responsable
último de la crisis económica sin precedentes que vive España.
En estas mismas
páginas, el jefe de Economía de El Correo contestaba a todos los millones de
españoles 2.0 indignados con la operación rescate de Bankia con dinero público.
Decía Juan Rubio en su tribuna semanal La siega:
“Me preguntan por qué hay que destinar recursos públicos a bancos y cajas caídos
en desgracia y por qué, como cualquier otra empresa en ruina, no se cierran y
punto. La razón, sencilla: cuesta más asumir la cartera de clientes de una entidad –el dinero
depositado y el dinero prestado– que ayudarla a salir del atolladero”. Pues ya está, estamos cogidos “por
los collons”, como diría el presidente extremeño, José Antonio Monago.
Pero,
nuevamente (y ya son tantas que asusta), este Gobierno se escabulle, evita dar explicaciones tan
sencillas como las arriba citadas. Los ciudadanos no son estúpidos, señor
Rajoy. Pero el presidente del ni sí, ni no, sino todo lo contrario, prefiere
hacer mutis por el foro. Así es normal que le estallen los conflictos. La huelga general del 29 de marzo se quedará en anécdota con
los paros y manifestaciones que se avecinan en el ámbito educativo. Sin ánimo
de jugar a ser adivinos, el conflicto se veía venir. El peor ministro de
Educación (al tiempo) ha conseguido lo que nunca en democracia: que todos los
sindicatos de todas las etapas educativas se pongan de acuerdo a la hora de convocar un paro el próximo 22 de mayo.
El
apoyo a las medidas de presión se testará mañana mismo. Porque siendo los
recortes en sanidad injustos e inhumanos, la situación se puede enderezar. Hay
más margen de maniobra. Pero en educación, los recortes de hoy tendrán un efecto
no a corto plazo, que también y mucho, sino dentro de décadas.
Las
universidades saben que dentro de unos meses, cuando termine el curso y
empiecen a planificar el siguiente, tendrán que empezar a comunicar a los
profesores asociados, ayudantes, colaboradores… que, por imperativo legal como
diría el flamante vicepresidente andaluz Diego Valderas, deben prescindir de
sus servicios. Sus clases las asumirán los profesores contratados sin un
sexenio de investigación. Estos, como no podrán meterse en el laboratorio,
jamás conseguirán ese sexenio y este país seguirá condenado a estar a la cola
de la I+D+i… Por no hablar del efecto que tendrá el hecho de que las tasas se suban cerca de 600 euros sin que eso venga
acompañado de una política de becas potente.
La
campaña de desprestigio de la educación pública en todas sus etapas ha echado a
andar y no es improvisada. El PP apuesta por una enseñanza en la que
los mejores (que no tienen que ser necesariamente los que tengan notas más
brillantes) reciban todo tipo de atenciones. Todavía recuerdo cómo un
instituto sevillano decidió un año separar a los alumnos de primero del
entonces BUP en función de las notas que traían de EGB. Tortas hubo en el
Claustro de profesores para quedarse con el grupo de los escogidos. Al final
del curso, los mejores se quedaron en resultones y, al año siguiente,
no hubo más disgregación por calificaciones. Esto es real y es el modelo al que
aspira el PP con la reforma que ha planteado.
Y
como siempre que se trata de educación, los populares pierden las formas.
El ministro Wert, lejos de llamar a la calma y de sentarse a explicar con luz y
taquígrafos cuál es la situación y cuáles los peligros, se tira al monte y
arremete contra los que defienden lo contrario a él. Los sindicatos son
unos “mentirosos” y “groseros” que lo único que quieren es desgastar al
Gobierno y hacerle la campaña a la izquierda.
Es
muy difícil de digerir que haya que recortar sí o sí en educación 3.000
millones para que, tal y como salen, entren en las arcas de Bankia infectadas
de activos inmobiliarios tóxicos en los que poco han tenido que ver las miles
de familias que se preguntan ahora si podrán seguir pagándole a sus hijos los
estudios y garantizándoles con ellos un porvenir. ¿Sería mucho pedir que el
Gobierno, por una vez y sin que sirva de precedente, explicara por qué hay que
rescatar a un banco en plena oleada de “pequeños sacrificios?”. Aunque sea por una
cuestión de educación.
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EN RAZÓN DE MÁS
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