DIEZ AÑOS. GERVASIO SÁNCHEZ

DIEZ AÑOS

Hoy se cumple diez años del asesinato de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Alberto Martínez, Luis Ignacio Zanon, Carlo Baró, Afonso Vega, José Carlos Rodríguez, José Merino y José Lucas Egea en una emboscada ocurrida en la localidad de Latifiya, al sur de Bagdad, la capital iraquí.

  Es difícil de olvidar las imágenes que mostraban los cuerpos de los militares ya muertos pisoteados por una turba enfurecida. Sólo un agente, José Manuel Sánchez Riera, consiguió escapar con vida de la trampa preparada por un grupo fuertemente armado. Cuatro de los agentes acababan de llegar a Iraq para relevar a sus compañeros. Ni siquiera habían desecho las maletas cuando sus cuerpos fueron repatriados en ataúdes.

   El comandante Alberto Martínez, muerto en la emboscada de Latifiya, y el sargento primero José Antonio Bernal, asesinado en Bagdad un mes y medio antes, fueron los últimos en irse de la embajada española en Iraq antes del inicio de los bombardeos estadounidenses de marzo de 2003 y los primeros en regresar un mes y medio más tarde después de la caída de Sadam Husein en abril de 2003.

  Aunque se presentaban como agregados políticos de la embajada española, los servicios secretos iraquíes sabían cuál era su principal cometido en el país. Es muy posible que sus pasos fueran vigilados durante los meses anteriores a sus asesinatos.

  La mañana del 29 de diciembre de 2003, los ocho agentes secretos viajaron muy temprano en grupos de cuatro desde Diwaniya y Nayaf  a Bagdad. A las nueve de la mañana tomaron juntos su primer café del día en la embajada española y después visitaron a otros compañeros militares en la sede de la Autoridad Provisional de la Coalición y en el aeropuerto de la capital.

   Fuentes de máxima solvencia confirmaron que comieron en la antigua casa de Alberto Martínez, que estaba vacía por motivos de seguridad desde el asesinato del sargento primero Bernal. El comandante Martínez había sido avisado de que era muy peligroso pernoctar en su antiguo domicilio.

   Después de la comida,  los ocho agentes iniciaron el regreso a sus bases en el sur. A la altura de Latifiya, a 30 kilómetros de Bagdad, fueron interceptados por un poderoso grupo armado y siete de ellos murieron en la brutal emboscada. Unos meses antes, dos periodistas de ABC y la agencia EFE sufrieron una ataque cerca de esa zona conocida como el triángulo de la muerte.

   Alberto Martínez era un hombre muy querido pero también muy dado a realizar acciones  imprudentes. En mayo de 2003 había sido detenido por una patrulla militar estadounidense cuando se desplazaba de noche por las oscuras calles de la capital. Apenas tres semanas antes de su asesinato decidió viajar por tierra desde Bagdad hasta Ammán al suspenderse el puente aéreo que comunicaba ambas capitales.

  El militar desoyó los consejos de sus propios compañeros en la embajada española en Iraq y realizó el largo viaje de mil kilómetros con el objetivo de llegar a tiempo para enlazar con un vuelo a Madrid. La peligrosa decisión tampoco fue comprendida en la embajada española en Jordania.

  “El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, ha reconocido en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los asesinatos.

  A pesar de este reconocimiento íntimo Dezcallar ha disfrutado de una carrera meteórica durante la última década: consejero internacional de la compañía petrolera Repsol y embajador en El Vaticano y Estados Unidos.

   El comandante Alberto Martínez había pedido el regreso a España después de pasar varios meses en Iraq en la primera mitad de 2003. Era consciente de que era muy conocido y que podía estar en la lista negra de los servicios secretos del derrocado dictador Sadam Hussein en una etapa en la que empezaba una nueva guerra contra los invasores estadounidenses.

  De hecho, el militar consiguió su objetivo y pudo regresar a España en junio de 2003. Pero un par de meses más tarde, en agosto, se le ordenó regresar a Irak para trabajar con la Brigada Plus Ultra desplegada en las ciudades de Nayaf y Diwaniya.

  Lo primero que hizo al llegar a Bagdad fue presentarse en casa de Flayeh al Mayali, su amigo y traductor durante tres años y medio. “Alberto sabía que era muy conocido en la ciudad ya que los movimientos de los extranjeros durante la época de Sadam Hussein estaban controlados por su policía secreta. Me dijo en varias ocasiones que aquella decisión era un grave error pero que él, como soldado, se limitaba a cumplir órdenes”, ha explicado el traductor a Heraldo de Aragón en una entrevista reciente.

Alberto Martínez convenció a Flayeh al Mayali de que se fuese con él a trabajar en  Nayaf. A mediados de septiembre de 2003, Martínez consiguió que Al Mayali aprovechase un día de asueto para viajar a la ciudad donde estaba la base española Al Andalus.

  El comandante José Luis Pérez Ucha, encargado de tarea de reconstrucción, le ofreció al traductor su primera oferta como contratista: la rehabilitación de la escuela Quods en la aldea de Abu Sajer, a 20 kilómetros de Nayaf.  “Presenté un presupuesto de 15.656 dólares de los que me gasté 10.500 dólares en dotar a la escuela de todo lo necesario. Los cinco mil restantes fueron mi beneficio”, aseguró el traductor.

   Ante tan jugoso negocio abandonó un mes después su trabajo como traductor de periodistas del diario El País y se dedicó hasta el día de su detención a trabajar con las tropas españolas. Los dos últimos contratos por valor de 8.250 dólares los firmó el 16 de marzo de 2004, seis días antes de ser detenido. Su nuevo interlocutor español fue el capitán Diego López, que había sustituido al comandante Pérez Ucha  a mediados de diciembre.

   Durante aquellos meses Al Mayali organizó y participó en reuniones políticas en Nayaf y Diwaniya. También se le llamó en alguna ocasión para sofocar situaciones de tensión entre los soldados españoles y los grupos chiíes más intransigentes.

   Su relación con Alberto Martínez y el ejército español fue tan estrecha que “se ofreció a colaborar en la investigación del asesinato de Bernal”, según un amigo del traductor.

   El asesinato de Alberto Martínez fue tan doloroso que “se encerró en su habitación y no habló con nadie durante tres días. Sólo lo había visto así cuando murió nuestro padre”, explicó Ryad al Mayali, hermano del detenido.

   El 22 de marzo de 2004, Al Mayali fue detenido en Base España de Diwaniya, interrogado por miembros del CNI, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado y trasladado cinco días después a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos.

   El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, había abierto una investigación sobre el asesinato de los agentes secretos ante lo que definió como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dictó un sobreseimiento temporal aunque advirtió en su auto que, en caso de aparecer nuevos datos, podría reabrirse la causa y continuar con las diligencias.

   Ni el ministerio de Defensa ni el CNI informaron al juez Andreu de esta detención a pesar de la gravedad de las acusaciones. Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005.

   En una entrevista publicada el domingo 20 de febrero de 2005 por Heraldo de Aragón, La Vanguardia y la Cadena Ser el traductor acusó a sus interrogadores de darle un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte.

   El Ministerio de Defensa, encabezado por el entonces ministro José Bono, negó la versión del traductor y aseguró que éste había firmado unos documentos en los que reconocía que había sido bien tratado. “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”, fue la respuesta del ciudadano iraquí.

  Recientemente, el ex ministro Bono ha dicho públicamente que nunca conoció casos o denuncias de posibles malos tratos en las bases españolas a pesar de que desmintió las acusaciones de Al Mayali en una rueda de prensa días después de su liberación. Al parecer también ha olvidado que Amnistía Internacional exigió al gobierno que se investigase los posibles abusos contra Al Mayali y otros prisioneros y que Convergencia i Unió e Izquierda Verde pidieron explicaciones en el Congreso de los Diputados.

   A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Andreu tampoco consideró pertinente reabrir el caso aunque admitió en privado que el Ministerio de Defensa podría estar cometiendo un delito por denegar asistencia a la justicia.

   El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos estaban involucrados en la detención y la larga encarcelación del ciudadano iraquí, provocó que el caso se hundiese en el olvido.

   En noviembre de 2004, el CNI aseguró a El País que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, ocultando que el traductor había firmado más de una decena de contratos con el ejército español valorados en 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación.

   Recientemente, el ex presidente José Luis Rodriguez Zapatero negó conocer los antecedentes de lo ocurrido con Al Mayali a pesar de que el 2 de marzo de 2005 se le entregó un completo dossier sobre el caso en Zaragoza, que leyó en su viaje a Madrid, según fuentes de total solvencia.

   En la carta de presentación se le rogaba: “Tome usted las riendas de este asunto y ordene una investigación interna que aclare por qué un iraquí ha pasado once meses de su vida encarcelado sin que ninguna autoridad civil y militar española haya presentado cargos contra él”. También se le comentaba que “España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)”.

   El CNI prometió a Flayeh al Mayali, a través de intermediarios, buscar una solución a su caso. “Se han comprometido a exonerarme de las acusaciones y a indemnizarme”, explicó confiado Al Mayali en diciembre de 2005 en Bagdad a este periodista.

  Este comportamiento abyecto fue confirmado por fuentes cercanas al organismo de seguridad en distintas conversaciones telefónicas y personales. Una fuente fue más explícita: “Quieren cerrarle la boca para siempre”.

   El pasado 11 de noviembre se le envió a la asesoría de comunicación del CNI un cuestionario con preguntas relacionadas con los puntos más oscuros en relación con el asesinato de los siete miembros del CNI y de la detención de Flayeh al Mayali.

  Un día después, a las 18,41 de la tarde, llegó la respuesta del CNI en la que aseguraba que “muchas de las preguntas que usted nos transmite han sido contestadas a los Grupos Parlamentarios que, siguiendo los cauces legalmente establecidos, se han dirigido al Ejecutivo para recabar información sobre este doloroso asunto”. Y rogaba “desde el más estricto respeto a su labor periodística y a la libertad de prensa que nuestra Constitución consagra, que aborde este asunto con el rigor debido a la memoria de quienes, para nosotros, serán siempre héroes”. Una declaración rimbombante y pomposa sin ninguna aportación importante y referencia al trato dispensado al traductor Flayeh al Mayali.

  Conocí a Alberto Martínez y José Antonio Bernal en 2003. Siempre me parecieron dos militares íntegros. Conozco a Flayeh al Mayali, que sigue siendo mi traductor cada vez que regreso a Iraq. Un hombre honesto al que acusaron sin ninguna prueba.

  Muchas veces he pensado: “Si el comandante Alberto Martínez levantase la cabeza y supiese lo que hicieron con su amigo iraquí, sentiría una profunda vergüenza y levantaría una queja por el comportamiento del organismo de inteligencia con el que trabajaba.

  Con la excusa de que sus labores son secretas, el CNI  ha silenciado el asesinato de siete agentes secretos y la detención de un ciudadano iraquí y ha evitado que se realizase una investigación independiente que aclarase los errores cometidos y depurase responsabilidades.

  Hay que felicitarles porque han conseguido lo que querían: periodistas, políticos, jueces, fiscales, militares ministros, parlamentarios han sido colaboradores necesarios en su interés por sepultar el caso para siempre.