EL HONOR PERDIDO DE FLAYEH AL MAYALI
Después de
más de un cuarto de siglo de experiencia profesional sé que el peor día de mi
vida coincidió con la identificación del cadáver de mi amigo Miguel Gil en la
morgue de Freetown (Sierra Leona) en mayo de 2000. Sé qué otros días han sido
muy amargos y sé que algunos de estos días han coincidido con el caso Flayeh al
Mayali, traductor detenido hace nueve años en un acuartelamiento español en
Iraq.
Ayer fue uno
de esos días fatídicos que uno no quisiera vivir. A las ocho y media de la
mañana, mientras veía la carrera de Fórmula1 en Burgos, me enteré de que el
diario El País difundía un video con pruebas del maltrato de un prisionero
iraquí por parte de soldados españoles. La información, que arrancaba en
primera, iba firmada por Miguel González.
Durante la
siguiente hora volqué todo mi genio e indignación en decenas de tweets,
provocando un gran debate en la red. En resumidas cuentas acusé a El País de
presentar informaciones del trato inhumano y degradante a prisioneros en la
base española de Diwaniya con muchos años de retraso.
Durante la
mayor parte de la mañana no pude contestar los centenares de mensajes que me
llegaban por twitter, facebook y correo electrónico porque estaba impartiendoun
taller en la capital burgalesa. Sólo al regresar a Zaragoza por la tarde me di
cuenta del impacto que mis comentarios habían producido.
Ahora, en la
madrugada, empiezo a escribir este texto después de rechazar al menos una
quincena de entrevistas (cuatro en diferentes televisiones) para hoy lunes y
enterarme de que mi cuenta de twitter se ha reforzado con 5.000 seguidores más
en apenas unas horas.
Quiero
explicar las razones que me llevaron ayer a criticar con dureza a El País y
también a su redactor Miguel González. Sé que este artículo no me va traer más
que disgustos, pero creo sinceramente que el ciudadano tiene derecho a conocer
cómo los temas se ajustan a agendas preconcebidas que nada tienen que ver con
el periodismo tal como yo lo siento diariamente desde que empecé en este oficio
hace ya casi treinta años.
El sábado 10
de abril de 2004, una persona me preguntó en un hotel de Bagdad si conocía a un
traductor llamado Flayeh al Mayali. Al confirmarle que sí, me dijo que había
sido detenido en Diwaniya el 22 de marzo de 2004 y trasladado a un lugar
desconocido.
Durante
nueve meses de 2003 Flayeh al Mayali fue el traductor de más de media docena de
periodistas de El País que se turnaron en la cobertura de Iraq. Como yo
acompañé a tres de ellos durante más de dos meses, lo conocía perfectamente y
sabía que había establecido una relación muy estrecha con los periodistas.
Incluso un par de ellos habían pasado algunos días en la casa de su familia en
Al Hamsa, a unas decenas de kilómetros de Diwaniya.
Aquella
persona me mostró dos documentos importantes e inquietantes: la diligencia de
comunicación en la que se acusaba a Flayeh al Mayali de ser “colaborador
necesario” en el atentado contra los siete funcionarios del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), ocurrido el 29 de noviembre de 2003, y un certificado de
entrega a la policía militar estadounidense en un lugar sin especificar cuatro
días después de ser detenido.
Me trasladé
urgentemente a la casa donde residía, desplegué el teléfono satélite de la
Cadena Ser, medio con el que trabajo desde hace casi 20 años, y llamé a
Diwaniya. Tuve que enfadarme con varios soldados hasta que se puso el responsable
de comunicación de la Brigada Plus Ultra, Guillermo Novelles.
Le dije que
necesitaba confirmar los datos de la detención. Después de darme largas me
pidió que le llamase en dos horas. Pasado ese tiempo y, después de mucho
insistir, me leyó tres párrafos que confirmaban los hechos. Esa misma noche
grabé una crónica para el matinal de la SER del domingo 11 de abril de 2004.
A la mañana
siguiente llamé a la radio para ampliar la información y me llevé la primera
sorpresa: El País había publicado los tres párrafos exactamente iguales a los
que me habían dictado desde Diwaniya.
Me
sorprendió la celeridad tratándose de un sábado por la noche cuando los diarios
están cerrando páginas sin parar. De hecho, llamé a Diwaniya y le dije al
teniente coronel Novelles que me parecía muy feo que se hubiese filtrado una
información que yo había recopilado en Bagdad a periodistas que estaban en
Madrid.
Antes del
mediodía conseguí que El País aceptase un artículo más amplio después de largas
conversaciones. Llevaba años sin trabajar con ese diario, pero Al Mayali había
sido su traductor y pensaba que el impacto de un artículo podría acelerar la
apertura de una investigación. También lo publicó Heraldo de Aragón.(
http://elpais.com/diario/2004/04/12/internacional/1081720805_850215.html)
El mismo
lunes 12 de abril viajaron desde Diwaniya hasta Bagdad Ryad al Mayali, hermano
del detenido, y Haider al Ryad, sobrino y conductor de Flayeh que también fue
retenido e interrogado en la base española.
Haider me
dijo que las preguntas de los interrogadores españoles giraron sobre el origen
del dinero que manejaba su tío. “Me resultaban curiosas. Tenían que saber que
mi tío había firmado una quincena de contratos con el ejército español”, me
contó Haider. El muchacho me aseguró que había sido golpeado en el cuartel,
pero yo preferí no publicar este dato hasta no conseguír la versión de los
militares españoles.
Empecé a
escribir un artículo titulado “Sin noticias del traductor detenido” y llamé a
El País. Hablé con su subdirector Felix Monteira, al que consideraba un buen
profesional. Le comenté que algo grave estaba pasando y que me parecía lógico
que El País publicase el texto al mismo tiempo que Heraldo de Aragón, medio con
el que trabajo desde 1987.
Me dio
largas y dos días después me contestó que “no podemos publicarlo sin la versión
militar”. Le insistí que el tiempo corría en contra de su antiguo traductor,
que era importante que “se pusiesen las pilas en Madrid” y buscasen la
información oficial. Se trataba de levantar el teléfono y llamar al Ministerio.
Ante la evidente falta de interés lo publiqué el domingo 18 de abril de 2004 en
Heraldo de Aragón.
Un día
después, el lunes 19 de abril de 2004, se iniciaba el primer gobierno liderado
por José Luis Rodríguez Zapatero. El 14 de mayo mandé una carta a Roberto
López, recién nombrado jefe de gabinete del ministro José Bono.
Después de
presentarme le comenté que Al Mayali llevaba 50 días detenido en un lugar
desconocido. “Aunque sé que es un problema heredado del gobierno anterior, me
gustaría que se interesase por la situación del prisionero y me informase de
cuáles son los cargos contra él”, le expliqué y le recordé que sería “un hecho
muy grave si hubiese sido torturado o víctima de trato inhumano y degradante”.
Después de
esperar dos semanas y llamar decenas de veces al ministerio, un funcionario me
mandó el 31 de mayo de 2004 a las 13,16 un fax con información supuestamente
suministrada por el CNI. Se reconocía que habían sido identificadas varias
personas “que podían haber participado en la organización de la emboscada” que
costó la vida a los siete miembros de la inteligencia militar española y se
aseguraba que “tales personas habían sido entregadas a las fuerzas de la
coalición internacional para su puesta a disposición judicial”.
En julio de
2004 coincidí en Gijón con José Manuel Romero, entonces redactor jefe de la
sección Nacional de El País y hoy uno de sus subdirectores. Hablamos largo y
tendido sobre el caso Flayeh al Mayali y le rogué que lo investigasen. “Tenéis
muy buenos contactos en el Ministerio de Defensa y el CNI”, le dije después de
recordarle en varias ocasiones que el hombre detenido había sido traductor de
su diario. También le comenté que había muchas posibilidades de que Al Mayali
hubiese sido maltratado durante su cautiverio en Diwaniya. El 19 de julio de
2004, a las 13,44 minutos de la tarde, le mandé el texto publicado en Heraldo
de Aragón tres meses antes. Sólo quería convencerle de la gravedad del caso.
Entonces ya
tenía datos que no sólo ponía en duda la versión oficial sino que echaba por
tierra la supuesta (¿ficticia?) investigación del CNI en Iraq. Una fuente de
absoluta solvencia me informó que se estaba cometiendo una injusticia con Al
Mayali, que no existía ninguna prueba contra él, que estaba siendo utilizado
como chivo expiatorio y, que además, estaba siendo perjudicando por el manto de
silencio. Esta persona me confesó estar muy sorprendida del desinterés de
algunos diarios, incluido El País.
Unas semanas
después recibí una llamada de Miguel González. Quería saber si tenía más datos
sobre la situación de Al Mayali. Me pidió que le mandase los documentos que
había conseguido en Bagdad. Le aseguré
que el detenido tenía una relación contractual con la Brigada Plus Ultra que le
había permitido ganar varias decenas de miles de dólares. Le insistí en que
podía haber sido golpeado durante su detención.
El domingo
28 de noviembre de 2004 Miguel González publicó un reportaje en El País
coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de los agentes secretos.
En el texto dio vía libre a la versión del CNI repleta de mentiras: “Al Mayali
se habría jactado ante varias personas de su intervención en la muerte de los
agentes y habría manejado grandes sumas de dinero de origen incierto”.
Meses antes
no se pudo publicar mi texto porque no tenían la versión del Ministerio de
Defensa y ahora publicaban la manipulación del CNI sin problemas. Lo que más me
indigno a mí y a varios compañeros de El País es que Miguel González sabía que
Al Mayali había firmado varios contratos con el ejército español. Hubiese sido
muy fácil desenmascarar al CNI.
Ni siquiera
mencionó que su detención arbitraria violaba varios artículos de la Convención
de Ginebra en su cuarto protocolo, un hecho muy grave que afecta al ejército, al
estado español y, con ello, a todos los ciudadanos de este país.
Jamás Flayeh
se había jactado ni en público ni en privado de su intervención en la muerte de
los agentes. No he encontrado ningún testimonio en esa línea a pesar de que he
preguntado a decenas oficiales de la Brigada Plus Ultra durante todos estos
años. No hubiese sido lógico ya que Al Mayali continuó trabajando con los
militares hasta el mismo día de su detención, más de tres meses después del
asesinato de los agentes del CNI.
Ya entonces
El País estaba obligado por motivos profesionales, éticos y morales a seguir
este caso, algo que evidentemente no hizo. Pudo haber utilizado su gran
influencia para ayudar a resolver el caso de un antiguo trabajador-colaborador
del diario. Con acceso directo al Ministro de Defensa y a los miembros de su
gabinete, pudo haber influido muy positivamente en la resolución de aquel
escandaloso caso. Con acceso directo a fuentes de alta solvencia en el Centro
Nacional de Inteligencia, pudo haber recopilado más información de la que
tristemente publicó Miguel González.
En resumidas
cuentas, El País incumplió con el deber de informar a sus lectores sobre la
historia de su traductor-colaborador, de investigar de forma independiente un
caso en el que estaba afectado profesionalmente, pero también ética y
moralmente y, con su proceder, posiblemente permitió que Al Mayali pasase
varios meses en la cárcel.
Al Mayali
fue liberado el 17 de febrero de 2005, once meses después de ser detenido. En
una entrevista telefónica realizada por este periodista, el traductor acusó “a
sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos
golpes, insultos y amenazas de muerte” mientras una capucha cubría su cabeza
durante tres días. Heraldo de Aragón, La Vanguardia y la Cadena Ser dieron
rienda suelta a sus declaraciones.
El ministro
José Bono no perdió ni un segundo en negar las acusaciones de malos tratos a
pesar de que habían ocurrido durante la etapa anterior durante un gobierno que
había sido capaz de entregar cambiados a sus familiares los restos de los
militares muertos en el accidente del Yak 42.
Bono informó
que había documentos firmados por el propio Al Mayali en los que reconocía que
no había sido vejado. El traductor me aseguró que le habían obligado a firmar
una serie de papeles sin dejárselos leer.
Bono había
pedido a varios periodistas de medios ideológicamente cercanos al PSOE, entre
los que estaba Miguel González, que evitasen criticar cualquier situación
relacionada con la misión española o estadounidense ya que la tensión con
Estados Unidos había aumentado tras la orden del presidente Zapatero de
retirarse de Iraq.
Este periplo
acrítico duró hasta el agotamiento de los dos gobiernos de Zapatero a pesar de
que Amnistía Internacional ya investigaba otros casos de posibles torturas en
Diwaniya. Yo mismo publique los nombres de otros ocho detenidos golpeados en un
reportaje en julio de 2007 junto a los contratos de Al Mayali firmados con el
ministerio de Defensa.
Para Miguel
González y El País tampoco fue noticia que el traductor acusase al CNI en un
texto escrito por mí en Heraldo de Aragón y La Vanguardia de “intentar comprar
su silencio” años después de su liberación.
Tampoco les
pareció apropiado investigar por qué el juez Fernando Andreu no quiso reabrir
el caso de los siete agentes secretos asesinados cuando el traductor había sido
detenido como “colaborador necesario” en el atentado más grave sufrido por
militares españoles desde que empezaron las misiones internacionales.
El
sobreseimiento temporal dictado por el juez Andreu afirmaba decía que se
volvería a abrir el caso “si existiesen nuevos datos referidos a la identidad
de los autores, de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos
denunciados”.
A El País y
a Miguel González tampoco le pareció pertinente preguntar en entrevistas
(¿pactadas?) a Jorge Dezcallar, que era director del CNI cuando mataron a los
siete agentes, su opinión sobre lo que había ocurrido a pesar de que yo mismo
escribí que el propio Dezcallar había confesado a amigos cercanos que “su peor
error fue dejar a los agentes en Iraq tras la caída del régimen de Sadam
Husein”. Ese error le debería haber
costado la carrera diplomática. En cambio fue nombrado embajador en El Vaticano
y Estados Unidos.
A El País y
a Miguel González tampoco le pareció extraño que el general Fulgencio Coll, el
máximo responsable de Base España en Diwaniya durante las semanas en que se
produjo la detención de Al Mayali y decenas de iraquíes, siguiese subiendo en
el escalafón hasta uno de los puestos máximos de las Fuerzas Armadas cuando ya
había dudas sobre la ejemplaridad de algunos soldados y miembros del CNI en ese
acuartelamiento.
Cuando ayer
vi el video y leí la información firmada por Miguel González en El País sentí
de repente todo el silencio que durante años he sufrido mientras llamaba a las
puertas de periodistas, jueces, abogados, ministros, parlamentarios, activistas
de derechos humanos recordándoles que un iraquí decente era víctima de una gran
injustica provocada por la irresponsable actuación de funcionarios públicos de
mi país.
A Flayeh al
Mayali le pasó como a Katharina Blum: fue acusado de ser cómplice de un crimen
que no cometió y fue sometido a interrogatorios denigrantes por agentes sin
escrúpulos que carecían de una sola prueba contra él.
Nunca
afirmaré que la actuación de la prensa española (especialmente El País por el
hecho de que se trataba de un antiguo traductor) fuese similar a la descrita
por el gran escritor alemán y Premio Nobel de Literatura, Heinrich Böll en su
libro “El honor perdido de Katharina Blum”.
Pero sí
afirmo que la vida obliga moralmente a tomar decisiones en determinadas
ocasiones para recomponer el honor perdido de un ciudadano. Y eso, sin duda, no
se hizo por lo que, al mismo tiempo, El País también mancilló su propio honor.
PARA MÁS
INFORMACION:
http://blogs.heraldo.es/gervasiosanchez/?p=129
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/20/losdesastresdelaguerra/1237564511_117480.html
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