EL
KIBUTZ ANDALUZ
Izquierda Unida ha logrado arrancarle al PSOE el
compromiso de desarrollar a lo largo de 2013 su propuesta de un banco de
tierras. No figura ninguna partida al respecto en el proyecto de ley de
Presupuestos, pero el acuerdo es que antes de final de año se resuelva una
fórmula legal para poner a disposición de personas en paro la explotación de
las tierras de cultivo ociosas propiedad de la Junta, asegura José Antonio
Castro, portavoz de IU en el Parlamento. Luego ya se encajará su financiación
en las partidas presupuestadas, añade.
La Junta de Andalucía cuenta con un patrimonio en
tierras de alrededor de 20.000 hectáreas. Hace dos años, la Consejería de
Agricultura, que dirigía Clara Aguilera, anunció la extinción del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y la puesta en venta de las fincas mediante
subasta, con privilegios y condiciones beneficiosas para los colonos. «La Junta
no es agricultora», dijo Aguilera. El Gobierno andaluz daba carpetazo a la
fracasada reforma agraria y devolvía la tierra a la iniciativa privada. La
crisis torció la operación. Los bancos no han prestado dinero a los
interesados. Sólo se han ingresado 10 millones de los 75 millones de euros
previstos. IU reconoce que este fracaso facilita su viejo proyecto.
La portavoz de IU en la comisión de Agricultura del
Parlamento, María Dolores Quintana, cree que la Junta no puede seguir dejando
en barbecho sine die unas tierras de cultivo cuando hay tantísimo paro en la
Comunidad. «Hay que buscarles una utilidad y eso es lo que propone IU». Cree
que la salida a subasta fue «un error». No lo ve así el consejero de
Agricultura, Luis Planas, que el pasado miércoles respondió en el Parlamento a
la diputada de IU que fue una opción «correcta». Planas acepta, no obstante,
darle una nueva utilidad a las tierras.
Acuerdo PSOE-IU
PSOE e IU, socios en la Junta, tendrán que ponerse
de acuerdo sobre el marco jurídico que arrope una iniciativa rechazada por el
Gobierno central porque entiende que la actual legislación de contratos del
Estado dificulta la cesión sin más de las tierras a parados. Chocaría con la
libre concurrencia. A falta del corsé técnico-jurídico, IU ya ha avanzado en la
idea con la elaboración de un 'Anteproyecto para el diseño de fincas
agroecológicas a partir de la constitución de los bancos de tierra'. El texto,
que ha sido elaborado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, que dirige el vicepresidente Diego Valderas, dibuja una finca
agroganadera ideal del banco de tierras: con gran diversidad de actividad,
incluida la formativa de jóvenes, parámetros ecológicos y un empleo por cada
hectárea como objetivo. La explotación correría a cargo de una cooperativa de
trabajadores, pero un consorcio integrado por diferentes organismos vigilaría
su desarrollo.
La propuesta se inspira con matices y diferencias en
la experiencia ya existente en la finca el Humoso en Marinaleda (Sevilla), una
cooperativa impulsada hace dos décadas por el Ayuntamiento de la localidad, a
cuyo frente está el controvertido diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo.
En el Humoso (1.200 hectáreas), crece el olivar como principal cultivo, que
convive con productos de regadío como la alcachofa y el pimiento, envasados en
la propia localidad. La cooperativa cuenta con una fábrica de conservas, una
almazara, invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda.
Para poner en marcha el banco de tierras, IU propone
utilizar dos fincas de Sevilla y Cádiz como experiencia piloto, además de el
Humoso. Las fincas elegidas son 90 hectáreas de los terrenos que el IFAPA (
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria)
tiene en Los Palacios (Sevilla), junto al centro de formación agraria. El
terreno, en una comarca de minifundios de regadío donde el tomate es el cultivo
estrella, está sin actividad; La otra finca es Pozos de Majarambú (240
hectáreas), situada en Castellar de la Frontera (Cádiz). Es agroforestal, fue
expropiada para uso agrícola y tampoco desarrolla labor.
El proyecto contempla acciones piloto en estos tres
entornos diferentes pero con la misma filosofía de la 'soberanía alimentaria',
indica el documento de IU. Esta filosofía es la de «dar trabajo a personas en
paro de la zona» con cultivos y productos ganaderos ecológicos que puedan
«comercializarse en canales cortos», explica Quintana.
La idea, que apuesta por un cambio productivo,
ambiciona crear un sistema agro-alimentario de escala local con base en cada
una de las fincas donde se produzcan alimentos demandados por la población
(desde la fruta hasta la mermelada y la leche). Pero también formar a jóvenes
en estrategias agroecológicas relacionadas con la producción, la distribución,
la transformación y el consumo de alimentos. En tercer lugar, favorecer la
creación de pequeñas experiencias productivas aplicadas a la agricultura, como
la obtención de semillas propias o la producción de abonos orgánicos.
El informe de IU, al que ha tenido acceso este
periódico, calcula un plazo de cuatro años para que la explotación genere
ingresos suficientes para poder sostener la actividad productiva y formativa,
mientras que el plazo para recuperar las inversiones es más largo: de 15 a 20
años, tiempo además necesario para que crezcan los árboles frutales. El
proyecto no cuantifica la financiación necesaria para poner en marcha la
explotación.
Según consta en el documento, «el objetivo sería
generar un puesto de trabajo por hectárea». Para ello habría que apostar por la
diversificación productiva, la producción según reglas ecológicas, el
autoabastecimiento, la comercialización directa y el valor añadido del producto
ecológico.
Doble estructura
Propone una explotación ideal de 50 hectáreas, de
las que 20 se dedicarían a tierra de labor de cultivos anuales (rotados en seis
años); 10 hectáreas a plantaciones de frutales; 20 hectáreas de pastos para
ganado; 1.200 m2 de instalaciones formativas, ganaderas y auxiliares y 2.800 m2
de caminos y accesos.
Al frente de todo ello, contempla una doble
estructura organizativa: El aspecto formativo estaría gestionado por un consorcio
público integrado por el ayuntamiento, la diputación provincial, las
universidades (en este caso las de Sevilla, Cádiz y Córdoba), las consejerías
de Administración Local, Agricultura y Educación, agentes sociales y
asociaciones de consumidores. El director técnico de este consorcio es el que
vigilaría la finca agroganadera, que deberá ser gestionada por una cooperativa
de trabajadores a los que se le cederá en condiciones aún sin determinar.
Aunque es mucho más ambiciosa, la idea se inspira en
el cooperativismo de Marinaleda e incluso en los kibutz israelíes. De hecho el
documento recoge como fundamental la colaboración con los ayuntamientos. Los
tres están gobernados por alcaldes de Izquierda Unida. Tanto el de Castellar
como el de Los Palacios llevan tiempo reivindicando la cesión de las
mencionadas fincas propiedad de la Junta. El origen de la cooperativa de
Marinaleda estuvo en las ocupaciones de el Humoso en los ochenta, entonces
propiedad del duque del Infantado. El milagro de Marinaleda subsiste pese a la
crisis. No hay paro en el municipio, aunque los sueldos son casi mileuristas y
el empleo es temporal.
PUBLICADO EN DIARIO SUR
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