ESTIMADO AMIGO
Estimado
amigo:
Le hago
llegar las propuestas para llevar a cabo una campaña en defensa del sector
público. Para ello considero que debemos concentrarnos en dos objetivos, la
reforma política y la erradicación de la economía sumergida, pues ambos están en
la génesis de la situación actual, los políticos por su mala gestión, que ha
generado endeudamiento público, y la economía sumergida porque retrae ingresos;
la conjunción de los dos factores facilita la privatización de los bienes
públicos.
1º. Urge una
reforma política en España. En España hay 79405 políticos que nos cuestan
anualmente 2800 millones de euros, entre sueldos y gastos de representación, y
que están distribuidos del siguiente modo:
54
parlamentarios europeos, 259 diputados, 366 senadores, 1206 parlamentarios
autonómicos, 1031 diputados provinciales, 139 responsables de Cabildos y
Consejos insulares, 13 consejeros del Valle de Arán, 8116 alcaldes y 68230
concejales.
Hay 8116
Ayuntamientos, la mayor parte de los cuales no alcanza los cinco mil
ciudadanos, y muchos de ellos ni llega a los mil, cuando, según cálculos de la
UE, para que un Ayuntamiento sea sostenible precisa contar con un mínimo de
veinte mil ciudadanos. ¿Qué ocurre cuando la cifra es sensiblemente inferior?
Pues que los ingresos no alcanzan para pagar los escandalosos salarios y dietas
de alcaldes, concejales y tropa de oposición, por lo que el Ayuntamiento se
endeuda, y para hacer frente a las deudas se embarra de corrupción. Los
políticos se oponen a la reducción de Ayuntamientos porque los Ayuntamientos
son la principal fuente de ingresos de los partidos políticos, y de
financiación de amigos en ONG, fundaciones y asociaciones varias, además de
favorecer la privatización de los servicios públicos al endeudarse.
Por lo
tanto, el primer paso es acometer una reforma de la Administración Local, de
tal modo que se reorganice el mapa municipal estableciendo nuevos municipios
cuyos Ayuntamientos abarquen un mínimo de veinte mil ciudadanos.
El segundo
paso lo constituyen las Diputaciones. Su función se solapa con el Senado, por
lo que uno de los dos sobra; o bien las Diputaciones se disuelven y su función
pasa a ser desempeñada por el Senado, o bien se suprime el Senado y su función
legada a las Diputaciones y Parlamentos uniprovinciales.
El tercer
paso es la reducción del número de parlamentarios regionales y congresistas,
aumentando las circunscripciones.
El cuarto
paso está en regular por Ley el salario de los políticos, de tal modo que sea
similar al de un contratado laboral de la Administración, del grupo A o B,
según casos.
El quinto
paso es la elección directa de los políticos, única garantía de que se les
puede exigir responsabilidades penales y patrimoniales; puesto que los
ciudadanos han sido los que los han elegido, y no los propios partidos, como
sucede actualmente, los ciudadanos tiene todo el derecho de interponer una
acusación contra el político que han elegido si esta incumple su función.
El sexto
paso es establecer la ley de incompatibilidades, de tal modo que no puedan
desempeñar una actividad lucrativa mientras desempeñen su cargo político,
máxime habiendo parados.
El séptico
paso es la exigencia a los aspirantes a la política de un título que avale unos
conocimientos, para evitar el gasto que suponen los asesores.
El octavo
paso es la prohibición de poder estar más de dos legislaturas en la política.
El noveno
paso es la obligación de proceder el candidato de la Administración, o del
trabajo en una empresa sin vínculos con la Administración en los cinco años anteriores
a su ingreso en la política.
Menos
políticos suponen menos gasto público, menos endeudamiento y menos corrupción,
pues pueden fiscalizarse menos. Por lo que nos cuesta un político se pueden
tener varios médicos y profesores.
2º. En
España la tasa de paro llega al 26% y la economía sumergida llega al 23%. Si no
hubiese economía sumergida, la tasa de paro rondaría el 5%, similar al de los
países de la UE donde la economía sumergida es irrelevante. La reducción de la
tasa de paro supone mayores ingresos para las arcas públicas y menos gasto de
las mismas en prestaciones, lo que significa que habrá dinero suficiente para
las prestaciones públicas -no hay argumentos para su privatización- y no podrán
llevarse a cabo reformas laborales -no hay razones para las mismas-.
La economía
sumergida por un lado y el fraude fiscal por otro, son los causantes directos
del despido del personal público por falta de recursos.
Los
políticos no erradican la economía sumergida, incluso ellos y sus medios de
comunicación la consideran un tema tabú, puesto que gracias a la misma pueden
llevar a cabo reformas laborales y privatizaciones; además, la erradicación de
la economía sumergida podría hacerles perder votos entre los involucrados en la
misma.
¿Dónde se
concentra la economía sumergida?
Hasta el
inicio de la crisis la economía sumergida se concentraba en la construcción y
sectores afines -albañilería, fontanería...- así como en la industria. Pero
desde entonces, la economía sumergida se concentra en más del 90% en el sector
primario, empleo doméstico y hostelería.
Además se da
un agravante sangrante, como es el de permitir que los prejubilados y jubilados
estén realizando actividades lucrativas, las más de las veces en la economía
sumergida (en Asturias se concentran en la ganadería), con el agravante de que
una parte de los mismos lograron la pensión con triquiñuelas por incapacidad
-si a los dos años un nuevo tribunal médico realizase una revisión la mayor
parte estarían capacitados para trabajar-, una vez lograda, sin ir a Lourdes,
curan milagrosamente de su incapacidad para el trabajo pasando a desempeñar
trabajos que las más de las veces les exigen mayor esfuerzo físico.
Todo ello ha
condenado a la ruina y al paro a millones de autónomos, que no han podido
competir con quienes ni cotizan a la SS, ni declaran a Hacienda, ni cobran IVA,
y que millones de parados no puedan acceder a un puesto de trabajo.
Por todo
ello, le hago llegar estas propuestas para que, conjuntamente los interinos,
eventuales y funcionarios de todos los estamentos -yo soy interino del SESPA-,
de todas las regiones, aunemos fuerzas y pongamos sobre la mesa de los
políticos estas exigencias. Antes de recortar personal que lleven a cabo lo
anteriormente expuesto.
Puesto que
los sindicatos han fracasado, cuando no nos han vuelto la espalda, lo que
tenemos que hacer es poner en marcha una asociación que actúe como una sola voz
en toda España de todo el personal público amenazado de recortes.
Un saludo WW
José María
Álvarez Álvarez
Trubia-Asturias
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