La lengua que nos une a cerca de 500 millones de hispanohablantes,
debe quedar fuera de la política. La política interesada y miope, termina
haciendo que la lengua nos separe y
discrimine. La justicia que interviene, no
se aclara. ¿Es independiente y libre?
¿Se imaginan lo que es vivir en un país,
o en determinado territorio de ese país en el
que te hacen sentir extraño, discriminado y maltratado por no poder usar
tu propia idioma? Sí, el mismo que vio nacer esa misma lengua que es hablada en
el mundo por 500 millones de hombres y mujeres, es España.
Años de autonomía política insaciable,
condescendiente primero con el nacionalismo, hoy en algunos lugares se ha
convertido en abiertamente independentista. Hay 17 parcelas de territorio
nacional. Y cada una con su presidente,
su gobierno y su parlamento. Se utiliza el poder y los poderes, pero también el
dinero de todos, haciendo de la lengua el estandarte para llegar a donde haga
falta. Pongamos como ejemplo a Cataluña.
Ha gobernado el PSOE hasta hace poco. Ahora gobierna el nacionalismo con apoyo del PP.
El actual Presidente Artur Mas, acaba de decir que Cataluña tiene
derecho a tener "las estructuras y poder que le permitan garantizar su
viabilidad como país, su identidad, lengua, aspiraciones de futuro y
sueños" en la UE.
Viene esta afirmación a cuento de que ha
habido un órdago a la grande con la lengua: con la “inmersión lingüística” en
la enseñanza; con la obligación de rotular en catalán de forma absoluta y
excluyente, multando incluso a los disidentes etc. Por supuesto el conocimiento del catalán en Cataluña está
muy bien, pero una cosa es el conocimiento de la lengua catalana y otra cosa su
imposición única y exclusiva en esa comunidad, y de usarla como una herramienta
discriminatoria para el acceso al trabajo en centros oficiales.
Hay que tener en cuenta que en las 4
provincias catalanas hay, por supuesto, castellano hablantes; también hay
inmigrantes; y puesto que es una zona
turística de primer orden, muchos extranjeros. El turismo que visita Cataluña
puede provenir de otros lugares de España y también de otros países.
El ciudadano castellano hablante ha sido
ignorado, cuando no sencillamente despreciado. El residente hispano hablante,
en Cataluña, al no verse amparado ni respetado en sus derechos no ha tenido más
que dos opciones: abandonar Cataluña (si su trabajo, familia y estatus se lo
permitían) o recurrir a la justicia. (La tercera vía era plegarse a las
exigencias del poder y muchos lo han hecho).
El ciudadano, para su
sorpresa, su asombro o su decepción, se
han dado cuenta que en esta Babel Autonómica, hay ciudadanos de primera y de los
otros. (Se ha denunciado que La Generalitat esconde la casilla del castellano
en la preinscripción escolar). Y que también hay dos justicias. Aún más, -es terrible-: la justicia no es igual para todos
como proclama el artículo 14 de la Constitución: “los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. ¿No
es discriminar si no puedes usar tu propio idioma?
Por lo menos 800 familias solicitaron,
en Cataluña, que sus hijos recibieran la enseñanza en castellano, como lengua vehicular,
ya que en este territorio se adoptó el catalán como lengua para recibir la educación. Como no se les
hizo caso, algunas familias (3 por lo menos) optaron por recurrir a la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no les dio la razón. Recurrieron
entonces al Tribunal Supremo y éste
anuló una sentencia del TSJC y estimó la demanda de los padres. Es más, ordenó
a la Generalidad (gobierno catalán) que adaptase su sistema educativo a la
doctrina del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en el sentido de
que el castellano debe ser también lengua vehicular en Cataluña. Ambas lenguas
son cooficiales.
Pero eso no ha dejado resuelto el tema. El presidente del TSJ de Cataluña,
Miguel Ángel Gimeno, cree que la
sentencia sobre la inmersión lingüística del catalán solo afecta a los
denunciantes. Para él, la sentencia solo da respuesta a la demanda de
las familias denunciantes y no cuestiona el modelo de inmersión lingüística.
El Magistrado José Luis Requero también es de
esa opinión. Según Requero lo que hace el tribunal es darle la razón a los
padres y “limita a ellos su pronunciamiento para que la Generalidad garantice
que sus hijos recibirán enseñanza en castellano, pero no juzga el sistema de normalización porque no se
juzga el sistema de enseñanza en catalán”.
Las cosas
deberían cambiar, pero unos y otros piensan recurrir. Antes, ahora y mientras,
los niños son usados como moneda de cambio, irán creciendo, y cuando llegue una
respuesta práctica, pueden ser abuelos. Mientras
llega ese día se debe tener en cuenta que, casi peor que la inmersión obligatoria en
catalán en la enseñanza, es el adoctrinamiento ideológico que se está
produciendo vía oficial en la práctica y vía medios de comunicación.
Cierto que como
dice el Magistrado Requero esa sentencia “directamente no ha juzgado el sistema
de inmersión, pero lo resuelto para esos padres es lo que deberá hacer la
Generalidad si otros lo piden. Se ha modulado el sistema y se han
abierto muchas posibilidades para la libertad”.
Jurídicamente es así. Y políticamente encantados de que sea así.
Pero la
sociedad civil, los ciudadanos de a pie, se pregunta si los derechos “hay que
pedirlos” a los gobernantes, o si cada familia tiene que “demandar” a los
políticos ante los jueces, para que se le conceda la libertad de ejercer sus
legítimos y constitucionales derechos. ¿No sería más razonable que se sacaran
las consecuencias lógicas de la sentencia, por el bien de los ciudadanos y no
que los políticos se limitasen a acatar las leyes en los estrictos límites del
pleito? Lo que se teme la ciudadanía, es
que el acatamiento teórico no se traduzca en hechos. ¿No se puede sentar
jurisprudencia hasta que se resuelvan
las demandas de todos los castellano hablantes que ”lo pidan”? ¿Quién tiene que hacer cumplir las decisiones judiciales? o mejor,
¿qué consecuencias se derivan del
incumplimiento? Para el ciudadano está claro, pero ¿y para los gobernantes? Lo
digo porque el Departamento de Educación "no ha acreditado
haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo" que le obliga a
garantizar la escolarización en castellano de las tres familias que
recurrieron.
Acaban de
preguntar al recién estrenado ministro de Educación, José Ignacio Wert que es quien marca la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno de la nación
en materia educativa, si considera que
es inconstitucional el modelo de inmersión lingüística que planeta Cataluña. Estas
han sido sus palabras: “No soy quién para considerarlo porque
hay una sentencia del Constitucional y varias del Supremo en las que se considera conforme a la Constitución la
inmersión lingüística en Cataluña siempre
y cuando no atente contra el derecho de recibir educación en castellano como
lengua vehicular a quien lo solicite. Ahora se habla del auto del TSJ de
Cataluña, pero se pierde de vista que es un auto que no es firme, porque puede
recurrirse, y que no entra en el fondo de la cuestión”.
Pero, como nosotros hemos dicho, la
calle se pregunta por qué Cataluña nunca
obedece la jurisprudencia ya existente. Es verdad que tiene transferida la
competencia en educación, pero algo tendría que decir el ministro de la nación,
y sus palabras han sido:
“Que las familias tienen derecho a que sus hijos estudien en castellano. Eso es lo que han dicho los tribunales”.
“Que las familias tienen derecho a que sus hijos estudien en castellano. Eso es lo que han dicho los tribunales”.
Cierto. Pero ¿se refiere a tres familias como opinan los jueces, o
todas las familias que lo deseen?
Esta es la cuestión y esto es lo que hay
que garantizar, señor Wert. Y tanto los jueces, como los gobiernos tienen que
saber que, para educar a los niños, mañana es ya tarde. Lo que se desprende de
toda esta polémica es que los políticos se van a seguir enrocando en torno a la
justicia, olvidándose de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los
intereses políticos, los pactos y los apoyos necesarios en Cataluña y Madrid
han jugado siempre en contra del ciudadano. Ahora, añadirán además, que no hay
dinero, aunque se siga malgastando en embajadas, traducción al catalán de
películas, aunque los cines estén vacíos, etc. Pese al tiempo transcurrido, no
parce que haya verdadera voluntad de solucionar el problema. No nos engañemos.
El castellano es maltratado en Cataluña, pero principalmente lo es, el
ciudadano, rehén del negocio político-nacionalista. Lo cual no deja de ser una
burla democrática.
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