LA DEUDA PÚBLICA
Las autoridades europeas se empeñan en
hacer creer que el principal problema que tienen que resolver es el de la deuda
pública y afirman que ésta se ha generado por el excesivo gasto de los
gobiernos en servicios públicos, y porque las personas normales y corrientes
hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Por eso dicen que su único
remedio es aplicar las durísimas políticas de austeridad que proponen.
Se trata de un juicio que no responde a
la verdad y que está llevando a los países europeos al desastre porque los
efectos de los recortes de inversión pública y gasto social que aplican está
destruyendo la capacidad de generar ingresos, no solo a corto sino a medio y
largo plazo, y eso va a dar lugar, si no se cambia de rumbo urgentemente, a muchos
años de penurias y grandes sufrimientos y convulsiones sociales.
Con independencia de que en la mayoría
de los países el problema es la deuda privada y no la pública (un asunto que no
voy a tratar ahora) la realidad es que las causas verdaderas de ésta última son
otras distintas a las que proclaman las autoridades y, por tanto, requieren un
tratamiento diferente. Las más importantes son la siguientes:
- En primer lugar, haber prohibido la
financiación a los gobiernos por el banco central y obligar a que se financien
por la banca privada. Eso ha producido un encarecimiento extraordinario de la
deuda traducido, paralelamente, en enormes beneficios para los banqueros
privados. Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado en su libro La dette publique,
une affaire rentable: A qui profite le système?( Ed. Yves Michel 2009) que
Francia ha tenido que pagar 1,1 billones en intereses desde 1980 a 2006 para
hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año. Es decir,
que si hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se
hubiera ahorrado 914.000 millones de euros. Sabemos que España ha pagado ya
tres veces la deuda que tenía en 2000, Agustín Turiel ha demostrado que solo en
2008, 2009, y 2010 ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer
frente a la deuda en las condiciones que le imponen los mercados (La deuda
ilegítima del Estado Español) y que en los Presupuestos Generales del Estado de
2012 se consignan más de 28.876 millones de euros de intereses. En toda la
Unión Europea los dos investigadores citados muestran que se pagan anualmente
unos 350.000 millones de euros a la banca privada por este mismo concepto. Es
evidente, pues, que el factor principal que ha encarecido la deuda pública, el
que la mantiene hoy día en sus niveles desorbitados, es el que haya sido
financiada por la banca privada a intereses de mercado.
Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como un
auténtico banco central, en lugar de ceder la financiación a la banca privada
para que esta hiciera un negocio descomunal, las economías europeas no estarían
en la situación calamitosa en la que están y los pueblos europeos no tendrían
que estar soportando los sacrificios tan grandes que ahora soportan. Además, de
esta forma se habría evitado no solo tener que gastar mucho más en la
financiación sino también el sufrirla en las condiciones tan volátiles que
generan los inversores especulativos que predominan en los mercados. Y así se
obligaría más fácilmente a los bancos a que dediquen sus recursos a cumplir con
su función que es la de financiar a las empresas y consumidores para que así
haya actividad, empleo e ingresos públicos suficientes.
- En segundo lugar, el gran incremento
de las desigualdades que ha hecho que montantes cada vez más grandes de ahorro
de las clases más ricas se destinen a la especulación deteriorando la actividad
productiva y disminuyendo así la generación de ingresos privados que, a su vez,
nutran puedan nutrir las arcas públicas. Y no se puede olvidar que esa
desigualdad se ha generado deliberadamente, por influjo de los grandes grupos
oligárquicos, al aplicarse políticas de moderación salarial y de fomento del
trabajo precario, y haciendo reformas fiscales regresivas que han mermado los
ingresos públicos con tal de permitir que los más ricos, las grandes fortunas y
grandes empresas, apenas paguen impuestos. Si estas últimas no cometieran
fraude fiscal en España no habría que hacer posiblemente ningún tipo de recorte
en el gasto público.
- En tercer lugar, la existencia
consentida de paraísos fiscales en donde se calculan que hay entre 1,5 y 2
billones de euros que no tributan ni un solo euro a las haciendas europeas.
- En cuarto lugar, la identificación del
progreso con el mito del crecimiento intensivo que ha llevado a realizar gastos
públicos completamente innecesarios e improductivos (grandes aeropuertos e
infraestructuras infrautilizados y desproporcionados, trenes de alta velocidad,
edificios suntuarios…).
- Y finalmente, la falta de democracia real
que permita el control social de las autoridades, la sanción contundente de la
corrupción y la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión
presupuestaria para poder evitar que ocurra todo lo anterior.
Por lo tanto, la solución a los problemas
de la deuda pública en Europa no puede pasar por las políticas de austeridad
que están aplicando las autoridades y que simplemente consisten en recortar
derechos sociales y recursos para el bienestar, con el fin soterrado de
facilitar el negocio de su provisión privada y de mantener los privilegios de
la banca y de las grandes empresas.
La solución es otra.
Con carácter inmediato hay que plantear
una quita en toda Europa de la deuda existente, que es completamente imposible
que se pueda pagar, repudiando la deuda generada por la financiación privada y
por la especulación en los mercados; modificar el estatuto del Banco Central
Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los
gobiernos (sin perjuicio de que eso deba ir acompañado de un control de las
demás circunstancias que provocan un crecimiento inadecuado de la deuda pública
que debe limitarse a financiar necesidades extraordinarias o las inversiones
que necesita el desarrollo integral y sostenible de las economías); la prohibición
de los paraísos fiscales; la puesta en marcha de un plan de lucha contra el
fraude en toda Europa y de reformas fiscales
progresivas con figuras impositivas que graven las transacciones
financieras y particularmente las de carácter especulativo; recuperar el poder
adquisitivo de las rentas más bajas para generar actividad, empleo e ingresos
públicos; prohibición de la utilización de productos financieros vinculados a
las necesidades sociales básicas o a los recursos estratégicos de las
economías; y reformas políticas que fortalezcan las democracias el control,
social y la participación ciudadana.
Aunque, siendo realistas, hay que señalar
que para frenar de verdad la deuda pública y no echar sobre las economías una
losa insoportable e insostenible en forma de gasto público corrupto y
despilfarrador, será necesario a medio plazo avanzar aún más, estableciendo
controles de capital para evitar la constante inestabilidad monetaria,
desmercantilizando el trabajo y repartiendo el empleo, y configurando nuevos regímenes
de propiedad y de derechos asociados a ella para evitar la concentración actual
de los recursos y el dominio de los mercados y de la sociedad por los grandes
grupos de poder empresarial y financiero.
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