SORTU Y LA LEY DE PARTIDOS. SERGIO RUIZ MATEO

REFLEXIONANDO SOBRE LA LEY DE PARTIDOS.

La ley de partidos se ha mostrado como uno de los instrumentos más eficaces, junto a la acción policial, en la lucha contra el terrorismo de ETA. En los últimos días la abogacía del estado ha remitido al tribunal supremo su informe en el que afirma el vínculo existente entre SORTU, la nueva marca de la izquierda abertzale y ETA. Esta acción, encaminada a evitar la participación política de los terroristas y su entorno, es una suma y sigue en la estrategia de los grandes partidos españoles que han actuado de forma similar en las anteriores convocatorias electorales, siempre frente a partidos de diversa nomenclatura pero idéntica naturaleza. Parece más que probable que en esta ocasión los hechos seguirán el mismo derrotero, y acabemos presenciando una nueva ilegalización.

Pese a que la inmensa mayoría de la ciudadanía se muestra favorable a la acción frente a los terroristas, y apoyan las decisiones de sus políticos para acabar de una vez por todas con este cáncer que carcome la sociedad vasca y española, cabría emprender una reflexión seria sobre las consecuencias que dichas estrategias tienen y tendrán sobre la misma sociedad que las ha postulado como necesarias, más allá de su, hasta ahora, evidente eficacia.

La Ley de Partidos desarrolla en su artículo nueve los motivos que conllevan la ilegalización de un grupo político. Pueden resumirse en aquellas actividades que vulneran “los principios democráticos”, deteriorando el régimen de libertades mediante la legitimación de la violencia o el apoyo político a organizaciones terroristas. Se trata de una amplia exposición de motivos, desde luego orientados a la exclusión de los partidos que no condenan la violencia de ETA y que se mueven al son que dicta la banda. No es una ley abstracta e independiente de la realidad, sino realizada “ad hoc” para las circunstancias especiales que se viven en el País Vasco.

Atendiendo a los estatutos de SORTU, bien podría pensarse que se trata de un partido plenamente democrático, que rechaza, de forma expresa, cualquier tipo de violencia (todos sabemos que cuando desde el mundo abertzale se afirma esto último, en realidad se insinúa que existe una violencia de estado equiparable a la de ETA). Sin embargo, es bien conocido que no son lo mismo dichos que hechos, y que lo que se afirma en un programa puede ser simple demagogia cuando no una pura tapadera para otro tipo de actividades. Bajo el decorado de un partido político independiente y democrático se esconde presuntamente el oscuro entramado terrorista. Es cierto que la democracia no puede asistir pasivamente al despliegue de estructuras orientadas a minar y desvirtuar las libertades, pero no es menos cierto que un partido político lo es función no sólo de unas actividades concretas, sino de un compendio ideológico determinado. Ese armazón de ideas, en principio, al margen de las declaraciones y actos de sus propios integrantes, aparecen explicitadas en sus estatutos.

Una vez asumido esto, deberíamos repensar pausadamente si lo importante no es la persecución de acciones delictivas, vinculadas al terrorismo, de aquellos integrantes de esos partidos que se aprovechan de sus estructuras políticas para sus fines, en vez de la disolución e ilegalización global de un partido cuyas ideas bien pueden representar las aspiraciones políticas legítimas de un colectivo, más o menos grande de ciudadanos, que se identifican con la izquierda nacionalista vasca y que no tiene por qué, necesariamente, estar a favor del terrorismo. En la misma línea no concebiríamos la suspensión de PSOE o PP motivada por los recurrentes casos de corrupción de algunos de sus militantes, o continuando con el paralelismo, deberíamos exigir la ilegalización de partidos de extrema derecha cuya relación con grupos violentos neonazis se demuestre de forma manifiesta.

Es necesario comprender que la extirpación de ETA está unida al encauzamiento de su base social por las vías democráticas. Lo contrario, puede condenarnos al fracaso, ahora que parece más cercana la paz. Esperemos que esta ley, que efectivamente ha ayudado a aproximarnos al fin del terrorismo, no termine ahogando las esperanzas como una planta a la que se riega demasiado.

SERGIO RUIZ MATEO