LA ELECTRICIAD ESPAÑOLA ES LA MÁS CARA DEL MUNDO
Como todo récord mundial, se necesita esfuerzo y
dedicación, ya qua al liderato no se accede por casualidad. Se han tenido que
dedicar ímprobos esfuerzos para que los precios da la electricidad en nuestro
país sean los mas caros del mundo industrializado. La clase política, lejos del
papel que le corresponde, y con independencia de la formación a la que
pertenezca el Gobierno de la nación, ha arrimado al hombro junto a las
“familias” dominantes en el sector eléctrico para conseguir la proeza de
figurar en el informe de la consultora National Utility Service (NUS) qua
señala a España como el país más caro por sus costes de energía eléctrica. No
solo se ha conseguido este récord Guinness, sino que la liberación del mercado
eléctrico se ve como una parodia nacional al más puro estilo del cine de
Berlanga. Los precios se han resistido a bajar a pasar da la liberalización del
sector y las sucesivas medidas adoptadas por el Gobierno trapicheando con las
tarifas. En casi todos los países que recoge el informe NUS, el precio de la
electricidad desminuyó, destacando los descensos tarifarios en Suecia con un
20,37%, Dinamarca con un 15,57% o Italia con un 12,05%. Por al contrario, la
tarifa eléctrica española no ha variado a la baja, todo lo contrario desde 2008
se ha incrementado en más del 50%.
La codicia de las compañías eléctricas no tiene fin,
no satisfechas en su lloriqueo perpetuo persisten que el próximo 30 de marzo se
le de una vuelta de tuerca más a la tarifa y ponen toda la carne en el asador
con el fin de esgrimir su fuerza intimidatoria. Estos angelitos se atreven a
pronunciar: Es que esto no se arregla sin una subida del 30% o del 40% para no
generar un agujero mayor, así también lindezas como esta: Al final, el negocio
internacional es el que salva nuestra cuenta de resultados. Cuando no deja de
ser una mentira detrás de otra, las inversiones internacionales, sobre todo en
Sudamérica, han sido financiadas con el expolio de la tarifa nacional. Así y
todo el lobby de las eléctricas asegura que se trata de un mal negocio y que
los balances contables están construidos en el aire: El beneficio no
corresponde a flujos de caja reales, son contables, y que el esplendoroso
déficit tarifario supone cinco veces su beneficio. ¿Si los beneficios son
virtuales y no llegan a entrar en caja por qué continúan? ¿No sería oportuno
que encaminaran sus pasos por una renacionalización? De esto ni hablar, de lo
que se trata es de chupar de la mamella de la vaca hasta el infinito y
lloriquear sin descanso: La realidad es que los beneficios cubren el esfuerzo
financiero de la inversión, pero no retribuyen de una manera rentable los
costes del capital invertido. ¿Cómo puede ser competitivo este país con una
oligarquía que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo? ¿Toda la carga tiene
que avocarse en las espaldas del españolito? Esto no puede acabar bien, lo ve
hasta los que miran al otro lado.
Ha sido da tal magnitud el latrocinio cometido con
los ciudadanos del país a través del arma legislativa de incrementar la tarifa
eléctrica que, ahora, cuando se desarrollan los efectos de la economía
globalizada pueden apreciarse los estragos cometidos en toda su amplitud. El
coste de un KW/h en España respecto a la media de los países más
industrializados es impresionante, más de un 40%. Un dato sin confirmar, un
ciudadano londinense paga un tercio de lo que paga un español por el recibo de
la luz a pesar de las diferencias salariales. Se ha llegado a inflar el globo
de las tarifas, al repercutir una y otra vez costes por distintos e imaginarios
conceptos con variopintos nombres, acompañados de leyes que los legitimaban
como saneamiento, moratoria, parón nuclear, y un sin fin de dimes y diretes que
tratan de ocultar la quiebra técnica de las compañías eléctricas al invertir en
centrales nucleares. Si se quiere llegar al fondo de la cuestión es necesario
explicar lo ocurrido con un cierto detalle, de lo contrario, en genérico es tan
superficial que el potente sistema mediático arrasa con todo y la mentira se
consolida. Para ello volvamos algo atrás.
En 1983 el gobierno socialista decidió poner fin a
la aventura de construir centrales nucleares en nuestro país. Hasta entonces ya
estaban en funcionamiento la de Zorita, que se había conectado a la red en
1968, la de Santa María de Gadoña, en 1971, la central de Almaraz I, y Alrnaraz
II, en 1981 y 1983 y también la de Ascó I, en el mismo año. En construcción
estaban la central de Cofrentes, que se conecto a la red en 1984, Ascó II, que
se conectó en 1985, y ya por último las centrales de Vandellós II y Trillo, que
entraron en funcionamiento en 1987 y 1988. La decisión política de suspender el
programa de instalación de centrales nucleares, a la que se llamó “paron
nuclear”, no levanto ninguna crítica por las empresas concesionarias de las
instalaciones, las tradicionales compañías eléctricas. Cualquier otro sector,
después de haber invertido miles de millones de pesetas y de estar endeudados
hasta las pestañas en divisas, hubiera puesto el grito en cielo por la decisión
de unos chicos con chaqueta de pana que habían desembarcado en el Gobierno.
Pues no, a las poderosas familias que copaban los consejos de administración de
las eléctricas les pareció de maravilla que el gobierno tomara la decisión del
paron nuclear. La razón para que este previsible enfado de los mandamases de la
electricidad se transformó en silencio espeso, resultó que la decisión les
venia como anillo al dedo.
El maná que iba a representar la energía nuclear
para las cuentas de explotación y los balances de las compañías que participaban
en el proyecto de nuclearizar España en pos de la modernidad y la energía
barata, había sido tan sólo un eslogan de las compañías americanas que vendían
las instalaciones. Pero cuando las instalaciones estuvieron en marcha, se
pudieron percatar de los altos costes por la derivación de su financiación en
divisas, la seguridad, y el almacenamiento de los residuos. Fue entonces cuando
se dieron de bruces con la realidad, no eran la panacea de una inversión
acertada. Fueron los consejos de administración de las compañías eléctricas las
que tomaron la decisión de producir energía por la vía de la explotación
nuclear. Nadie les impulsó, ni forzó a tomar esta decisión, ni tan siquiera fue
debatida en ninguna instancia, fue simple y llanamente una decisión empresarial.
A mediados de los 70, la fiebre nuclear despertó en los consejos de
administración de las eléctricas, coincidiendo con la transición política, por
lo que se obviaron las consultas populares que podían entorpecer un negocio de
altos vuelos. En definitiva, quienes se equivocaron de lleno fueron los que
tomaron la decisión de invertir en un negocio equivocado.
La transición política española, que tanto se
alardea, consistió en que el régimen anterior se murió sólo y, en su agonía, se
constituyeron unos partidos políticos que, sin una peseta para estructurarse
como tales, tuvieron que recurrir a los mecenas tradicionales, las “familias”
que controlaban la banca y las eléctricas. Esto fue la transición política
española, “tu a lo tuyo y yo a lo mío”. Por derivación, tu de dedicas a montar
el circo político e institucional y, a nosotros nos dejas los sillones de los
consejos de administración. Al igual que la democracia en el Reino Unido
mantuvo los aristócratas con titulo nobiliario en la Cámara de los Lores, en
España, la transición mantuvo a las “familias” en los consejos de
administración de la banca y las eléctricas. En su momento ninguno de los
consejos de administración asumió nunca el error de gestión que supuso la
decisión de invertir miles de millones de pesetas en un programa de
instalaciones nucleares que acabaron por destrozar las cuentas de resultados de
estas compañías. Ni la menor autocrítica, ni desesperación alguna, ya que su
puesto en el consejo de administración no estaba vinculado a una aportación
dineraria traducida en acciones propias, sino a la malsana costumbre, bendecida
políticamente, de la legitimación hereditaria de la “familia” cuya
participación en el capital de la compañía era minima.
Lo más grave del desaguisado nuclear, no es el no
haber escuchado ninguna autocrítica por los componentes de los consejos de
administración. Lo mas grave es que nadie les ha exigido ninguna
responsabilidad por la impericia en la gestión empresarial que ha acabado
costando miles de millones de euros. La clase política, sea de la formación que
sea, con la careta socialista o con el populismo de la derecha, ha venido
configurando leyes y mas leyes para que se acomoden a cubrir por la vía
parlamentaria el tremendo agujero provocado por una decisión empresarial que
les llevó a la quiebra técnica. El descalabro financiero se convierte en una
razón de Estado. Estas “razones” lo permiten y legitiman todo. Para empezar se
construye la casa por el tejado, por lo que a la contabilidad se le da la
vuelta como a un calcetín. Primero se asignaba el beneficio que debían recibir
los accionistas, ni mucho ni poco, lo suficiente para que no protestaran. A
partir de este estadio, se iban asignando partidas que no contemplaban los
tremebundos gastos financieros, la devaluación de la moneda al tener que pagar
en divisas, las amortizaciones necesarias y todo lo que concernía a los
ingredientes del balance contable, que en nada reflejaba la realidad
patrimonial de las eléctricas.
Cuando se llego al extremo de que la ingeniería
financiera ya no daba más de si, pues el balance contable ya no se lo creía ni
tan siquiera el conserje del ministerio, transcendió la alarma a los inversores
extranjeros. Estos inversores extranjeros, la banca principalmente, empezaron a
preocuparse por la inversión realizada al acreditarse la falta de posibilidades
en la reintegración de los préstamos. Entonces el Gobierno tuvo que tomar
cartas en el asunto, no fuera que el país se quedara sin suministro de energía
eléctrica por la quiebra en cadena de los suministradores. Llegaron entonces
las soluciones mágicas. La clase política estaba mas preocupada en quien les
iba a financiar la próxima campaña electoral que en exigir responsabilidades a
los miembros de los consejos de administración de las eléctricas. Así, para que
ni tan siquiera se tuviera que debatir parlamentariamente, dado que el consenso
se suponía, llegó a las páginas del BOE el Real Decreto 441/1986, de 28 de
febrero, donde la solución mágica viene por la vía fácil de incrementar la tarifa
eléctrica. Su título no lleva a engaño, modificación de las tarifas para la
venta de energía eléctrica, y sin perderse en prolegómenos, en su artículo 2º
establece que un 3% de la recaudación había de ingresarse en una cuenta
intervenida —controlada por el Ministerio de Industria- en Unión Eléctrica S.A.
(UNESA), una sociedad anónima inscrita en el registro mercantil, que, como
peculiaridad, tiene que es la patronal del sector.
Pero todavía es más peculiar, por inconcebible, el
artículo 30 de este inefable Real Decreto donde se especifica la naturaleza del
reparto de la cuantiosa cifra que representa una recaudación del 3% sobre la
tarifa eléctrica. Está dirigido a aquellas empresas integrantes de la patronal
del sector que cumplan las siguientes condiciones: saneamiento con cargo a
reservas de los ajustes, salvedades y excepciones destacados en las auditorias
correspondientes al ejercicio de 1984, consecuencia de sobre valoraciones de
gastos financieros y de personal, menores amortizaciones, diferencias de
valoración de préstamos en moneda extranjera y otros conceptos ajustables. En
definitiva, la clase política no encuentra otra manera mejor que la de premiar
con una subvención, por la vía del incremento de tarifas, a todas aquellas
empresas que ostenten una contabilidad incorrecta. Para que todo sea al revés,
empezando por la asignación contable del beneficio al accionista, la solución
también va por esta línea. En lugar de castigar, en la medida que le
corresponde a cada consejo de administración de las eléctricas, el gobierno las
premia por haber llevado a estas sociedades a la quiebra técnica. Al borrón y
cuenta nueva se le llamó “saneamiento”, pero como coincidió con el paron
nuclear, se extendió a una solución complementaria con un nuevo nombre la “moratoria”.
Para legalizar la milonga, como no había cobertura
legal se creó un “marco legal y estable” por medio del Real Decreto, el
1538/1987, de 11 de diciembre, que se desarrolló en las Ordenes del Ministerio
de Industria y Energía de 3 de diciembre de 1993 y 15 de diciembre de 1995.
Entre pitos y flautas, a los consumidores de energía de este país, la falta de
acierto de los mandamases de las eléctricas les viene costando un significado
incremento en la tarifa que entre el porcentaje destinado a “stock básico de
uranio”, y el que comprende la eliminación de la “basura” nuclear, que para
hacerlo mas bonito y despistar al personal se le llama “2º ciclo nuclear”, el
porcentaje se eleva entre el 6% y el 7%. Toda una verdadera fortuna que cada
año hace sonar el ring ring de las cajas registradoras de las principales
eléctricas. La forma más efectiva de que errores propios los paguen otros.
Puestos ya en el todo vale, la clase política no tuvo inconveniente en resolver
el problema de las eléctricas por la vía tarifaria en lugar de aplicarlo a los
Presupuestos Generales del Estado –de este delicado asunto hablaré en el
próximo post-. Al mundo de la luz se le otorgó patente de oscuridad, y así la
transparencia de las cuentas acabó en un conglomerado normativo, en el que
resulta imposible enterarse de lo que se determina, al apoyarse en un lenguaje
encriptado que ni los expertos entienden. Lo que se pretendía ha tomado cuerpo,
la Intervención General de la Administración del Estado nunca ha podido
fiscalizar el debido uso de estos fondos, por lo que tampoco ha podido
intervenir el Tribunal de Cuentas, quedando todos contentos. Los políticos
podrán tener garantizada la financiación de sus partidos y demás prebendas, y
los eléctricos al estar enchufados al maná de la tarifa.
Para finalizar este post tan sólo poner en evidencia
que estos oligarcas cuando les ha convenido, se le ha dicho al ciudadano de a
pie que el suministro de energía eléctrica es un servicio público. Bajo este
postulado se han construido pantanos, desalojando de sus casas a sus ocupantes,
pagándoles cuatro duros por sus tierras, y resignados todos por el bien común,
nos hemos dejado nuclearizar el país en pos de la energía barata. Las
consecuencias del llamado servicio público son irreversibles, el sistema ya se
las ha cobrado, humildes campesinos han aportado su contribución a la
producción eléctrica con sus menguados patrimonios. Al resto de los de a pie se
nos ha impuesto el riesgo de un percance nuclear que ahí esta. –Reservo una
sorpresa a los seguidores del blog en el post número 4 de esta serie- Cuando
así están las cosas llega la modernidad, la privatización, la liberalización
del mercado y la plasmación normativa del acuerdo entre el Gobierno y el sector
eléctrico en formato de protocolo, donde se dispone que el suministro de
energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de
transcendencia en la practica” así, literal, que: todo lo exprimido ya esta
exprimido. La definición de servicio público detestado por las propias
eléctricas, era soportado por su efectividad en tiempos remotos del Decreto de
12 de abril de 1924, reiterado en e1
Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 1954 y, sobretodo, con la propia Ley
10/ 1966, de Expropiación forzosa y Sanciones
en Materia de Instalaciones Eléctricas, y, ya tímidamente definido, en
la Ley 49/1984 del 26 de diciembre sobre Explotación Unificada del Sistema
Eléctrico Nacional. Los nuevos tiempos traen nuevos conceptos. Ahora se le
bautiza como “servicio de interés económico general” que, traducido al idioma del ciudadano de a pie, quiere decir
todo lo contrario, “que estamos al servicio del interés económico privado”.
Prueba de ello es quo nos achicharran con impuestos tarifarios y, si nos
descuidamos, nos facturaran a portes debidos el envío de los residuos
radioactivos para que los almacenemos debajo de la cama.
FUENTE: ATAQUE AL PODER
No hay comentarios:
Publicar un comentario