LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA
La tierra es
fuente de negocio para unos pocos, ya sea aquí o en la otra punta del planeta.
En el Estado español, el boom inmobiliario ha dejado un legado de
urbanizaciones en ruinas, aeropuertos sin prácticamente aviones, pueblos
fantasma, grandes infraestructuras en desuso… Una realidad que la fotógrafa
Julia Schulz-Dornburg ha retratado brillantemente en su libro/inventario Ruinas
modernas, una topografía de lucro. Y en los países del Sur, el afán de
beneficio con la tierra expulsa a campesinos, pueblos indígenas e impone
monocultivos para la exportación, grandes infraestructuras al servicio del
capital o el expolio de sus recursos naturales.
La
oligarquía del poder saca tajada y entre bambalinas negocia componendas
urbanísticas, firma recalificaicones y transforma el suelo rústico en
urbanizable. Los casos de corrupción se multiplican. La cultura del sobre está
al orden del día. Se desarrolla, así, un nuevo caciquismo que hace grandes
negocios a espaldas, y a costa, de la ciudadanía y del territorio. Y en otras
latitudes, la historia se repite. Los gobiernos corruptos son el mejor aliado
para los inversores que quieren adquirir tierras de manera rápida y barata.
Según un informe de Intermón Oxfam, cada seis días se vende a inversores
extranjeros una superficie equivalente al tamaño de la ciudad de Londres. Es la
fiebre de la tierra.
La
privatización y el acaparamiento de tierras están al orden del día. ¿Qué hay de
más beneficioso que aquello que necesitamos para vivir y comer? La crisis
alimentaria y financiera, que estalló en 2008, dio lugar, como ha documentado
ampliamente la organización internacional GRAIN, a un nuevo ciclo de apropiación
de tierras a escala global. Gobiernos de países dependientes de la importación
de alimentos, con el objetivo de asegurar la producción de comida para su
población más allá de sus fronteras, y agroindustria e inversionistas (fondos
de pensiones, bancos), ávidos de nuevas y rentables inversiones, vienen
adquiriendo desde entonces fértiles tierras en países del Sur. Una dinámica que
amenaza la agricultura campesina y la seguridad alimentaria de estos países.
Los pueblos
indígenas, expulsados de sus territorios, son la punta de lanza del combate
contra la privatización de la tierra. Una lucha que no es nueva y de la cual
Chico Mendes, recolector de caucho, seringueiro, conocido por su contienda en
defensa de la Amazonía y asesinado en 1988 por latifundistas brasileños, fue
uno de sus principales exponentes. Chico Mendes impulsó la Alianza de los
Pueblos de la Selva, integrada por indígenas, seringueiros, ecologistas,
campesinos…, contra las multinacionales madereras y revindicó una reforma
agraria con propiedad comunitaria de la tierra y su uso en usufructo por parte
de las familias campesinas. Como solía decir: “No hay defensa de la selva sin
la defensa de los pueblos de la selva”.
Sin ir tan
lejos, aquí, en el Estado español, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que
forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha sido uno de los
principales referentes en la lucha por la tierra y en la defensa de los
derechos de los jornaleros del campo. Desde hace más de un año, vienen ocupando
y trabajando la finca de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), una tierra que la
Junta de Andalucía se disponía a vender a pesar de que en este municipio 1.700
personas se encuentran en paro. El objetivo de los ocupantes es que esta finca
sea trabajada por cooperativas de jornaleros parados en vez de pasar a manos de
banqueros y terratenientes. Somonte es un símbolo de la lucha del SOC y el SAT,
como lo es también Marinaleda y tantos otros proyectos que impulsan.
En
Catalunya, hoy, un claro ejemplo de cómo en el uso de la tierra se anteponen
intereses privados a sociales y colectivos es el de Can Piella, una masía del
siglo XVII con sus respectivas tierras, de las pocas zonas rurales que quedan
en el área metropolitana de Barcelona, que después de llevar abandonada más de diez
años fue recuperada por un grupo de jóvenes. A partir de aquí, se creó una
asociación, que actualmente cuenta con unos dos mil socios, que restauraron la
finca, retomaron la actividad agraria con un huerto comunitario, revitalizaron
su entorno y la abrieron a los pueblos de su alrededor, La Llagosta, Santa
Perpètua de Mogoda y Montcada i Reixac. Ahora, tras tres años y medio de
funcionamiento, una orden de desalojo amenaza el proyecto. La inmobiliaria que
durante una década abandonó la masía y que no tiene ningún plan previsto para
la misma, la reclama.
A principios
del siglo XX, Emiliano Zapata, campesino y referente de la revolución mexicana,
exigía: “La tierra para quien la trabaja”. Han pasado más de cien años y dicha
consigna continua teniendo plena actualidad.
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