¿SOBRAN
POLÍTICOS?
Desde que
comenzó la crisis es creciente un sentimiento que responsabiliza a políticos,
funcionarios y sindicalistas de la crisis o, al menos, de ser un obstáculo a la
salida de la misma. Este sentimiento hunde sus raíces en la percepción, más o
menos generalizada, de que son sectores privilegiados en comparación con el
resto. Pero, ¿hasta qué punto tiene sentido hacer tales afirmaciones?
En los últimos meses, por ejemplo, ha
circulado por internet el rumor de que en nuestro país hay casi medio millón de
políticos. La fuente era una página web sensacionalista que, sencillamente, se
inventó los datos. En realidad, y según los datos aportados por el Estado, hay
un total de 73.500 políticos, incluyendo en esta suma a senadores, diputados
provinciales, autonómicos y del congreso, concejales y alcaldes. Por otra
parte, en general tampoco parecen los políticos muy caros a juzgar por el hecho
de que el 90% de los concejales españoles no cobra remuneración alguna por
serlo.
Desde luego que estas cifras no agotan
el debate, pues de hecho queda pendiente reflexionar acerca de si algunas
instituciones deberían reconfigurarse y de si algunos sectores concretos de los
políticos (como los alcaldes de grandes municipios o los diputados) tienen
remuneraciones excesivas de acuerdo con el rendimiento ofrecido. Pero lo que
está claro es que el populismo de derechas que centra sus críticas en la clase
política no está racionalmente justificado, precisamente porque es obvio que
los políticos pueden ser culpables de la crisis por la naturaleza de sus
decisiones y no por el hecho de ser políticos.
Resulta entonces interesante averiguar
por qué los políticos están en el ojo del huracán. De hecho, según el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) la llamada clase política está en las horas
más bajas de su historia reciente. Una historia en la que pueden diferenciarse
tres etapas. Desde 1991 hasta 1996 sufrió enormes críticas de los españoles,
coincidiendo con una percepción muy negativa de la evolución económica. Por el
contrario desde 1996 hasta 2005, coincidiendo con la etapa de la burbuja
inmobiliaria y una percepción muy positiva de la economía, los políticos
estuvieron muy bien valorados. Desde entonces, y paralelamente al desarrollo de
la crisis, el apoyo de la clase política ha entrado en una espiral descendente
que parece no tener fin.
Ello nos muestra que los españoles no
valoramos a los políticos directamente por sus actos, puesto que de lo
contrario no tendría ningún sentido que en el período de mayor corrupción en
España –con su burbuja inmobiliaria y la afluencia de ingentes cantidades de
dinero que ahora toca devolver– los políticos hayan sido vistos con tan buenos
ojos. Al contrario, realmente los españoles valoramos a los políticos de
acuerdo con el estado de nuestras propias condiciones de vida. Se opera más o
menos así: si vivimos cómodamente, con empleo y bienestar material suficiente,
deducimos que los políticos lo están haciendo bien; si vivimos con
dificultades, sin trabajo y sin expectativas de futuro, deducimos que la culpa
es de los políticos. Y todo ello con independencia de si realmente son
corruptos, honrados, privilegiados o humildes.
Culpar a los políticos, funcionarios o
sindicalistas, como elementos visibles y más expuestos a la crítica, es una
reacción natural o primaria ante la creciente desesperación. Y sin duda es
también fuente de un gran número de votos, a pesar de ser a todas luces una
argumentación desprovista de un mínimo de racionalidad. Desgraciadamente hay
partidos y organizaciones que explotan este hecho y mantienen un discurso de
esta naturaleza con el objetivo de ganar poder y sin que realmente se pretenda
resolver el verdadero problema de nuestra economía. Caer en los brazos de ese
populismo es errar el disparo y obviar las soluciones que necesitamos, pero es
ante tomar partido por la antipolítica y una peligrosa senda de soluciones
impulsivas e irracionales.
*Alberto Garzón Espinosa es diputado de
IU por Málaga en el Congreso
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