ESPAÑA
PIERDE CATALUÑA
La Diada del 2012 marca el fin de 140
años de pactismo catalán para modernizar el Estado y hacer encajar la
diversidad multicultural de España. Así de tajante es el mensaje de la masiva
manifestación soberanista de Barcelona. Un clamor popular, tan ninguneado y
minimizado por buena parte de la prensa madrileña como resaltado por la prensa
internacional. También ciertas voces de la izquierda española culta han
mostrado incomprensión, hilaridad y paternalismo posesivo contra esta
demostración de fuerza del soberanismo catalán.
Primero te ignoran, luego se ríen de ti
y cuando te atacan, ganas. Con estas tres fases, el soberanismo no violento de
Gandhi resumía las reacciones en contra que recibía del Imperio británico. Eran
otros tiempos y otras latitudes pero el marco mental de los que se sienten
superiores parece ser el mismo en todas partes y momentos.
El catalanismo que propugnaba la
solución federal de España, con Pi i Margall al frente, se remonta a la muy
olvidada I República (1873), hace ahora 140 años. El sueño federal de Pi i
Margall, inspirado en Proudhon y su ideario cooperativo, marca el inicio de la
continua influencia catalana en la articulación institucional de la España
contemporánea. Una influencia modernizadora siempre mal asumida y ninguneada
por unas élites madrileñas y provinciales acomplejadas ante lo catalán, esa
alteridad y némesis de la España decimonónica, de trono, sables y altar.
Asumiendo, a la larga, la dualidad
incompatible entre el alma castellana y la catalana, Miguel de Unamuno
reconocía en carta a Manuel Azaña (1918): “Justo es, pues, que España pierda
ahora Cataluña. Y la perderá, no me cabe la menor duda que la perderá. La
federación no es más que una hoja de parra”. Casi un siglo después, Unamuno es
profético. Eso sí, un siglo sinuoso y áspero que no ha resuelto ni la
conllevancia orteguiana entre España y Cataluña ni los problemas de la
identidad española y su memoria histórica, tolerando un mapa de fosas de la
guerra civil que hoy da escalofríos. Pero, ya saben, aquí los crímenes del
franquismo no se tocan y los archivos de Salamanca eran un derecho de conquista
hasta hace dos días.
El actual Estado de las autonomías,
diseñado para disolver las reivindicaciones nacionales de Cataluña y País Vasco
como reconocía Esperanza Aguirre sin rubor alguno, es otra hoja de parra
caducada, inviable y deslegitimada que no puede disimular la realidad de su
fracaso. A la vista del mundo y de los mercados internacionales, el modelo
autonómico español dista mucho de ser funcional, eficiente y federal. Algo muy
propio de unas élites que mantienen vetado cualquier cambio o reforma
constitucional para diferenciar cuáles son nacionalidades y cuáles son
regiones, atribuyendo y delimitando modelos de autogobierno y cooperación
mutua, un Senado territorial efectivo y
un modelo fiscal eficiente y solidario. De eso nada.
La intocable y sagrada Carta Magna
(votada solo por un tercio de los españoles hoy vivos) solo se reforma por la
puerta de atrás, sin debate ni referéndum, para constitucionalizar el techo de
déficit (2011) asumiendo, por dictado de Berlín, un tótem neoliberal que antes
era indigesto para la socialdemocracia.
Hay reformas y reformas.
Ante la secular intolerancia y torpeza
de la derecha para asumir la plurinacionalidad de la España real, la izquierda
española no ha contrapuesto un proyecto histórico alternativo, modernizador y
cohesivo. Ni adoptó medidas para desinflar el paraíso artificial del España va
bien con salarios bajos y sin apenas impuestos ni construyó un relato consistente
de justicia territorial y reconocimiento de la diversidad más allá del
artificio de la España plural, ardid creado por el marketing de usar y tirar
del que no queda nada.
Ya en 1999 dicen que Felipe González
confesó a Pasqual Maragall que al pueblo español le costaba mucho asumir nuevos
conceptos. El federalismo asimétrico no suponía uno, sino dos conceptos
inasibles y complejos para la baja cultura política de los ciudadanos, según
él. De aquel paternalismo protector y de renuncia, vienen estos lodos.
En el 2000, la factoría ideológica del
PP actualizó la consigna gramsciana de la lucha continua por la hegemonía
discursiva y mediática y sacó de la chistera el patriotismo constitucional. Dos
en uno. Ni se toca la Carta Magna ni la integridad de la única nación-patria de
los españoles. Dos conceptos que, al parecer, han calado y conectado con el
alma española mejor de lo que suponían algunos. Hasta su padre intelectual,
Jürgen Habermas, alucinaba de la capacidad vampírica de la derecha española que,
para rematar la faena, estigmatizó el Estatut catalán cual impureza heterodoxa
desplegando una catalanofobia que rendía votos.
En ningún sistema federal, las regiones
más ricas contribuyen al fondo de solidaridad hasta quedarse empobrecidas y con
peores servicios públicos y de bienestar que el resto de regiones a las que
ayuda. En Alemania y en Estados Unidos las regiones ricas no pasan del 4% de su
PIB en transferencias de solidaridad. Cataluña aporta cada año a España un 8%
de su PIB, unos 16.000 millones de euros, acumulando así una deuda de 42.000
millones a causa de un sistema disfuncional e irracional de financiación que,
encima, la deja con menor inversión en políticas sociales y educación que el
resto.
El déficit fiscal acumulado acaba
convirtiéndose en déficit social y castiga injustamente a las clases populares
catalanas. Un ejemplo, sólo un 27% de los hijos menores de 16 años de familias
pobres catalanas tienen alguna forma de beca de estudios. El capítulo de becas,
nominalmente, está transferido pero bloqueado desde Madrid. ¿Por qué la
bloquean los gobiernos de Madrid, sean socialistas o conservadores? ¿Cómo
pueden perpetuar esta injusticia los socialistas españoles que va en detrimento
de la igualdad de oportunidades? De los catalanes pobres, pero no de los pobres
de otras partes.
En paralelo, los ciudadanos comprueban,
indignados, cómo otras regiones más pobres financian de modo universal y no por
razón de renta, ordenadores en las escuelas y otras prestaciones y servicios
que son y han sido inimaginables en Cataluña. Entre 1986-2006, Cataluña ha
transferido 213.963 millones de euros a las regiones menos desarrolladas de
España, cuyos líderes regionales ahora ríen y ridiculizan la actual asfixia de
recursos y tesorería de la Generalitat. Por eso, el modelo de financiación no
es federal sino depredador, expoliador y regresivo.
Hartos de la ingratitud, de la
ignorancia y de los tópicos anticatalanes que se remontan a tiempos de Quevedo,
la Diada del 2012 marca un antes y un después. Ninguna democracia permite a su
Tribunal Constitucional revocar una norma legal y estatutaria aprobada en
referéndum. Ninguna economía y administración moderna esconde y hace opacas las
balanzas fiscales a sus ciudadanos. Ningún Estado incumple lo que dictan los tribunales
y retiene el autogobierno de las becas, discriminando a los hijos pobres de las
regiones más ricas. Ninguno, salvo España.
El listado de agravios es proporcional
al silencio e indiferencia que recibimos desde la España dialogante, abierta y
cosmopolita que antaño elogiaba Cataluña como motor económico, innovador y
creativo. No hay puentes, ni interés, ni voluntad de conocer al otro. Solo
faltaba que Peces-Barba volviera a intimidar con bombardear Barcelona, tal y
como antes amenazaron Azaña o Fraga. Viejo recurso trasnochado de autoridad e
impotencia en plena globalización y rearticulación política de Europa. España
está instalada en otra onda, en otra fase y en otro tiempo.
Como reacción veremos ahora muchos
federalistas salir de los armarios. Justo cuando Cataluña inaugura un nuevo
ciclo y cierra 140 años de esfuerzos por construir un Estado español que ha
dejado de sentir como propio. El derecho a decidir se abre paso y tiemblan las
telarañas de una España autonómica en plena crisis de todas sus instituciones.
De aquellos vientos, estas tempestades de cambio, empoderamiento y libertad.
PUBLICADO EN ZONA CRÍTICA
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