REFORMA
EDUCATIVA Y FORMACIÓN ECONÓMICA
La crisis ha puesto de manifiesto, sin ambages, la
importancia de la dimensión económica de la realidad social. Nuestras altas
tasas de paro, los problemas para financiar el déficit público, el modelo de
gobernanza económica de la UE, las dificultades del sistema financiero, la
reforma del Estado del Bienestar, la necesidad de redefinir nuestro patrón de
crecimiento o la insuficiencia de iniciativas emprendedoras impulsoras de la
competitividad están en el centro de debate público.
Intrínsecamente, en las sociedades contemporáneas,
los ciudadanos toman decisiones económicas permanentemente, ya sea como
consumidores, empleadores, empleados, contribuyentes, usuarios de servicios
públicos, beneficiarios de prestaciones sociales, demandantes de servicios
financieros o como votantes. Sin embargo, paradójicamente, el sistema educativo
español no facilita una formación suficiente en un campo tan crucial.
Sorprendentemente, el reciente proyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no sólo no enmienda esta
carencia histórica sino que la empeora seriamente. Si no se modifica, dejará a
las enseñanzas económicas como el único gran ámbito científico que no dispone de
una materia específica durante la ESO, con lo que un ciudadano puede finalizar
sus estudios sin conocerlo y sin disponer de unas bases suficientes para
continuar su formación. En el caso del Bachillerato, el retroceso sería enorme,
ya que la enseñanza de Economía en 1º dejaría de ser materia de modalidad
obligatoria en el itinerario de Ciencias Sociales, para ser sustituida por
Literatura Universal. Analicemos brevemente la trascendencia de la propuesta
ministerial.
En 2006, la Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente
replantea en la UE los procesos de enseñanza-aprendizaje para adaptarlos a la
sociedad global y concretar la Estrategia de Lisboa. El texto define
competencias que fueron incorporadas a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a
las enseñanzas mínimas de ESO en España entre 2006 y 2007 por el Ministerio de
Educación, y que no se modifican en el proyecto de LOMCE presentado.
Entre ellas, se encuentra la competencia titulada
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, que en España pasó a
denominarse Autonomía e iniciativa personal, sin que la LOMCE enmiende la
reorientación. De todas las competencias, nuestras autoridades educativas sólo
reformularon esta para despojarla de toda mención a la alfabetización económica
o a la formación para el desarrollo de iniciativas emprendedoras empresariales
y asociativas que expresamente proponía la UE, y que hubiera obligado a
concretarla en una materia con carga lectiva dirigida a todo el alumnado en la
ESO. El Ministerio optó por enunciarla como una serie de habilidades
individuales y sociales extremadamente genéricas.
Asimismo, en 2005, la OCDE aprobó una Recomendación
referida a la necesidad de desarrollar la educación financiera para que
alcanzara a toda la población y que ha cobrado sentido pleno con la crisis
financiera. En 2012, elaboró un documento justificativo de la inclusión en PISA
de la evaluación de la educación financiera, que menciona razones de eficiencia
y equidad que avalan su promoción entre los adolescentes.
La internacionalización del sistema financiero y la
extensión de las TIC configuran un entorno muy complejo en el cual los
ciudadanos toman decisiones financieras que afectarán a sus ahorros, sus
inversiones, y su desarrollo personal y profesional, ya desde su primera
incorporación a la vida académica y laboral. En segundo lugar, las
investigaciones realizadas sugieren que existe un vínculo entre la educación
financiera recibida y el grado de formación de la familia de origen, de modo
que tienen mayor educación financiera quienes proceden de familias con mayor
nivel de renta, por lo que es importante ofrecerla a través del sistema
educativo desde edades tempranas a quienes de otro modo no accederían a la
misma.
Así, los contenidos evaluados en PISA 2012 incluyen
un amplio recorrido por diferentes temas como las funciones y el valor del
dinero, el reconocimiento de los medios de pago, el papel de los intermediarios
financieros, el sentido del ahorro y del endeudamiento y su planificación, la
distinción de los diferentes productos financieros, el papel del tipo de
interés, y los derechos y deberes que como consumidores e inversores tienen los
ciudadanos. Además, examina capacidades procedimentales y actitudinales en los
procesos de toma de decisiones financieras. La complejidad de estas dimensiones
y la profundidad con la que se pretende determinar el grado de desarrollo de
esta competencia contrastan con el hecho de que en los niveles obligatorios del
sistema educativo español no existe presencia alguna de estos contenidos
impartidos por profesorado especializado en Economía.
Ante la LOMCE
Finalmente, la situación puede agravarse si prospera
la propuesta de la LOMCE de que la Economía pierda su mencionada condición de
materia obligatoria. En este caso, a los argumentos ya descritos hay que añadir
el de que pedagógica y propedéuticamente este planteamiento es completamente
incoherente. Desde el primer punto de vista, porque la Economía es una de las
disciplinas esenciales de las Ciencias Sociales sin la cual el alumnado -la
mitad de todo el que estudia la etapa- no obtendrá una visión completa de la
realidad en la que se está especializando.
En relación con las finalidades del propio
Bachillerato, porque no se organiza el currículum para que los futuros
estudiantes de grados o ciclos formativos de nivel superior obtengan formación
preparatoria en una materia que es troncal en todas sus áreas de
especialización y que viene teniendo una amplia demanda por parte de los propios
alumnos.
La crisis económica nos deja la enseñanza de que las
reformas estructurales no son aplazables. El proyecto está en fase de discusión
y el Ministerio debería atender a las necesidades sociales y del sistema
educativo, así como a las competencias del alumnado en un mundo globalizado,
desde una perspectiva en la que primen los intereses de la sociedad en su
conjunto.
La ciudadanía activa, crítica, informada y
cualificada, capaz de emprender proyectos y gestionarlos, no se improvisa, y
configurarla adecuadamente requiere una implicación coherente de las
autoridades educativas. Dada la trascendencia de la vertiente económica para la
sociedad, una nueva marginación de la misma en el sistema educativo
significaría perder una oportunidad histórica que acarrearía elevados costes,
visibles e invisibles, para nuestro porvenir. Aún estamos a tiempo de
remediarlo.
José M. Domínguez y José Antonio Molina. Catedrático
de Hacienda Pública, Universidad de Málaga y profesor de Economía en el IES
Emilio Prados, Málaga. Presidente de la Asociación Andaluza de Docentes de
Economía en Secundaria.
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