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Que esos ajustes iban a llevarse “por
delante” a una parte del sector y del empleo público también era evidente.
Quedaba por comprobar cual era el grado de “voluntariedad” y de “resistencia”
que ante una política que “recorta lo público para abrir negocio a lo privado”
establecía cada una de las administraciones – estatal, autonómica o local – en
cada uno de sus ámbitos de competencia.
Salieron “voluntarios” como la Comunidad
de Madrid o la de Castilla La Mancha para marcar sendas y objetivos. Así,
comenzaron por estigmatizar a las empleadas y empleados públicos y prosiguieron
con recortar, con muy distintos modos, los servicios públicos – aumento de
ratios y de jornadas lectivas, privatización y cierre de centros de salud y
hospitales, recortes salariales y desaparición de organismos públicos… etc.
La estrategia de ataque a lo público
para “realzar lo privado” – los servicios deben prestarse y si se deterioran en
lo público, en lo privado, a mayor precio, se prestarán –se ha extendido por
nuevos sectores como dependencia o universidades, incluso se retocan derechos
que no se preveían – tasas judiciales – y por fin al convertir algunos
elementos en normativa básica los recortes se han extendido a todo el
territorio.
Andalucía ha estrenado oficialmente la
lista de recortes públicos y aunque no se desee, los servicios y el empleo
público comienza a resquebrajarse: 4.700 interinos de educación irán a la calle
en Septiembre, más de 1.000 irán a la calle
por no dar cobertura a las bajas y por la no reposición de vacantes.
En la sanidad y la dependencia están por
cuantificarse aún y mientras, aunque no se desee y para evitar “males mayores”,
es decir, más despidos, se entra a recortar salarios de empleados públicos.
No vamos ni a respaldar ni a negociar la
aminoración de empleos o derechos. Nuestra opción es que se cambien las
políticas que desde un ajuste ineficaz están llevando “al matadero” a miles de
trabajadores en el sector privado – cierres, eres…- y que también comienzan a
hacerlo ahora en lo público, en el ámbito de los servicios prestados en y por
la comunidad autónoma.
El gobierno de la Junta debe escoger y
con claridad definirse. Defender el empleo público y los servicios que se
prestan. no puede hacerse con 10.000 trabajadores y trabajadoras menos. No puede
hacerse con un modelo de gestión sanitaria concebido a base de “muchos equipos
directivos” y “muchas y altas retribuciones variables y de productividad”.
Para defender lo público – en la
educación, en la sanidad, en la dependencia, en la administración pública – hay
que vestirse por los pies presentando una reducción de gastos más potente y
alta en las personas que dirigen y hacen la política en nuestra comunidad,
desde el presidente al último diputado, estableciendo mayores recortes en los
cargos directivos de todos los estamentos, potenciando una administración
pública andaluza más centralizada en sus costes y con un mayor grado de
eficacia en la gestión – alquileres, gastos y contrataciones externas … -
Si después de hacer todo esto, de
explicarlo a la sociedad y de que ésta, a su vez lo compruebe, hubiera algo que
negociar se hace antes de mandar a nadie- Montoro incluido – ningún documento.
No olvidemos que el objetivo es cambiar
estas políticas injustas puestas en pie desde la Europa más liberal y más conservadora
de los últimos tiempos.
El cambio lo hacen los ciudadanos y los
trabajadores y trabajadoras con su voto, y, como vimos el 20 N, no se puede
hacer desde la frustración, el desengaño o el desencanto.
Por último una pregunta: ¿De dónde
sacaría Arenas sin despedir ni recortar 2.700 millones de Euros?
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