LOS
RECORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Partido Popular, en su convicción de
que recortando se va a salir de la crisis, está trastocando todas las
instituciones públicas y, como ya ha ocurrido en Sanidad y Educación, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en la
vanguardia que traza el camino de hasta dónde pueden llegar con la tijera.
Ahora le ha llegado el turno a la Justicia y, como pasa en otros servicios, los
primeros afectados son precisamente los más desfavorecidos.
Aguirre ha puesto ahora en el punto de
mira a los abogados de oficio, los que prestan una asistencia gratuita a
aquéllas personas que han de defenderse ante la Justicia y que, a cambio de
este servicio, reciben una pequeña aportación a modo indemnización por parte de
la Comunidad. Sin embargo, la cantidad de esta asignación, que se otorga a
cambio de mantener un derecho fundamental recogido en la Constitución, no se ha
actualizado en los últimos nueve años y sigue siendo la misma que en 2003.
Además, la Comunidad está pagando con una media de retraso de un año, aún les
debe el cuarto trimestre de 2011, y si los abogados quieren cobrarla
puntualmente han de acudir al 'confirming', pagando ellos mismos unos intereses
del 5% a la entidad bancaria. Esta era la situación que se estaba dando hasta
la fecha y que había motivado numerosas protestas por parte de los letrados.
Pero ahora la presidenta ha dado un paso más y ha recortado los honorarios un
20%. De esta forma, los abogados cobrarán alrededor de un 50% menos de lo que
percibían en 2004.
Silvia Padrón, letrada y periodista,
explica que ejercer de abogado de oficio "es algo casi altruista,
recibimos una indemnización por el tiempo que gastas, no es una remuneración
real. Estamos por vocación, por ayudar a la gente que no tiene recursos. Cobramos
mucho menos que lo que le cobraríamos en cualquier caso". Para ella, este
recorte es "indignante" puesto que de los presupuestos que maneja la
Comunidad sólo un 0,03% va dirigido a la justicia gratuita, "una cantidad
irrisoria que se dirige a salvaguardar un derecho fundamental".
Padrón explica a Público cómo
"desde finales de 2010 la Comunidad ha emprendido una campaña de acoso y
derribo contra todos los profesionales y funcionarios, acusándonos de cobrar de
más y que se está ofreciendo asistencia gratuita a personas a las que no les
corresponde". Sin embargo, como relata, la decisión de a quién se ofrece
este servicio la toma una comisión del ejecutivo autonómico que no dependen de
los propios letrados y que "a veces no funciona bien y se comete algún
error". En cualquier caso, la responsabilidad no cae en ningún momento en
el Colegio de Abogados.
Y para solucionar esta situación
Esperanza Aguirre ha decidido cargar sobre los letrados la responsabilidad de
controlar a cada persona para averiguar si realmente dispone de recursos para
que no se produzca la estafa, lo que hasta ahora hacía la comisión. El abogado
y miembro de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno Santiago
Luengo Martín explica en un artículo publicado hoy que tienen que
"defender a una persona generalmente muy humilde, en muchas ocasiones con
graves problemas mentales y de drogadicción, que no ha solicitado los servicios
de la administración de justicia y que, igualmente que tiene derecho a no
declarar contra sí mismo, tampoco tiene porqué facilitar sus datos personales
sobre sus ingresos económicos". Así, al no rellenar los papeles con sus
datos al acusado no se le reconoce el derecho de asistencia gratuita y el
abogado queda sin cobrar.
Luengo, al igual que Padrón, creen que
esto es un abuso y que deberían cobrar en todo caso y que luego sea la
Comunidad la que investigue y actúe en consecuencia, "exactamente igual
que sucede con cualquier prestación pública indebidamente percibida", como
apunta el letrado en el artículo.
Además, la indignación particular de los
letrados se ve acrecentada ahora con retención del 21% de impuestos que fue
anunciado en el último paquete de recortes del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Luengo hace balance: "si sumamos a la rebaja del 20%, la pérdida de poder
adquisitivo derivada del incremento del IPC de estos 9 años, los abogados del
Turno vamos a percibir cerca de un 50% menos en 2012 de lo que cobrábamos en
2003".
Con estas medidas Silvia Padrón entiende
que lo que los conservadores pretenden es que "los pobres no tengan
derecho a la Sanidad, ni a la Educación ni a la Justicia".
Frente a esto, la Asociación de Abogados
por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha anunciado este lunes que no habrá a
partir del próximo octubre abogados de oficio para asistir a los detenidos, por
lo que deberán ser puestos en libertad por los jueces. Sin embargo, no todos
están de acuerdo con la forma de protestar de la asociación. Silvia opina que
"no debemos dejar el servicio, todo ser humano tiene derecho a una defensa
justa". Lo que sí tienen claro unos y otros es que ha llegado el momento de
plantar cara a los recortes.
FUENTE: DIARIO PÚBLICO
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