WERT
DA UN GIRO A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
El objetivo es eliminar las “cuestiones
controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” de la asignatura
más polémica de las tres últimas legislaturas: Educación para la Ciudadanía. En
la práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos sociales y las
desigualdades, obviar las escasas referencias a la homosexualidad, e incorporar
como nuevos temas la defensa de la iniciativa privada y la crítica del
“nacionalismo excluyente”.
El ministro de Educación, José Ignacio
Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que transformaría la asignatura,
que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia
Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su
implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El
próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de
la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la
comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, elimina la
única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los puntos más
conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía
referencia al rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma
más o menos directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—. E
incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel
de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el
respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo diseño hace más
hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se
han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen simplemente los
contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los
puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la
negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo
presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario
general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.
La polémica en torno a esta materia, que
los alumnos estudian en clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza
tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114
objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento
realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó,
tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales
autonómicos, que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió
que se controlara el contenido de los manuales
Entonces, las asociaciones de objetores
reclamaron diálogo al Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en
los que debían quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o
rechazo a la discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente
algún epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se refiere
al racismo, la xenofobia y la homofobia.
El ministerio anunció en enero que
intentaría aplicar los cambios “lo antes posible”, en referencia al curso que
viene, por lo que ahora se cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre
(para esto hace falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros
de la nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:
Homosexualidad. Elude la referencia a
los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra
un párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la
división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas,
xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa se centra en “la
familia en el marco de la Constitución Española”, la noción de la ciudadanía o
“los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española”.
Desigualdades. Educación para la
Ciudadanía se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a
argumentar opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de
compromiso” para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que
el que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas
inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las
desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las
desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se propone
una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el deber de
transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las elecciones” o “la
opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y pobreza” o “la falta de
acceso a la educación como fuente de pobreza”.
Terrorismo y nacionalismo excluyente.
Los alumnos ya no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo
desigual”, sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo
religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.
Economía. El bloque que estudia las
sociedades democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la
dimensión económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y
económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la generación de
la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.
Propiedad intelectual. Tras la polémica
por la llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario
incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de otras
propuestas como la gestión de desechos, preservación del patrimonio, la
contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y el medioambiente.
PUBLICADO
EN EL PAÍS
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