Una de cada 10 custodias compartidas se
concede sin que haya acuerdo previo entre los padres, miles de niños y niñas
enviados a la guerra doméstica con el aval de la Justicia. Esos tribunales que
sentencian la vida después de la separación o el divorcio son los mismos:
1.- que no recaban la opinión del
Ministerio Fiscal en un 70% de las ocasiones,
2.- que permiten la «mala praxis» de los
informes psicosociales y
3.- que no escuchan a los menores en el
80% de los casos.
Los que, en resumen, hacen una
fundamentación «misérrima» de las concesiones o denegaciones de las custodias
compartidas.
Las comillas y los datos los sostiene un
informe que el Ministerio de Igualdad ha encargado a la Fundación Themis de
Mujeres Juristas para saber «cuánto y en qué circunstancias los tribunales han
atribuido la guarda y custodia compartida no existiendo acuerdo previo entre
las progenitoras y los progenitores».
Isabel Martínez, número 2 de Igualdad: «El
sistema judicial no está preparado para aplicar bien la modificación de la Ley
del Divorcio que incorpora la custodia compartida. Si no hay acuerdo entre los
padres, esta figura es una batalla cuyas víctimas son los niños».
Para cartografiar el mapa real de esta
medida que algunos grupos defienden con entusiasmo, 9 juristas de Themis han
analizado 759 sentencias de las audiencias provinciales de todas las CCAA
durante 2006, 2007 y 2008.
La característica clave del trabajo es
que ha diseminado decisiones judiciales tomadas después de que alguna de las
partes apelara la sentencia de Iª instancia, es decir, cuando los padres no
habían llegado a un acuerdo para compartir la custodia de sus hijos.
Esa posibilidad, una custodia compartida
aun sin pacto, es algo legal siempre y cuando se dicte «fundamentándola en que
sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor»,
según el artículo 92.8 del Código Civil.
Por encima de la polvareda que ese
artículo levantó en su día –muchos colectivos feministas argumentan que sin que
los padres se lleven bien, compartir la guarda y custodia es un perjuicio para
los hijos–, el estudio del Gobierno señala el problema de que la gran mayoría
de las sentencias no razona su decisión.
«La fundamentación de la concesión o
denegación de la custodia compartida es misérrima.
(...) Las sentencias no reflejan la
realidad que está juzgándose.
(...) Los jueces utilizan formularios y
no dan un tratamiento personalizado a cada caso».
El informe refleja que casi todas las
custodias se conceden a la madre (87%) y muy pocas al padre (3%).
«Se da la custodia a la madre porque el
modelo social otorga a la mujer el cuidado fundamental de los hijos. La
custodia compartida no es una mala solución siempre que antes del divorcio los
padres se hayan repartido igualitariamente las tareas y los tiempos del cuidado
de los hijos.
Ahí, beneficia a los niños, al hombre y
a la mujer. Pero si alguno de los cónyuges no se ocupó de los hijos, no tiene
sentido», dice Ángela Cerrillos, una de las autoras del informe.
«Es un mito que las feministas estén
contra la custodia compartida. Lo que pasa es que aún no existe
corresponsabilidad entre los padres. La condición fundamental para la custodia
compartida es la existencia previa de paridad económica y de dedicación»,
sostiene Martínez.
Así, mayoritariamente, la mujer se queda
con los niños.
Pero quizá sea por algo más que por el
modelo social imperante: los hijos quieren, mayoritariamente, vivir con la
madre.
Una de las sangrías que revela el
informe es que los jueces apenas oyen a los menores.
En el 80% de los casos no se tuvo en
cuenta su opinión.
Sólo se llevó a cabo en el17% de los
causas en Iª instancia y en el 5% en audiencias provinciales.
Por eso, el documento se detiene en los
69 litigios en los que los niños no querían vivir en 2 casas o en la misma con
un padre o una madre intermitentes.
De los 69, en 66 los críos pidieron
vivir con su madre.
Sin el criterio del fiscal
El trabajo cuenta que el 70% de las sentencias
se ha dictado sin tener en cuenta al fiscal, como indica la ley.
Y que cuando se ha oído su postura, éste
es generalmente desfavorable a la custodia compartida.
Los equipos psicosociales no funcionan
bien o no se tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión. «Mala praxis»,
lo bautiza el informe.
Lo abrumador es la segunda
característica, es decir, la no intervención de los psicólogos.
De los 759 casos, no se ha sabido nada
del equipo psicosocial en 658.
Y cuando los psicólogos se pronuncian,
lo hacen mayoritariamente en contra de la custodia compartida (un 30% en
primera instancia) y en mucha menor medida a favor (un 9%).
Aunque, visto cómo trabajan esos
equipos, no se sabe bien si es mejor que el juez los tenga en cuenta o no: «Las
entrevistas no se graban y existen numerosas quejas de tergiversación de lo
manifestado por ellas. Son generalmente muy cortas », sentencia el informe.
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