EL NEW YORK TIMES DESTAPA A LOS GRANDES
DEFRAUDADORES ESPAÑOLES
En realidad, la gran mayoría de investigaciones de
fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y
profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de
la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
El New York Times publicó hace algunos meses una
serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero
más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen
inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados
Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de
Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es,
sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente
y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en
España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más
importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de
artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del
mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo,
sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el
caso Emilio Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el
ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas
establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las
cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían
declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado
de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió
publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca
suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos
que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres
de la vida política y empresarial.
Según el New York Times, esta práctica es muy común
entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude
fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria
española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los
autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del
déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000
millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado
del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas
con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que
no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que
no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos
citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no
se atreve a recogerlos.
En realidad, la gran mayoría de investigaciones de
fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y
profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de
la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades
públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia
Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex
Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una
de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New
York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba
siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta
ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el
juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su
presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es
la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue
nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en
un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude
fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aun cuando no
pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El
Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la
subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial
que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin
embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en
Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el
impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año
que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los
enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy
realizando. Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude
fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre
tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de
temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala
como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho
dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más
importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de
anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador
Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde
los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga
que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como
los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación
en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
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