UNA LECCIÓN MORAL

UNA LECCIÓN MORAL

EL Gobierno decidió el pasado viernes, en una medida que inevitablemente provocará una larga y lógica controversia política y social, conceder el tercer grado penitenciario a Jesús María Uribetxebarria Bolinaga, uno de los miembros de ETA que participó directamente en el cruel secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara. La excarcelación parcial de este terrorista, todavía pendiente de que la autoridad judicial termine de tramitar la petición, como es preceptivo, se produce por una solicitud formal de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Álava donde todavía está interno el terrorista, quien, según los estudios médicos, padece un cáncer terminal que augura su muerte inminente.

Esta situación, y no otra cuestión, es la que en aplicación de las normas penitenciarias va a poner en la calle a este miembro de ETA, cuya crueldad en el secuestro de Ortega Lara fue extrema: iba a dejarlo morir. Interior justifica su resolución en el hecho de que el recluso ya no es peligroso para la sociedad (por su enfermedad) y no hay riesgo de que vuelva a reincidir en la comisión de delitos. La Administración estatal demuestra con esta lectura un grado de humanidad que los terroristas jamás han tenido con sus víctimas. Un gesto que, aunque no sea comprendido por buena parte de los españoles, sitúa moralmente a la democracia por encima de la banda de asesinos de ETA.

La libertad condicional de Bolinaga, si recibe el aval judicial, cosa que parece probable, no será ninguna victoria para la izquierda abertzale, que de nuevo ha querido hacer del episodio otro de sus habituales números de propaganda. Más bien es un acto de generosidad infinita por parte de la sociedad con quien ni la tuvo con sus semejantes ni lo merece. Un acto que es difícil de asumir pero que responde a la aplicación escrupulosa de la ley, al igual que se ha hecho antes. La medida tendrá cierto coste político para el Gobierno, que en su etapa en la oposición no dudó en usar el terrorismo para erosionar a Zapatero. Tras el cese definitivo de los atentados por parte de ETA, el PP parece haber tomado ahora una posición más institucional: hacer cumplir la ley en todos sus extremos; por un lado, persiguiendo a los etarras que siguen libres y sentándolos ante los jueces; por otro, aplicando las normas penitenciarias con criterios objetivos, sin distinciones.

PUBLICADO MÁLAGA HOY