LOS
DESAHUCIOS
En la sociedad actual si el dinero no
fluye, porque no entra (salarios) o porque
no sale de los bancos (prestamos) se produce un colapso. La crisis lo
agudiza, golpeando a los más vulnerables. El peor síntoma son los desahucios.
Los desahucios en España se dispararon hasta
300.000 en 4 años. En lo que llevamos de año se habla de 312 desahucios
diarios. Una barbaridad insoportable. Si cada hipoteca está enlazada con la
ilusión, con el trabajo y con la vida de algunas personas, el desahucio es una
tragedia. Una tragedia para las familias. Se derrumba todo por lo que han
luchado. Con la ley te lo arrebatan todo. Te dejan en la calle, como si no importaras
nada. Hasta que se ha producido algún suicidio por desesperación. Estrés y
otras enfermedades pueden ser síntomas de somatizar el problema. Martín Prieto
recuerda que “desahucio era el término fúnebre con que los médicos etiquetaban
a un enfermo terminal y es propio que haya pasado a la jerga inmobiliaria
porque una vez instalado en la calle con sus enseres, un grupo familiar ha
finalizado su recorrido vital y es muy poco probable que vuelva a alzarse del arroyo”.
Solos, es casi imposible luchar. ¡Mejor
unidos! Por eso la sociedad civil se ha
dado cuenta y ha toma conciencia gracias a la presión social. La Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH), y los grupos de StopDesahucios, se han
enfrentado, con pancartas, camisetas, y han ocupado las viviendas de los que
iban a ser desalojados, o la oficina del banco donde tenía la hipoteca. Al
hacer piña resistiéndose al desahucio, convocar y salir en los medios, se han
dado cuenta que a los bancos les asusta más el escándalo que el dolor de las
familias. Han frenado el proceso de ejecución hipotecaria. Esa imagen es perjudicial para la entidad bancaria. Era el primer paso. Se han paralizado
ya cerca de mil. Hasta no hace mucho, el anuncio del desahucio y la subasta
consiguiente llevó a muchos, individualmente,
a abandonar la vivienda, por no enfrentarse ni a la ley, ni a la
policía, ni al banco.
Pero algunos sí tuvieron una fe
ciega en luchar por los suyos, en el
apoyo de los familiares y compañeros, y en la constante presión en la calle y
en los medios, para cambiar las cosas.
La mayoría no es que no quisiera pagar, es que su nueva situación
económica no se lo permitía. Un desahucio suspendido, de momento es un triunfo,
aunque no es legal. Es un cambio de una tendencia, que habrá que clarificar,
legislar y consensuar. Los políticos, por fin, parecen haberse dado cuenta que
ellos tienen una de las llaves del problema: un acuerdo para cambiar la ley de
1909. Parece que gobierno y oposición, magistrados e incluso el defensor del
pueblo manifiestan buena voluntad y están explorando “todas las posibilidades
legales” para cambiar la ley y frenar el drama de tantas familias. “No es una
reforma que queramos aplazar sino aprobarla lo antes posible". Tal vez por
el procedimiento de urgencia. La
voluntad de acuerdo, al menos entre los grupos mayoritarios, es un buen segundo paso de aproximación a la
solución. “Estamos ante un asunto que tiene mucho calado social”, según la Vicepresidenta. Incluso el vicepresidente
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa ha señalado que
hay que reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una
serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios.
Aún con esa premisa, de buscar la
solución al margen de la batalla partidista, como casi todos los problemas, no
tienen una solución ni fácil ni única; hay
aspectos económicos, legales y sociales (de protección a las familias
afectadas) de mucha envergadura. Ello implica también huir de la demagogia
irresponsable y de la descalificación. Demostrarían grandeza al no intentar
rentabilizar cualquier idea. Hay que encajar, lo que es un contrato escrito, el
obligado cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias, los efectos de
retroactividad para las hipotecas en vigor, la situación real- a veces
dramática- de la familia con hipoteca, las alternativas que los bancos pueden o
están dispuestos a ofrecer, los
precios, los porcentajes de las hipotecas sobre las
tasaciones hipotecarias de las futuras hipotecas y que no se cierre el grifo de
los préstamo o se endurezcan las futuras hipotecas. ¡Encaje de bolillos! No es
pues, únicamente cuestión de reformar la legislación en materia de ejecuciones
hipotecarias en la que los bancos han tenido la parte del león y los ciudadanos
quedaban más bien desprotegidos. Pero sí hay que reformar la normativa de las ejecuciones
hipotecarias y los desahucios. Tampoco la situación real de dolor en
cientos de familias puede inducir a caer en el populismo de unos, de cambiar
únicamente la ley hipotecaria, para que se acepte la “dación en pago” y punto.
La calle, es un mal, una situación fría y desesperada, máxime cuando quien
exige esa situación inhumana es una entidad “rescatada” con dinero público. Si
ha habido y habrá una quita de “activos tóxicos”, ¿por qué no también
parte de “activos hipotecarios de
familias”?
Hay que repetir que las soluciones
simplistas, que atajarían los desahucios en camino, pueden limitar el futuro
acceso a la hipoteca, o dejarla sólo para unos pocos privilegiados. Hay
que negociar y legislar no sólo para
este momento de crisis, sino para el futuro. De lo "que se originó en gran
parte con la burbuja inmobiliaria", los bancos son parte del problema, como lo es la ley actual, la clase política, el
Banco de España, y también la sociedad civil, en general, y el propio desahuciado.
Se vendió el ladrillo, préstamos al 100%
de la tasación, de la primera o segunda vivienda...nunca se fomentó el
alquiler. La avaricia de unos y la irresponsabilidad de otros nos han
llevado hasta aquí. Claro y cierto.
Además
de lo dicho, hay principios que por sí mismos hay que mantener y que al
repasarlos indican el grado de dificultad del problema. El contrato es libre.
Romperlo tiene consecuencias. Pero hay que examinar el contrato y sus cláusulas.
La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane
Kokott, ha manifestado que la ley española de desahucios
vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una
protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas
contractuales abusivas en las hipotecas. Algo que el Real Decreto de
6/12, de 9 de marzo reclamaba como Medidas Urgentes de Protección de
Deudores Hipotecarios sin recursos. Además de que se actúe contra
la lacra de los “Subasteros de los Juzgados”. Las medidas que se pueden y se
deben tomar son siempre anteriores a estos oportunistas. Antes, mil veces
mejor, que “se trasformen en alquileres”, como algunas entidades ofrecen.
Así mismo habrá que tener en cuenta que los impagos generalizados
pueden hacer quebrar a los bancos o pasarán a engrosar la deuda pública. ¿Por
qué deberíamos de pagarlos todos? Si el desahucio se elimina como figura legal
puede llevar consigo, o bien a la quiebra del sistema financiero, (cada uno
pagaría lo que le viniera en gana) o bien que desaparezca el crédito bancario
futuro, por la misma regla. ¡Ninguna institución es capaz de sobrevivir a un
elevado porcentaje de morosidad! La dación en pago de la vivienda, en general,
entra en el mismo círculo vicioso. Hay un término medio, que debe ser
explorado: “la mediación”, el “arbitraje”, se da cuando hay un conflicto y las
partes no son capaces de llegar a un acuerdo. No habría que descartarlo, si
pese a la Buena Praxis no se encuentra otra solución. "Es necesario aunar
la voluntad de colaboración de entidades financieras y las distintas administraciones públicas… deben mostrar su
voluntad de intermediar y romper la neutralidad e interceder".
Si en momentos de vacas gordas la ley
existente permitía un “período de carencia”, en tiempo de “emergencia”, como el
actual, -familias con todos los miembros en paro, o con personas dependientes,
con hijos menores-, ¿por qué no activar otro periodo de carencia donde
únicamente se tengan que pagar intereses? Máxime en el caso de familias
monoparentales de mujeres que han perdido el trabajo y tienen hijos a su cargo.
¿Por qué no puede asumirlo el Estado, que sí puede inyectar dinero a las
entidades financieras? Antes de arrojar a nadie a la calle, cualquier acto de
humanidad debe ser bienvenido. Algunos, recuerdan el pasaje bíblico del hombre
sin entrañas a quien le habían perdonado una enorme deuda, y no fue capaz de
hacer lo mismo con quien le debía a él
una pequeña cantidad de dinero, y “le echó
en la cárcel hasta que pagase lo que debía”. Al ver esta actitud sus conciudadanos fueron
a contar al Señor lo sucedido. Éste, se enojó diciendo: “malvado, yo te perdoné
a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste, ¿no debías también tú
compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?” (Mt
18,23-34).
Se debe añadir, además, dado que todos
los implicados deben poner algo de su parte, que también las Compañías de Seguros deben adaptar sus cláusulas. De
hecho, comercializan unas pólizas de Seguro de Amortización de Préstamos, para
casos de invalidez o de fallecimiento del titular. ¿Por qué no extender la
póliza a casos de imposibilidad práctica de atender a los pagos de la hipoteca
por despido no imputable al hipotecado, -cierre de la empresa donde se trabaja o
por un ERE, que deje a la familia sin fuente de ingresos, en estos casos y/o en caso de agotar las
prestaciones de desempleo-? ¿Hay que esperar al suicidio o al fallecimiento
para que se active el protocolo del Seguro y que la Compañía se haga cargo de
la deuda? ¿Por qué no humanizar las condiciones sin esperar a un desenlace
fatal?
Crear
empleo, primera
exigencia social. Desde ahí se puede
actuar estimulando la reinserción para que “no se queden fuera del mercado
laboral quienes más lo necesitan”. Y medidas preferentes de acceso a Vivienda
de Protección Oficial, para los desahuciados por haber perdido el empleo y no
poder pagar.
La
segunda exigencia social es hacer que el dinero vuelva a fluir. Tomar “medidas nuevas e imaginativas para
poder paliar la situación". El objetivo es doble: 1.- que el dinero vuelva
a fluir en préstamos para empresas y particulares; 2.- que las partes
implicadas lleguen a un acuerdo con las
familias afectadas por la hipoteca, para evitar que se queden sin vivienda. Hay
alternativas al desahucio. Menos la muerte, se puede arreglar cualquier
situación. El desahucio, no puede ser norma. En la anterior legislatura
370.000, y en lo que llevamos de ésta cerca de 100.000. Son demasiados.
¡Primero las personas, por favor! Paralizar los desahucios hasta que la nueva
normativa aclare el desconcierto actual. No es posible una sociedad donde se
está rescatando a los bancos, mientras ellos, los bancos, desahucian a las personas o a las familias.
La confusión y la presión actual no
garantizan soluciones estables. Gobierno y oposición deberían pactar una tregua
con los bancos. ¿Es posible?
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