LOS
OBISPOS Y LA CRISIS. JUAN G.BEDOYA
La crisis empieza a quebrar la unidad de
los obispos, con el cardenal Antonio María Rouco en la primera línea de fuego.
El debate se centra, sobre todo, en el silencio de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), de la que el prelado de Madrid es presidente. Tan dada a
pronunciarse sobre todo lo divino y lo humano, la CEE no ha dicho palabra sobre
las dificultades económicas que padecen millones de españoles, y mucho menos
sobre los culpables. Enfrente, después de meses de callar, se alzan poco a poco
las voces de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), que agrupa a los
obispos catalanes, y de varios obispos a título personal. El último en hacerlo
ha sido el de San Sebastián, José Ignacio Munilla, con severas criticas a la
actuación de las instituciones financieras.
Munilla se refirió a la “dramática
situación que viven las familias” en una homilía pronunciada el miércoles en la
basílica de Azpeitia (Gipuzkoa) con motivo de la fiesta del fundador de los
jesuitas, san Ignacio de Loyola. Dijo: “En la medida en que Occidente ha ido
perdiendo sus raíces cristianas, se invierten sus valores, colocando el tener
por encima del ser. Es el motivo último por el que nuestra sociedad se
encuentra al borde de la quiebra. De forma bastante general, las
Administraciones han gastado el dinero que no tenían y las instituciones
financieras sustentaron sus escandalosos beneficios sobre una economía irreal,
ficticia e insostenible. Los sueldos con los que fueron blindados los consejos
de administración han sido inmorales, y siguen siéndolo”.
Sin embargo, el prelado vasco advierte
de que “no se trata solamente de mirar hacia arriba, pensando que la situación
presente es solo responsabilidad de quienes han llevado las riendas de la
economía”. Añade: “Estamos ante un pecado del que todos hemos sido cómplices.
También nosotros hemos comprado lo que no necesitábamos, pagando con un dinero
que no teníamos, construyendo un modelo de sociedad contraria a los valores del
Reino de Dios. Hasta en los niveles más populares se ha otorgado carta de
ciudadanía al fraude fiscal. Sisar a Hacienda parece estar fuera del campo moral.
Salir de esta situación va a suponer una catarsis muy grande. ¡Ojalá salgamos
transformados! Las políticas de ahorro se nos imponen de forma imperiosa y
pecan de hipocresía quienes se resisten a reconocer esta realidad. La situación
requiere de un sacrificio colectivo para su sanación
La primera brecha entre la jerarquía del
catolicismo, sobre todo ante sus bases obreras, se produjo la pasada primavera
a causa de la reforma laboral del Gobierno Rajoy, tachada de inmoral y
anticristiana por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud
Obrera Católica (JOC). “Es otra agresión al trabajo humano como principio de
vida y rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre
capital-trabajo, alejándose del principio defendido por la Iglesia de la
prioridad del trabajo frente al capital”, dijeron en un manifiesto estas dos
organizaciones. El texto fue distribuido en Madrid, inicialmente, en las
parroquias con un comentario de la delegación de Pastoral del Trabajo del
Arzobispado, pero el cardenal Rouco ordenó a sus vicarios que desautorizasen
sendos documentos “a la mayor brevedad”.
En cambio, el arzobispo de Barcelona,
cardenal Lluís Martínez Sistach, también miembro de la Prefectura de Asuntos
Económicos de la Santa Sede, expresó su apoyo al documento crítico con la
reforma laboral con la apostilla de que la desautorización de Rouco lo era
“como obispo de su diócesis, no como presidente de la Conferencia Episcopal”.
Ahora, Martínez Sistach se desmarca otra
vez del líder de la CEE haciéndose acompañar por todos los prelados catalanes,
que forman la Conferencia Episcopal Tarraconense. Reunido durante tres jornadas
(25, 26 y 27 de julio), este organismo publicó una nota reclamando “poder pedir
responsabilidades, especialmente a aquellos que han provocado desórdenes
financieros y especulación”. En concreto, la CET execra del “desencanto que
produce la política, con brotes de corrupción en el ámbito de las instituciones
y administraciones”.
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