EN MANOS DE LADRONES
No hay duda.
Estamos en manos de ladrones. El caso Bárcenas, Pallerols, Crespo, Nóos,
Mercurio, sumados al caso Gürtel, Millet, Campeón, Pretoria y un largo
etcétera, demuestran que aquellos que nos han venido dando lecciones de
austeridad, no sólo benefician a banqueros y empresarios sino que, cuando no
les enfocan las cámaras, corren a llenarse los bolsillos para vivir en la
opulencia y el derroche. Y, encima, a costa nuestra.
Alcaldes,
exministros, dirigentes autonómicos, senadores, concejales, diputados… y hasta
un total de más de 300 políticos están siendo investigados por casos de
corrupción. En todos los niveles de la administración pública cuecen habas. Y
no sólo. La corrupción asoma, también, en el Consejo General del Poder
Judicial, entre los gobernadores del Banco de España o en la mismísima familia
real. Aquí no se salva nadie. Y sólo conocemos la punta del iceberg.
El País
Valencià y las Baleares tienen el triste honor de encabezar el ranking de la
corrupción y el amiguismo, aunque territorios como Catalunya, Galicia, Madrid,
Andalucía… les siguen de cerca. En el País Valencià, nueve diputados del
Partido Popular están formalmente imputados, así como antiguos altos cargos del
gobierno de Francisco Camps, a quien, incluso el periódico The New York Times
llegó a comparar con Silvio Berlusconi. En Baleares, son ya casi un centenar
los imputados, entre cargos y exaltos cargos, la mayoría de la última
legislatura del popular Jaume Matas, quien, por cierto, acumula un total de
unas doce causas por financiación irregular, entre otras.
En
Catalunya, la corrupción salpica de lleno tanto a Convergència como a Unió.
Convergència, con su sede embargada para
cubrir la fianza de 3,2 millones de euros por el desvío de fondos del Palau de
la Música y con la trama de las ITV acechando a su secretario general, Oriol
Pujol. Más el caso del Institut Català de la Salut, que obligó a la dimisión de
su presidente Josep Prat, o ahora el caso de Xavier Crespo, diputado de CDC en
el Parlament, vinculado, presuntamente, a una trama de blanqueo de capitales
procedentes de la mafia rusa. El “muy honorable” Jordi Pujol parece que no se
ha enterado y promueve desde su Centre d’Estudis un “código ético para
profesionales de la política”, basado en la honradez y la transparencia. En fin,
otra broma de mal gusto.
Por no
hablar de Unió, condenada por financiamiento irregular al beneficiarse con fondos públicos destinados, para más inri, a
la formación de parados. El conocido como caso Pallerols. Y que culminó, ojo al
dato, con un acuerdo entre fiscalía, acusación y defensa para evitar el juicio,
y la no declaración, entre otros, del presidente de la formación Durán y
Lleida, y una rebaja de las penas de prisión a menos de dos años (¡inicialmente
la Audiencia de Barcelona pedía once!) evitando, así, la cárcel. ¿Justicia?
No hay que
olvidar tampoco la trama de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo)
falsos de la Junta de Andalucía, presidida por el PSOE, con cerca de 70
imputados, entre ellos, exconsejeros, exdirectores generales y
exviceconsejeros. Muchos, parece ser, fueron los beneficiarios, a lo largo de
al menos diez años, del dinero de los ERE andaluces. Un escándalo que sigue la
estela de una largo historial de corrupción en las filas socialistas desde la
época de Juan Guerra y Luís Roldán.
Aunque la
mayor parte de los casos de corrupción se dan a nivel local. Hoy unos 80
alcaldes y exalcaldes más varias decenas de concejales están siendo
investigados por causas relacionadas con la adjudicación de obras y urbanismo.
Muchos de ellos están imputados por delitos de malversación de fondos,
prevaricación, tráfico de influencias y/o fraude. El caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet y el, más
reciente caso Mercurio en Sabadell son todo un ejemplo.
Los partidos
políticos mayoritarios, principalmente, han hecho y deshecho a su antojo con
los fondos públicos, han utilizado instrumentos de financiación ilegal y han
gestionado los asuntos colectivos como si se tratara de su patio privado. No es
sorprendente, pues, que en el último Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), en diciembre del 2012, los políticos y los partidos fueran
considerados el tercer problema más importante que existe en el Estado español,
seguido de la corrupción y el fraude. De hecho, en el informe Percepción de la
Corrupción 2012, elaborado por Transparencia Internacional, el Estado español
ocupaba el puesto número 30 de la clasificación, empatando, casualmente, o no
tanto, con Botsuana.
Y, ¿qué
suerte corren aquellos que se atreven a denunciar dicha corrupción? Hoy el caso
más emblemático es el de CafèambLlet, una revista local que, con muy pocos
medios, denunció, a principios del 2102, con un vídeo casero, que en pocos días
llegó a las más de cien mil visitas en Yotube, cómo el dinero de la sanidad
pública catalana estaba siendo robado por empresarios y políticos de CiU y del
PSC. Meses después, CafèambLlet era denunciado por Josep Maria Vía, citado en
dicho vídeo, por atentar contra su honorabilidad y, en un juicio inusitadamente
rápido y donde ni siquiera pudieron hablar, fueron declarados culpables y
condenados a pagar una multa de diez mil euros. Pero, tomen nota, otro de los
principales escándalos que destapó CafèambLlet fue el Informe Crespo, en
relación a Xavier Crespo, quien en su momento amenazó de querellarse contra la
revista y a quien en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción pide que sea
investigado por prevaricación y cohecho. ¿Alguién indemnizará a CafèambLlet por
las amenazas recibidas por este personaje?
La
corrupción hoy no es percibida igual que ayer. Ahora se la considera como parte
intrínseca de la crisis. La impunidad de la que gozaban los políticos con la
corrupción parece que se acaba. En un momento donde se tambalean los pilares
del sistema construido en la Transición, y donde la pérdida de legitimidad de
las instituciones y representantes políticos avanza a marchas forzadas por su
servilismo al poder financiero, es probable que el impacto de la corrupción en
la opinión pública y en el comportamiento electoral sea más severo. Y es que en
la medida en que aumenta el paro, la pobreza y la precariedad, el
enriquecimiento ilícito de unas elites a costa de la mayoría social se
convierte en otra vuelca de tuerca insoportable. La crisis no se aprecia ya
como resultado del “despilfarro” de los de abajo sino como “robo” y “estafa” de
los de arriba.
Ha llegado,
pues, el momento de movilizarse, decir basta y tomar medidas: exigir mecanismos
de control de los cargos públicos, revocabilidad de mandatos,
desprofesionalización de la práctica política, no acumulación de cargos, límite
en los sueldos, transparencia en las cuentas. Ayer miles de personas se
concentraron frente a las sedes del Partido Popular en Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza y A Coruña. ¿Un primer paso para un nuevo repunte de la voz
de la calle? El caso Bárcenas es la gota que colma el vaso. Ya va siendo hora
que nos devuelvan todo lo que nos han robado.
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