POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, LIBRE Y DE CALIDAD. MAREA VERDE MÁLAGA

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, LIBRE Y DE CALIDAD

La Marea Verde de Málaga compuesta por miembros de todos los sectores de la comunidad educativa: familias, estudiantes, docentes —funcionarios de carrera, interinos—, personal laboral, ciudadanos en general preocupados por la Educación, reivindicamos una Educación Pública, gratuita, laica, libre y de calidad. Este es nuestro objetivo único y fundamental y que abarca toda nuestra lucha y que engloba mucho más que unos cuentos derechos. Dentro de este objetivo, por tanto, se encierra la construcción de un sistema educativo capaz de transformar la realidad.

Queremos expresar nuestra firme defensa de la Educación Pública, así como nuestro convencimiento de que la calidad en Educación es la garantía de una sociedad plural, democrática, participativa, solidaria y libre.

Denunciamos que los actuales recortes que el Gobierno estatal y el Gobierno autonómico que nos están imponiendo, para hacernos pagar a todos esta estafa social a la que llaman “crisis”, están provocando una agresión sin precedentes a la calidad de la enseñanza pública en Andalucía que no estamos dispuestos a permitir.

Por ello, acordamos:

1.Manifestar nuestro rechazo a las políticas de recortes presupuestarios en el Sistema Educativo, especialmente por los que se derivan de la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

2. Expresar nuestro desacuerdo con el incremento del horario lectivo del profesorado. Dos horas lectivas más semanales supondrán que, por cada diez docentes, se reducirá en uno la plantilla de funcionamiento de los centros. Ello conllevará la necesidad de que parte del profesorado tenga que impartir materias que no corresponden con su especialidad, provocando una pérdida de calidad de enseñanza. Además, la pérdida de personal docente en los centros, dificultará seriamente -cuando no impida- el establecimiento de medidas de atención a la diversidad como desdobles de grupos, oferta de refuerzos pedagógicos y optatividad.

3. Señalar, también, que tanto el citado aumento de horas lectivas como la prohibición de cubrir bajas de hasta diez días provocará una disminución inmediata de las plantillas de los centros. Esta disminución de personal afectará, principalmente, a una pérdida de clases al alumnado y al colectivo del profesorado interino, que perderá su actual estabilidad laboral o incluso, en muchos casos, su empleo.

4. Puntualizar que la decisión del aumento de las ratios hasta 30 alumnos/as en Primaria, 36 en Educación Secundaria Obligatoria y más de 40 en Bachillerato supondrá, en la práctica, la imposibilidad de arbitrar medidas de atención a la diversidad.

5. Aclarar que la escuela pública y la universidad pública, constituyen la garantía del derecho universal a la educación sin discriminaciones de ningún tipo, recogido en el artículo 27.5 de la Constitución Española de 1978. El acceso universal al conocimiento y la cultura, salvaguarda la igualdad de oportunidades, fundamenta la libertad y fomenta la pluralidad. Esta garantía peligra con las medidas de recortes por la subida indiscriminada de tasas académicas ―en absoluto equilibrada por una insuficiente e injusta política de becas―, la subida del IVA, la dotación económica a centros concertados en perjuicio de los públicos, la congelación de la oferta pública de empleo docente hasta 2014. Caminamos hacia una educación de mala calidad y para pobres.

6. Llamar la atención de la sociedad en que un país que no invierte en la educación de las personas es un país que hipoteca gravemente su futuro.

7. Instar a nuestros conciudadanos en no caer en la trampa demagógica de cargar las culpas del mal estado de las finanzas públicas a los funcionarios y a los docentes en particular. El profesorado no ha causado, en modo alguno, la crisis, y ésta no se resolverá cargando sobre sus espaldas medidas como las aplicadas hasta ahora.

8. Dejar claro, no obstante, que no sólo nos mueve el legítimo derecho a defender las condiciones laborales de nuestros docentes, sino también la convicción de que los recortes que hoy se practican afectarán gravemente a la calidad del Sistema Educativo y será nuestro alumnado, los hijos e hijas, los que pagarán, con una merma de sus expectativas de desarrollo personal y profesional futuro, las consecuencias de estas políticas de recortes.

9. Enfatizar que los importantes recortes en Educación -y Sanidad- ponen de manifiesto que la crisis económica se está aprovechando para imponer un modelo de organización privada del servicio público de educación en todos los niveles, conforme al modelo neoliberal, más injusto, alejado de la economía productiva y de las necesidades de las personas, y que ha propiciado la especulación financiera y la actual crisis económica, todo ello por la puerta trasera, sin debate ni consulta, y sin estar incluido explícitamente en ningún programa electoral.

Y, a su vez, exigimos,

- La retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, así como todas las normas de rango autonómico que derivan de dicho Real Decreto-Ley y que lo desarrollan.

- La elaboración de una ley educativa pactada y aprobada por todos los agentes implicados para evitar el cambio de legislación constante que venimos sufriendo con cada cambio de gobierno.

- La introducción de medidas legales que fijen como objetivo alcanzar la media de la UE de inversión pública en Educación (un 7% del PIB) en contraposición al 5% actual y que esta cantidad sea gestionada únicamente por y para el sistema público.

- Sustitución del Plan de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares por un aumento de los recursos profesionales técnicos necesarios para reducir el fracaso escolar en todos los centros.

- La vuelta a los principios democráticos dentro de los centros: Retirada del decreto que regula los ROC de Primaria y Secundaria y elaboración de uno nuevo democráticamente; elección de la dirección por el Consejo Escolar (No a los directores que trabajan para la Administración y no para sus centros); mantenimiento de los Consejos Escolares como órgano de representación y decisión de cada comunidad educativa.

- Dignificar la Escuela Pública y a los docentes que trabajan en ella. Porque el respeto a la labor docente está siendo menoscabada por los políticos que han puesto a los profesionales de la red pública en el punto de mira.