MANIFIESTO CONTRA LA LEY ELECTORAL. TEODULFO LAGUNERO

MANIFIESTO CONTRA LA ACTUAL LEY ELECTORAL
La Ley electoral es anticonstitucional, antidemocrática, injusta e inmoral. Es intolerable y no se debe consentir. De mantenerse ésta, España seguirá sin ser una democracia plena -hoy no lo es, porque el Parlamento no representa la voluntad popular-. Dos partidos políticos que se arrogan la representación de la voluntad del pueblo, cuando no lo tienen, pues más de tres millones de españoles no están representados en el Parlamento o lo están sin que unos votos valgan igual que otros. Es decir que los ciudadanos no son todos iguales, ni tienen los mismos derechos. En las elecciones de 2008, más del 8% de los votos a las candidaturas no tuvieron representación parlamentaria o la tuvieron sin igualdad. Ello supone que el Gobierno no está elegido democráticamente. Tampoco la oposición. Por lo tanto, el gobierno salido de ese Parlamento no es democrático ni constitucional, sino impuesto a los españoles.

Las elecciones de 1977 que teóricamente daban fin a la dictadura fascista, se regularon por un Decreto Ley dictado por un gobierno franquista. Las de 1979, ya con La Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978, se celebraron reguladas por un Real Decreto semejante al primero, a pesar de ser ya ser constitucionales. Las de 1982 continuaron celebrándose por Decretos Ley no constitucionales. El mandato constitucional ordenando que una Ley orgánica regulase el sistema electoral, respetando su mandato no se cumplió hasta ocho años después de aprobada La Constitución con la aprobación de La Ley electoral del 20.04.1986. Sin embargo, esta Ley electoral que aún rige las elecciones en España -después de 33 años-, es una reproducción igual en lo fundamental del primer Decreto Ley dictado por el último Gobierno franquista y no respeta La Constitución.

La Ley electoral infringe el Art. 68.3 de La Constitución que establece: “La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional”, después de haber dicho en el punto 1º que los Diputados serán: “elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto” ¿Dónde está la representación proporcional y el sufragio igual cuando unos diputados necesitan casi 500.000 votos para ser elegidos y otros, nueve veces menos como el PNV, o 7,26% veces menos como el PP, o 7,25% menos con el PSOE? ¿Son iguales ante la Ley todos los ciudadanos? ¿Se respeta el Art. 14 que proclama que “Todos los españoles son iguales ante la Ley”?

Los medios de información públicos nacionales, autonómicos y locales, discriminan a partidos y ciudadanos cuando el Art. 20.3 sostiene que los medios de comunicación social dependientes de cualquier Ente público garantizarán el acceso a ellos a los grupos sociales y políticos respetando el pluralismo de la sociedad. ¿Se cumple este mandato con los resultados de este sistema electoral? Tampoco se respeta el Art. 149.1 primero: “El Estado tiene competencia exclusiva: “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos….””

La Constitución ni siquiera se respeta su Art. primero: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Se respeta la igualdad y hay pluralismo político en todos los Parlamentos que ha elegido el pueblo español en los 33 años transcurridos desde que se dio paso de la dictadura a la democracia? El Art. sexto, insiste: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” ¿Expresan los actuales partidos político el pluralismo y la voluntad popular cuando unos necesitan cerca de 500.000 votos y otros solo 51.000 o 66.000? El Art. 9, en su punto 2, exige: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” ¿La Ley electoral actual mantenida por los dos partidos mayoritarios contra toda protesta y exigencia pública, cumplen el mandado constitucional de remover los obstáculos -evidentemente en este caso la Ley electoral- que impide y dificulta la plenitud de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social?

Las nueve elecciones celebradas ya en la actual etapa “democrática” con la aplicación de la injusta Ley electoral ha ido distorsionando, no solo mediante los votos no válidos o irrelevantes, sino también induciendo a los ciudadanos a votar a uno u otro partido de los dos mayoritarios -sobre todo al PSOE- para pretender que su voto fuese “útil”, pues si votaban al partido que libremente consideraban oportuno, ese voto no tendría ninguna validez. Así se ha consolidado el actual bipartidismo imperfecto que, repetimos, no es democrático, ni constitucional, ni supone que el Parlamento represente la voluntad del pueblo.

Se podría alegar que el sistema mayoritario se aplica en algunos países. Cierto, pero en esos países no lo impide una Constitución, mientras que en España La Constitución lo prohíbe, pues en todo su articulado insiste en que debe regir el sistema proporcional, esto es, que un voto es igual a otro voto. Para intentar implantar el sistema mayoritario, abría que cambiar La Constitución. Ahora bien, cuando el pueblo español es partidario virtualmente en el 100% de que no se cometan las injusticias de que un diputado necesite 500.000 votos y otro del PNV solo 51.000, será muy difícil que el pueblo español apruebe en referéndum una constitución que perpetúe esta barbaridad.

Cuando el Gobierno reparte 81 millones de Euros entre los partidos políticos, lo hace adjudicándose el PSOE y el PP importantes cantidades, que con unas elecciones democráticas y constitucionales, correspondería en parte a los partidos nacionales minoritarios. Así, el PSOE se ha repartido cada año 1.805.040 Euros que debían corresponder a Izquierda Unida y 1.098.501 Euros a UPyD. Sin embargo, todos los ciudadanos pagan -o deben de pagar- los impuestos que les corresponde, reciban o no de manera justa las subvenciones del Estado a sus partidos. Se infringe el punto 2 del Art. 31 de La Constitución.

Las consecuencias de esta Ley electoral ha supuesto, además, que se haya perpetuado en España las políticas de la corrupción, el despilfarro, la crispación, el que partidos y políticos actúen en beneficio propio y no en el interés de España, quitándose únicamente por el oportunismo electoral para así poder alcanzar el poder. Para la oposición vale “cuando peor mejor”. Esta es la razón del desprestigio de la política y los políticos que, por desgracia, anida en la mayoría del pueblo español que mantiene el gravísimo disparate de considerar que todos los políticos son igualmente corruptos, y que da lo mismo votar a unos que a otros o no votar.

La gravedad de este desprestigio de la política, supone también el desprestigio de la democracia. Sencillamente se está fraguando un caldo de cultivo que puede llegar hasta hacer posible la desaparición de la democracia y la implantación de un nuevo fascismo, cualquiera que sea la forma que hoy adopte éste, pero que sin lugar a dudas, será fascismo.

Frente a este estado de cosas, todos los firmantes de este manifiesto, exigimos a los mal elegidos representantes del Parlamento actual en España, que antes de convocarse las próximas elecciones de 2012, se proceda a modificar la Ley electoral de 20.01.1986 por una Ley electoral que al menos atienda el dictamen del Consejo de Estado, para que sea democrática, justa y constitucional, en el que todos los ciudadanos sean iguales y tengan los mismos derechos a estar representados en el Parlamento.

Pedimos a todos los ciudadanos que mediante todos los procedimientos legales -absolutamente todos- insten a este Parlamento a cambiar la Ley electoral.