JUSTICIA Y POLÍTICABusco en la web la definición de justicia. Y según el culmen de la sabiduría, es decir, la wikipedia, “La justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común. Es un valor determinado por la sociedad.
Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”. Según tal definición, la justicia busca el establecimiento de un marco democrático que evite el incumplimiento de las normas. Los ciudadanos deben acatar tales normas.
Por lo que leo últimamente en nuestro país, los políticos no siguen esta regla. El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha asegurado que su partido "no acatará" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto si dicha sentencia supone un nuevo "recorte" del texto. Mientras, Rajoy, en una entrevista en Onda Cero, ha apuntado que “apoyará a Camps aunque el Tribunal Supremo le impute en la trama…
¿Qué país es este donde algunos de nuestros representantes políticos se niegan a acatar la justicia? Gürtel, Munar, Santa Coloma de Gramenet, Marbella, Alhaurín el Grande, la Axarquía, etc. La acumulación de casos de corrupción en España no para. Según información de el País de Noviembre de 2009, la Justicia española tramita 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción.
¿Tienen los ciudadanos conciencia real de tales casos de corrupción? Muchos ven la corrupción como algo normal e incluso legitiman con su voto los casos de corrupción. En Valencia una reciente encuesta otorga una nueva mayoría absoluta al presidente del Partido Popular, el señor Camps. ¿Por qué no hay respuesta ciudadana a los continuos casos de corrupción que vive nuestro país? En nuestro país, 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE, 200 contra miembros del PP, 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), siete de Unión Mallorquina, cinco de Esquerra Republicana de Catalunya, tres del Bloque Nacionalista Galego, otros tres de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
Lo normal sería pensar en las protestas de la ciudadanía contra estos actos delictivos. En la respuesta ciudadana a través de las urnas. Sin embargo, en más de una ocasión los alcaldes imputados reciben el apoyo incondicional de sus conciudadanos. ¿Qué enfermedad es esta que nos hace recibir con alegría a aquellos que se enriquecen a costa del dinero de otros?
¿No se puede apostatar de una sociedad enferma?
ResponderEliminarY todo continúa igual.
Y uno se siente inerme e indefenso.
¡Qué asco¡. Y los jubilados y funcionarios pagando los platos rotos de unos ineptos y, además, corruptos.