LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Los
funcionarios públicos andaluces no somos responsables de la precaria situación
económica de la Administración andaluza, ni hemos vivido por encima de nuestras
modestas posibilidades económicas, ni hemos participado en el derroche de las
finanzas públicas, ni en la mala gestión que de las mismas se ha hecho. Sin
embargo, nos hemos convertido en el objetivo mas fácil e indefenso a la hora de
aplicarse ajustes y recortes tanto económicos como sociales. Concluyendo en
rebajas salariales sucesivas y pérdida de poder adquisitivo, mermando hasta un
punto insostenible nuestra viabilidad económica, el futuro de nuestras
familias, y nuestra propia dignidad como funcionarios de carrera de la Administración
Pública, que hemos accedido a la misma bajos los principios de igualdad, mérito
y capacidad. El 15 de mayo de 2012 en el Consejo de Gobierno se aprueba el Plan
Económico-Financiero de Requilibrio de la Junta de Andalucia 2012-2014, donde
se ha aprobado un nuevo recorte de nuestras retribuciones y de otra serie de
derechos y, antes de que se consume este nuevo atropello exigimos a las
autoridades de la Junta de Andalucía que lo eviten con la adopción de una medida
tan simple, como razonable y justa.
Esta
medida no es otra que la supresión en todo o en parte de las Entidades
Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía (Agencias,
Empresas Públicas, Entidades, Fundaciones...) y el despido del personal que no
haya accedido a la Función Pública por concurso-oposición u oposición. Este
nuevo sector ha propiciado la existencia de un empleo llamado “público”,
sobredimensionado, innecesario, insostenible económicamente, que duplica las
estructuras administrativas y que se creó a espaldas del Derecho Administrativo
incumpliendo los mandatos constitucionales de servicio objetivo al interés
general, eficacia, coordinación y acceso en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad. Dicha “Administración paralela” debe dejar de servirse de Andalucía,
devolviendo el protagonismo de la gestión pública a los que nunca debimos
perderla, es decir, a los funcionarios de carrera, con sometimiento pleno a la
objetividad y transparencia del Derecho Administrativo.
En
consecuencia, invocando la sujeción de las Administraciones Públicas al
principio de legalidad y haciendo uso del Derecho constitucional de petición
individual recogido en la L.O. 4/2001 de 12 de noviembre reguladora del Derecho
de Petición, en concreto, los artículos 1, 2 , 3 y concordantes de dicho Texto
Legal y otorgando la consideración de objeto de la petición a los efectos del
artículo 4 a las siguientes peticiones, procedo a enumerarlas: - Que se inste
la revocación del Acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado el 15 de mayo de 2012,
referente al Plan Económico- Financiero de Requilibrio de la Junta de Andalucía
2012-2014, en lo que respecta al recorte de gastos de personal.
-
Creación de una Comisión de
Investigación en el Parlamento de Andalucía donde de una vez se conozca el
numero de personas contratadas en las Entidades Instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía sin la concurrencia de los requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico vigente. Igualmente dicha Comisión deberá
recabar e investigar los expedientes instruidos para tales contrataciones, así como
funciones (funciones algunas que están reservadas por ley a los funcionarios de
carrera) tareas, encomiendas y salarios que perciben. Y esta petición la
realizo porque la rebaja de nuestras retribuciones se basa en buena medida en
el mantenimiento de los puestos de trabajo de estos trabajadores.
-
Que si la finalidad de los recortes a
los funcionarios se fundamenta en gran parte en la necesidad de mantener
innecesarios puestos de trabajo en las Entidades Instrumentales se inste a que
se permita a cualquier ciudadano el acceso a esos empleos mediante las
correspondientes pruebas selectivas de acceso público.
-
Que se inste la ejecución de las
Resoluciones que sobre la creación e integración del personal en las Entidades
Instrumentales estén recayendo, y que declaran su nulidad, advirtiendo que la
no ejecución en tiempo y forma de estas resoluciones judiciales podría encajar
en la figura de la prevaricación por omisión.
-
Que se inste la paralización de
cualquier procedimiento tendente a la integración y fijeza del referido
personal en tanto no se resuelvan definitivamente los procedimientos judiciales
abiertos.
-
Que se inicie un amplio proceso de
regeneración y racionalización de la Administración Andaluza que culmine con el
verdadero ajuste que requiere el sector público andaluz, cual es su
sometimiento a los mandatos constitucional y estatutario de servicio objetivo
al interés general, recuperando al Derecho Administrativo y a los funcionarios
de carrera, como centro de la gestión pública andaluza.
Hay una cuestión de fondo en esta crisis que parece pasar desapercibida y es lo que da lugar a que la élite sabedora de nuestra debilidades, aproveche para someternos, que no es otra cosa, que nuestro egoísmo, nuestra indiferencia hacia las necesidades de los demás, a procurar solo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, el favorecer a unos, frente o contra todos los demás, y no importarnos las consecuencias de nuestros actos.
ResponderEliminarEstas crisis son más tenaces por cuanto llega el momento del cambio y no estamos preparados o no hacemos a la par el necesario cambio interior, de ahora en adelante la solución de esta y de cualquier otra crisis, por mas grave que sea, su solución está cada día y con más claridad en nuestras manos, y nada podrán hacer lo poderosos si esa es nuestra voluntad, pero en el caso contrario, y en la misma medida, todo ira a peor. El cambio está en marcha, nada puede impedirlo, la diferencia está en como va a ser el proceso, y según la resistencia que encuentre, el cambio se dará con mayor o menor sufrimiento, pero darse se dará, es inevitable, y aquellos que creen tener un futuro seguro, llegará el momento que no lo será tanto, hasta que comprendamos que la única protección valida, es la protección de todos sin excepciones, preocuparnos por la seguridad de los demás antes que por la propia.
Veo aquí quejas de los funcionarios publico por los recortes. Gente que en mayor o menor medida tienen garantizado de por vida el sustento y sus necesidades básicas. Tan solo por la mitad de las remuneraciones que tiene cualquier asalariado público, hoy, hay millones de hombres y mujeres padres y madres de familia que besarían el cielo por tener. Diluir esa diferencia, compartiendo el trabajo, en solidaridad e igualdad, es la solución para terminar de la noche a la mañana con esta pesadilla. Y si no es así, la pesadilla continuará, absorbiéndolo todo, hasta que nos agotemos de aferrarnos al pasado.
Todos sabemos porqué hay laborales en las Administraciones públicas. Y si los hay en las Administraciones territoriales, ¿qué los diferencia de los laborales de las Administraciones institucionales, en las que todos los políticos, incluido el PP allí donde gobierna han llevado la gestión de sectores públicos claves: vivienda, sanidad, medio ambiente, por razones de eficacia?. Simplemente, nada. Es más, muchos de estos laborales proceden de la propia Administración territorial.
ResponderEliminarEn cuanto a la vía de acceso, también es falso. No hay funcionarios en el sector público, sino trabajadores, laborales y éstos -que no los políticos, claro-, entraron con los requisitos que exigía la Ley.
Es vergonzoso que por unos recortes que nadie quiere, o por una paga de navidad, estos funcionarios con su futuro asegurado señalen a los trabajadores del sector público (ya está bien de la campaña de los "sindicatos" amarillos, El Mundo, ABC y ciertos sectores del PP), que llevan sacando el trabajo público durante décadas mientras otros se van a por "el cafelito".