¿QUÉ
OCURRE EN CATALUÑA, Y EN ESPAÑA?
Tengo gran respeto por el periodista
Iñaki Gabilondo y por su gran profesionalidad. Le considero uno de los mejores
periodistas de España. Ahora bien, discrepo de sus comentarios hechos el 17 de septiembre
a raíz de la manifestación independentista que tuvo lugar en Barcelona el 11 de
septiembre (el día nacional de Cataluña). Sus observaciones indicaron (con todo
el respeto que caracteriza siempre la exposición de sus argumentos) que la nueva situación creada por el enorme tamaño
de tal manifestación exigía un posicionamiento claro del partido gobernante en
Cataluña, CiU, así como de otros partidos definidos hasta hoy como
nacionalistas o catalanistas, sobre su objetivos políticos para Cataluña, criticando
una cierta ambigüedad sobre tales objetivos por parte de dichas formaciones
políticas, ambigüedad notoria, según él, en los últimos años.
Puesto que esta
exigencia de claridad es bastante generalizada en círculos mediáticos,
académicos y políticos españoles (y muy en particular madrileños) me veo en la necesidad de responderle, no sin
antes agradecerle que haya definido la situación actual en la que se encuentran
tales opciones políticas como resultado de una ambivalencia. Otros de diferente
talante que Gabilondo han hablado, no tanto de ambigüedad, sino de
manipulación, presentando tales partidos como independentistas ocultos que han
ido cambiando la presentación de sus argumentos dependiendo del momento y
periodo en el que se encontraban. La famosa frase de que “los
nacionalistas/catalanistas nunca estarán satisfechos, se les dé lo que se les
dé” recoge esta percepción de que los nacionalistas o catalanistas siempre
desean, en realidad, llegar a la independencia, y todo lo demás es una mera estrategia
de pasos en este sentido.
Este tipo de argumentos ignora, sin
embargo, que la gran mayoría de personas que están a favor de la independencia
hoy en Cataluña no lo estaba hace sólo unos años. Tengo muchísimos amigos aquí
en Cataluña que, no habiendo sentido nunca el deseo de tener un estado propio,
separándose de España, hoy así lo desean. Una de las mayores causas de que ello
ocurra no se encuentra en Cataluña sino en Madrid y en España. En contra de lo
que aducía un reciente artículo en El País (“La lucha final de la burguesía
catalana”, de José Luis Álvarez, 21.08.12), en el que se criticaba al
establishment español por haber estado demasiado pasivo frente a lo que el
autor definía casi como veleidades del nacionalismo o catalanismo, el enorme
crecimiento del independentismo se explica, en gran parte, por el
comportamiento del establishment español (centrado primordialmente en Madrid),
siendo su eje principal el aparato del Estado central y también los mayores
medios de información basados en lo que se llama la capital de España.
El rechazo a la plurinacionalidad de
España
La falta de reconocimiento de tal
plurinacionalidad del Estado español existente en este establishment ha sido la
raíz del problema. Solo por un momento, durante la II República, pareció que se
abría una posibilidad, que desapareció completamente durante la dictadura
fascista que impuso un nacionalismo español (castellano) extremo que, basado en
una concepción jacobina del Estado español, ahogó y asfixió cualquier otra
visión de España. La Transición inmodélica (que se realizó en términos muy
desequilibrados entre unas derechas -herederas del franquismo- que controlaban
los aparatos del Estado y unas izquierdas –que lideraron las fuerzas
democráticas- que acababan de salir de la clandestinidad) permitió más espacios
a las fuerzas nacionalistas/catalanistas, pero sin reconocer la
plurinacionalidad de España. En realidad, el Estado de las autonomías (con el
“café para todos”) era una manera de negar tal plurinacionalidad. Referirse a los
acuerdos que tuvieron lugar entonces como fuente de las exigencias de que se
respeten aquellas reglas, sin tener en cuenta el enorme desequilibrio de
fuerzas que existía en aquel momento (como hacía Santos Juliá en su artículo
del pasado domingo en El País o como hace el Monarca en su carta abierta a los
españoles), es permitir que aquel desequilibrio se mantenga.
Este Estado de las autonomías abocará
inevitablemente a la disgregación y rotura de España, como algunos hemos ido
subrayando (ver mi libro Bienestar
Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país).
Si cada demanda de Cataluña se tiene que traducir en diecisiete demandas
iguales, España dejará de existir pues España no puede ser la suma de
diecisiete Cataluñas. España no aguanta la suma de diecisiete naciones con
historias, culturas e idiomas diferentes.
La falta de resolución de esta
articulación Cataluña-España en la España de las Autonomías hizo que surgiera
la demanda de un proyecto federal asimétrico que reconociera, dentro de España,
la especificidad de la nación catalana. Fue en esta vía que, junto con otras
alternativas, surgió el Estatuto de Cataluña que fue aprobado por el Parlamento
Catalán, por las Cortes Españolas y refrendado por la población catalana. Y a
pesar de ello, el Tribunal Constitucional, parte del aparato del Estado, vetó
precisamente algunos de los componentes más estimados por los movimientos que
habían generado la necesidad de establecer el Estatuto. Y la torpe respuesta
del gobierno Zapatero, definiendo tal veto como un elemento menor del Estatuto,
contribuyó a ampliar el enfado de grandes sectores de la población catalana.
Más y más personas en Cataluña comenzaron a pensar que con esta España no hay
nada que hacer. Algunos firmes seguidores del federalismo asimétrico
abandonaron este proyecto, bajo la constatación de que no había posibilidades
ni complicidades en España para desarrollarlo. Y se convirtieron en
independentistas.
La explosión del independentismo
Pero, ¿por qué ha alcanzado ahora el
independentismo el nivel que ha alcanzado? Y la respuesta es la crisis. Hoy, la
crisis está afectando muy dolorosamente el bienestar de la población. Y la gran
habilidad política de la coalición nacionalista gobernante en Cataluña, CiU, ha
consistido en atribuir tales dificultades al famoso “expolio español”. Según
este argumento, la aportación no voluntaria de Cataluña a España es equivalente
al 8% del PIB de Cataluña. La demanda de un pacto fiscal, con un sistema
semejante al concierto vasco, es una lógica respuesta a esta situación, en caso
de que el proyecto deseado fuera
mantenerse en España. Tal Pacto Fiscal implicaría un cambio en la
gestión de los impuestos y su distribución. Exigiría que fuera el Estado
catalán (como parte del Estado español) el que recogiera los impuestos y fuera
el Estado catalán el que negociara con el Estado central los fondos para el
pago de los servicios comunes y el componente de solidaridad que, por cierto,
nadie cuestionaba (al menos hasta ahora).
Pero esta demanda se ve irrealizable en
España, gobernada por el establishment español basado en Madrid. Y el punto
final de esta frustración ha sido la victoria por gran mayoría del PP, el
partido que se opuso al Estatuto con mayor intensidad. Tal partido, heredero del
franquismo, muestra la mayor hostilidad a la especificidad catalana y al
reconocimiento de Catalunya como una nación. El último detalle, entre muchos
otros, es que tal gobierno no sancionó a un militar que hace unos días pedía,
una vez más, la invasión militar de Cataluña. El comportamiento del gobierno PP
y de la “caverna” que le rodea es el mayor fabricante de independentistas en
Cataluña. Los medios públicos de la Generalitat, tanto Cataluña Ràdio como TV3,
instrumentalizados abusivamente por el gobierno Mas (recordando los peores
momentos del pujolismo), constantemente identifican la ultraderecha, el PP, con
España, forzando una imagen falsa de que el PSOE y el PP son lo mismo. Autores
de la “caverna” aparecen o son citados mucho más frecuentemente en tales medios
que autores españoles de izquierda federalistas, o incluso políticos españoles
conocidos que apoyan el derecho de autodeterminación de Catalunya.
La paradójica situación en Catalunya
Resultado de esta situación, incluido el
control de la mayoría de medios en Catalunya por parte de las derechas
nacionalistas, nos encontramos con la situación casi única en Europa de que uno
de los gobiernos que ha ido imponiendo mayores medidas de austeridad a su
población (ninguna de ellas existentes en su programa electoral) goza de un
amplio apoyo electoral en Catalunya sin que la crisis y la puesta en marcha de
tales políticas hayan afectado su popularidad. La gran astucia política del
partido gobernante, CiU, ha sido presentar la necesidad de aplicar tales medidas
como consecuencia del “expolio” de Cataluña por parte de España. De ahí que
haya intentado canalizar, con la ayuda de sus medios, tal enfado hacia el
establishment español basado en Madrid, definiéndolo como España.
En este argumento se olvida que el
déficit de gasto público (incluyendo el gasto público social) de Cataluña es
mayor que el déficit fiscal (que existe y debe eliminarse). Y también se olvida
que el País Vasco, con un sistema fiscal semejante al que el gobierno CiU
desea, tiene también problemas graves, con una crisis profunda. En realidad, el
gasto público social por habitante en el País Vasco es mucho menor de lo que le
correspondería por el nivel de desarrollo económico que tiene, y ello como
resultado de haber estado gobernado por las derechas en la mayoría del periodo
democrático. Tener una Cataluña independiente no es garantía de que Cataluña
elimine su enorme déficit de gasto público social. En realidad, algunos de los
economistas más visibles en la esfera independentista (incluyendo el economista
“oficial” de TV3, que en sus llamadas “lecciones de economía” en tal medio
adoctrina a la población catalana con su dogma neoliberal) son ultraliberales
que eliminarían gran parte de los servicios públicos, como sanidad y educación,
acentuando todavía más el deterioro de los servicios públicos que ha ocurrido
bajo el mandato de CiU.
El expolio no es la única causa del
déficit social de Catalunya
En realidad, tal como he señalado en
otro artículo (“Expolio nacional o expolio social” Público 13.11.11) el gran
déficit social de Cataluña se ha acentuado todavía más como resultado de la
alianza de CiU con el PP (que fue el partido que se opuso más al Estatut) en
las políticas fiscales regresivas, en la reducción de los impuestos que gravan
las rentas del capital y rentas superiores, y en la privatización de servicios
públicos, además de otras políticas de clara orientación neoliberal. Y ambos,
tanto CiU como el PP, han hecho lo opuesto a lo que prometieron. Dijeron mil
veces durante la campaña electoral que no recortarían en los servicios públicos
como sanidad y educación, donde ha recortado más. Ambos están siguiendo
políticas para las cuales no hay ningún mandato popular. De ahí que la demanda
de un referéndum sobre si la ciudadanía aprueba tales políticas de austeridad
sea tan aplicable al gobierno PP como al gobierno CiU.
El Presidente Mas ha subrayado que, si
el pueblo catalán votara a favor de la independencia en un referéndum, las
autoridades públicas representativas españolas, por mera coherencia
democrática, deberían aceptarla y permitir su desarrollo. Pero la selectividad
en la exigida coherencia y su falta de credibilidad aparece claramente cuando
el mismo Presidente hace lo contrario de lo que el pueblo catalán votó,
desmontando, como lo está haciendo, el Estado del Bienestar catalán. En
sanidad, por ejemplo, las políticas que la Generalitat de Catalunya están
polarizando todavía más la sanidad en Catalunya, favoreciendo a la sanidad
privada (que sirve predominantemente a las rentas de mayores ingresos) a costa
de la sanidad pública (que sirve a las clases populares). Y todo ello bajo el
liderazgo del Conseller de Salut (que era el jefe de la patronal hospitalaria
privada) transformando un servicio universal en un servicio asistencial,
justificando tales políticas bajo el lema de que no hay otra alternativa, pues
Madrid (España) nos fuerza a hacerlo y así nos lo manda.
De la misma manera que el Presidente
Rajoy está desmantelando la España social bajo la excusa de que es lo que le
exige Bruselas, el gobierno Mas también señala que tiene que hacerlo porque así
se lo pide Madrid. En ambos casos estamos viendo la externalización de
responsabilidades. En España, Bruselas se presenta como el problema. En
Cataluña, Madrid es el problema. Y aunque en ambos casos hay un componente que
sí se corresponde a la realidad, es sólo un componente y no lo es todo pues, ni
antes de que hubiera el euro ni ahora con el euro, Bruselas y Madrid han sido
los mayores determinantes del subdesarrollo social de Cataluña y de España (ver
mi libro El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias). Las relaciones
de poder de clase juegan el papel determinante tanto en Cataluña como en
España. La alianza de clases, entre las clases dominantes en España y en
Cataluña (terminología nunca utilizada en los medios por considerarla
interesadamente como anticuada), es la causa mayor del retraso social de ambas,
y los datos así lo muestran. Los países que tienen menor gasto social por
habitante son aquéllos donde las clases conservadoras han sido más dominantes
sobre los aparatos de sus Estados. Y así ocurre tanto en Cataluña como en
España, como lo muestra que en la gran mayoría de leyes y presupuestos de
austeridad que han afectado negativamente el bienestar de la población (tanto
en Catalunya como en España), el PP y CiU han votado juntos (tanto en el
Parlament de Catalunya como en las Cortes Españolas). Esto es lo que está
ocurriendo en Catalunya y en España, de lo que no se habla en los medios de
mayor difusión ni en Catalunya ni en España.
Sería un gran error que las izquierdas
permitieran que las derechas catalanas y españolas protagonizaran el desarrollo
de los hechos durante este periodo. Las izquierdas catalanas no pueden dejar
que el gobierno CiU lidere el proceso de defensa de Catalunya cuando sus
políticas públicas han estado dañando de una manera tan acentuada el bienestar
del pueblo catalán. Las manifestaciones identitarias y las sociales deben
confluir en una protesta generalizada hacia lo que está ocurriendo, no sólo en
España, sino también en Catalunya. Y la izquierda española necesita aceptar que
la Constitución, fruto de un desequilibrio en el momento de su aprobación, no
es un documento sagrado. Debe cambiarse favoreciendo que la plurinacionalidad
de España se refleje en que cada nación dentro de tal Estado pueda expresarse y
determinar su futuro.
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