UNA
JUSTICIA SORDA, CIEGA Y MUDA
A la Señora Justicia se le han descompensado tanto
las balanzas que finalmente se le han roto. Ni equidad ni imparcialidad ni
acceso universal. Olvídense del artículo 24 de la Carta Magna que dice: “Todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión”. Los derechos, tristemente, han pasado a la
historia. Y la Justicia se ha quedado sorda, ciega y muda como los tres monos
sabios chinos que se negaban a escuchar, ver y decir maldades.
El copago judicial ya está aquí. Este lunes han
entrado en vigor las tasas judiciales. A partir de ahora, todos aquellos que
tengamos que hacer uso de la justicia nos veremos obligados a pagar, o volver a
pagar aquello que previamente ya hemos abonado mediante impuestos. Pero, ¿vamos
a poder con tanto copago? Que si copago en sanidad, que si copago en justicia…
y parece que tarde o temprano llegará el copago educativo. Pero la realidad es
que cada vez cobramos menos, si es que cobramos, y pagamos más. Echen cuentas.
Y no sólo ahora nos toca pagar a todos sino que,
además, las tasas, que antes únicamente abonaban las empresas con más de ocho
millones al año de facturación, se duplican. ¿Cuánto nos costará tener acceso a
la justicia? Entre 100 y 1200 euros más una parte variable en función de la
cuantía del pleito, que puede hacer aumentar, y mucho, el total. Así, una
persona mayor que haya sido estafada con las preferentes y quiera reclamar al
banco sus ahorros de, por ejemplo, 128 mil euros, si no prospera la vía penal y
tiene que acudir a la civil, deberá pagar 940 euros.
La situación llega al absurdo, por no decir al
“robo”, cuando por querer interponer una demanda contra la Administración por
una multa de tráfico de 100 euros tengas que desembolsar 200. Y si la sentencia
es adversa y quieres recurrir al Tribunal Superior entonces la cifra aumenta a
800. ¿Y si te despiden? A pagar. El recurso de un trabajador contra una
sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 200 euros y ante el
Supremo 300.
Las tasas actuales perjudican especialmente a las
mujeres maltratadas, ya que, aunque la demanda por malos tratos no implica el
pago de tasas, es necesario abonar 300 euros, más la variable del 0,5% de los
bienes que se reclamen, para pedir el divorcio. Si ya teníamos dudas de que la
justicia fuese igual para todos, ahora es obvio de que no lo es. La justicia ha
dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio accesible sólo a
quienes se lo pueden costear.
La polémica desatada por las tasas judiciales se
suma a un malestar creciente dentro y fuera de la judicatura, por asuntos como
el caso Dívar, que llevó a la dimisión, después de intensas presiones, al
presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo tras
el escándalo por sus numerosos y cuantiosos viajes privados a cargo del erario
público. Un caso que generó la mayor crisis en la historia del Consejo General
del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en el Estado
español, y que, por cierto, quedó impune ante la ley. No hay que perder de
vista, recordémoslo, que si en un ámbito del Estado pesa como una losa la
herencia del franquismo éste es el aparato judicial, reducto de la derecha
reaccionaria y exponente de la continuidad entre el régimen anterior y el
presente.
La política de indultos del gobierno español, ya sea
del PP o del PSOE, se caracteriza por otorgar la medida de gracia
principalmente a personas relacionadas con la administración pública,
funcionarios y policías, o lo que es lo mismo, políticos ladrones, cargos de
confianza corruptos y policías torturadores. Un claro y reciente ejemplo: 16
febrero de 2012, el Consejo de Ministros indulta a varios Mossos d’Esquadra
condenados hasta cuatro años y seis meses de prisión por torturas, al amenazar
de muerte a un detenido, pisarle la cabeza e introducirle una pistola en la
boca, al más puro estilo Tarantino. Mayo de 2012, la Audiencia de Barcelona, en
una medida atípica, ordena la ejecución de la condena y señala que de
indultarse de nuevo sería “fraude de ley”. 23 de noviembre de 2012, el Consejo
de Ministros indulta por segunda vez a los agentes. Impunidad y menosprecio. Más
de 200 jueces firmaron en contra y señalaron que dicha acción atentaba contra
el Estado de derecho.
Jueces, fiscales, abogados, usuarios… se levantan
ahora en pie de guerra contra el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sobran los
motivos. En Catalunya, sin embargo, hay quienes esta misma semana cumplen un
año luchando por la justicia en la Ciudad de la (In)Justicia. Se trata de la
Asamblea de trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de la Justicia que en
diciembre de 2011 empezaron a organizarse contra la precariedad, los recortes y
la liberalización del sistema judicial que afecta al conjunto de la ciudadanía.
Desde entonces, no han parado: cortes de la Gran Vía, ocupaciones del vestíbulo
de la Ciudad de la Justicia, coordinación con otros movimientos sociales,
performances, despliegue de pancartas, charlas, participación en la
Coordinadora Laboral del 15M, caceroladas y hasta un “juicio popular” a la
justicia. Como dicen ellos: “Basta de recortes, sumemos luchas”.
Y acabo el artículo citando una de sus performances
que, emulando los anuncios de megafonía del metro de Barcelona, dice: “Aviso a
toda la población. ¡Precaución! Los carteristas de Convergència i Unió y el
Partido Popular esperan una distracción para llevarse lo que es suyo: la
nómina, los días personales, la paga de Navidad, su puesto de trabajo, su
salud, su educación y su libertad. Así que organícese y luche, porque le están
robando sus derechos, le están robando la vida”. Tomen buena nota.
FUENTE: PÚBLICO
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