MENOS
JÚPITER Y MÁS MERCURIO, III (CASO)
Esta semana se ha hecho pública una estimación de
Fedea sobre el cumplimiento del objetivo de déficit de las CCAA (1,5% en 2012),
dentro de la cual Andalucía está razonablemente bien situada, ya que la
previsión sería de 1,8% con datos del primer semestre y es posible alcanzar el
objetivo, habida cuenta del ajuste realizado hasta agosto en gastos corrientes
en bienes y servicios (-24%) y en gastos de personal (-5%). También esta semana
la vicepresidenta del Gobierno ha hecho una seria advertencia claramente
dirigida a Cataluña y Valencia, que se traduce en que no habrá contemplaciones
de ningún tipo y que el Gobierno no dudará en utilizar la capacidad coactiva y
aún de intervención que le faculta la Constitución.
El presupuesto andaluz de 2013 está diseñado para
cumplir debidamente con las obligaciones establecidas en cuanto a deuda y
déficit, aunque pudieran ser quizá optimistas las estimaciones de los ingresos
fiscales y de la caída del PIB. Creo que la nuestra es la comunidad cuyos
gobernantes se enfrenta a la mayor dificultad a la hora de abordar los ajustes
absolutamente imprescindibles en el gasto público. Esta dificultad deviene de
varios factores, el primero de ellos es de carácter ideológico -el papel que se
le asigna al gasto público en el pensamiento socialista-; el segundo es la
propia composición del Gobierno, con un socio de, digamos, pensamiento
socialista reforzado; el tercero, perdonen que insista, es que la ausencia de
información sobre los resultados efectivos de los programas presupuestarios
impide eliminar aquellos más que aparentemente inútiles porque carecemos de la
información que lo justifique de un modo inobjetable, por eso solamente menguan
sus recursos. Y el cuarto factor es la dependencia que del presupuesto tienen
numerosos grupos de interés de todo tipo, algunos de los cuales son -o, más
bien, fueron- muy influyentes en las asignaciones de gasto a lo largo del
tiempo.
En el gasto público existe una inercia irreflexiva
favorable a la continuidad de iniciativas establecidas en el pasado y, lo que
es peor todavía, al mantenimiento de algunas políticas que se suponen efectivas
por su propia naturaleza y denominación, y de otras que se acomodan a una
particular interpretación de los fines del gasto público.
En cuanto a la primera inercia, los ejemplos son
frecuentísimos en la Memoria del Presupuesto 2013 y cualquier lector puede
identificarlas. De la segunda quizá el mejor caso sea el de las políticas
activas de empleo -un fracaso sin paliativos aquí y en casi cualquier lugar de
la piel de toro-, que han beneficiado más a sus agentes intermediarios que a
los destinatarios finales, y a este fracaso debería añadirse buena parte de la
política de centros tecnológicos y pseudomedios de innovación repartidos por el
territorio, si bien haya que reconocer la desaparición de los agentes aconsejadores
de empleo, por una parte, y de la red de agentes tecnológicos de Andalucía por
otra, todo un monumento a la ingenuidad en el diseño de política tecnológica. Y
en cuanto a la tercera inercia, una particular interpretación moral de los
deberes de un Gobierno, el mejor ejemplo es el programa de Cooperación
Internacional al Desarrollo.
Daré sólo unos datos de éste último para ilustrar el
caso. Desde 2005 a 2012 hemos destinado 541,4 millones de euros a cooperación
exterior, a los que se sumarán los 44 millones de euros previstos para 2013. Es
decir, nos gastaremos en este propósito lo aportado por 14.923 declarantes de
IRPF (declaración promedio de 2010), lo cual debe llamar a reflexión aunque los
impuestos no sean finalistas. Este gasto ha sido una fracción de los
presupuestos correspondientes, es cierto, pero esto no justifica la solidaridad
forzosa a la que se obliga a los contribuyentes andaluces porque no hay un
resultado efectivo en términos de imagen-comunidad ni en términos de
facilitación a complementarios o ulteriores iniciativas empresariales, asunto
éste que era yuyu para la consejera responsable cuando se diseñó la cooperación
a principios de los años noventa. No dudo de que haya habido muchas personas
beneficiarias, además de los cooperantes profesionales, pero la verdad es que
nuestro esfuerzo es irrelevante en términos agregados. En 2010 el porcentaje de
lo aportado por Andalucía respecto a la ayuda internacional percibida por los
países objetivo osciló entre el 0,02% en Colombia y el 2,77% en Ecuador. En
Marruecos, el principal destino del gasto de ese año -después del realizado
aquí mismo-, significamos el 0,68% de la ayuda exterior que recibió.
La Agencia de Cooperación es, en sí misma, un caso
demostrativo de la teoría de la expansión del Universo. Contaba en la última
memoria que he consultado nada menos que con seis unidades especializadas,
debidamente apoyadas por nada menos que 14 departamentos, oficinas en el
exterior y ocho áreas especializadas; entre ellas la de igualdad de género ya
que este enfoque cuenta entre sus objetivos estratégicos.
El asunto no es sólo reducir su presupuesto como se
ha hecho en los últimos años, sino discutir -y probar- su verdadera utilidad al
margen de cualquier consideración moral. Para una comunidad escasa de recursos
lo razonable es animar y facilitar la acción privada de donación y cooperación,
sin ánimo de protagonismo, o tratar de obtener rendimiento de los recursos a
través de la acción empresarial andaluza en el exterior.
Los presupuestos financian diversas instituciones
que parecen ser imprescindibles para la salud democrática y aún intelectual de
la población, algunas de las cuales están santificadas en el Estatuto versión
2.0, al igual que la concertación social. Entre ellas el Consejo Audiovisual,
un remedo del catalán o coartada para justificarlo, que minuta toda emisión que
se produce en el territorio; el Consejo Económico y Social, bien poco
consultado en 2012 (dos anteproyectos de ley y uno de decreto) y cuyos informes
están inevitablemente coartados para no resultar inconvenientes a los agentes
sociales; el Consejo Consultivo, del cual animo al lector a leer su memoria
para que pueda formarse una opinión personal y, finalmente, el Defensor del
Pueblo andaluz, del que también es conveniente leer la memoria anual. No son
demasiado onerosos, es cierto, y el que más gasto conlleva es el Audiovisual
que llegó a percibir en los buenos tiempos casi ocho millones de euros, cifra
entonces próxima a la consignada para la Casa Real en los presupuestos del
Estado. Uno puede ser republicano, monárquico o mediopensionista, pero no puede
negar que el rendimiento institucional de esa Casa es bastante mayor que el de
aquel Consejo. Y el rendimiento de una institución es lo único que justifica la
exacción fiscal con la que se financia.
Otros casos de interés tiene el presupuesto andaluz
para 2013. Entre ellos la mención de unos cuantos observatorios y la anunciada
creación de alguno nuevo -sostiene Aguilar que hace falta un observatorio de
los observatorios, para ver si funcionan-, el propósito de crear siete nuevas
leyes, desarrollar algunas recientes y redactar diversos planes, entre ellos el
plan estratégico del trabajo autónomo, los planes de evaluación participativa
de las políticas públicas (algo es algo) y el plan director del uso de la
bicicleta ¡con dos pedales! Sin embargo, reformas de verdad no parece que hagan
falta por aquí ya que el presupuesto alude sobre todo a las reformas de
edificios públicos. Eso sí, es de agradecer que se nos precise una diferencia
memorable: "...recuperación de la Memoria Histórica referida a la Guerra
Civil y la posguerra, y la Memoria Democrática por lo que afecta a los
oprobiosos años de la dictadura". Queden claras las distintas memorias y
no caigan en el olvido unos años terribles. Es imprescindible para que algunos
puedan mantener el escaso discurso con el que afrontan el siglo XXI.
FUENTE: MÁLAGA HOY
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