CONTRA
LOS DESAHUCIOS, MOVILIZACIÓN SOCIAL
El Partido Popular y el Socialista se han negado
durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los
bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que
vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.
A los dirigentes de ambos partidos les viene dando
igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin
ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la
vivienda que consagra nuestra Constitución. Los gobiernos de ambos partidos, el
anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente
insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para
colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los
intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender
un derecho constitucional tan elemental y humano.
Han demostrado a las claras que el afecto que dicen
sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y
los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que
mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas
de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las
mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no
pueden pagar sus hipotecas.
Sin embargo, una vez más podemos comprobar que
ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos
de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la
presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio
de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la
banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es
justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin
a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta
ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente
que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las
huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la
respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían
produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.
Es muy importante que la gente sepa esto y sea
consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios
y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a
modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la
presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido
avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de
esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o
las protestas en la calle no sirven para nada.
Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de
que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el
problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las
movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten
nuestros derechos más elementales.
Pero precisamente porque demuestran esto es por lo
que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no
cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y
que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos
esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios
si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida
que antes.
Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver
que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal
que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y
españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la
vivienda.
Por eso, ahora es el momento de seguir presionando
para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino
para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la
han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.
No podemos consentir que los dos partidos
mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco
la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que
se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder
y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando
la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas,
generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de
quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya
a quienes la han perdido en los últimos años. No basta con que los dos grandes
partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando
tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las
organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los
desahuciados, para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea
efectivo para todos.
No podemos consentir que se limiten a lavarle la
cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a
las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los hechos recientes demuestran que con la
movilización social podemos conseguirlo.
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