LA
APUESTA POR LA CALIDAD
Desde que tomó posesión como presidente
de la Junta de Andalucía, y también cuando fue reelegido, José Antonio Griñán
ha defendido que la educación es la prioridad de las prioridades. Las
circunstancias han hecho que su mandato no sea el más propicio para llevar esta
opción hasta sus últimas consecuencias, ya que la crisis ha restringido la
financiación estatal de numerosos programas educativos y ha reducido el margen
de actuación de la comunidad autónoma en sus propios presupuestos. Con todo,
aún es menor la capacidad de maniobra cuando no se acierta en el diagnóstico de
los problemas.
Por motivos históricos e ideológicos, la
política desarrollada por el Gobierno andaluz en materia de enseñanza ha puesto
el énfasis en el logro de la universalidad y la gratuidad, de modo que ningún
niño pueda ver malogrado su futuro a causa de la situación económica familiar.
En este terreno las conquistas de los andaluces son evidentes. Un análisis
recién difundido por la Fundación BBVA confirma que el sistema educativo
andaluz arroja un balance notable en cuestión de equidad, es decir, de
garantías de igualdad de oportunidades para los alumnos de los distintos
ciclos.
No obstante, nuestra clasificación deja
mucho que desear en otros dos parámetros que se revelan como muy importantes en
el mundo contemporáneo: el rendimiento escolar y la calidad de la enseñanza. En
ambos Andalucía queda ubicada en la cola de España, sólo por encima de Baleares
y Canarias entre todas las comunidades autónomas. Seguimos arrojando índices
elevados en fracaso y abandono escolar y bajos en alumnados que alcanzan la
excelencia. La política educativa necesita una reforma a partir de un amplio
debate en el que profesores, padres, alumnos en algunos niveles y expertos
alcancen un consenso básico, sin dogmas ni apriorismos, sobre los cambios que
exige esta situación deficiente. La extensión de la enseñanza no tiene por qué
ser incompatible con su calidad. Ahí sí que nos estamos jugando el futuro.
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