POLITICAS Y RECORTES

POLITICAS Y RECORTES
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 Era evidente, desde el pasado 20 N, que la política de ajustes, bajo la excusa de la crisis y el déficit público, iba a incrementarse.

Que esos ajustes iban a llevarse “por delante” a una parte del sector y del empleo público también era evidente. Quedaba por comprobar cual era el grado de “voluntariedad” y de “resistencia” que ante una política que “recorta lo público para abrir negocio a lo privado” establecía cada una de las administraciones – estatal, autonómica o local – en cada uno de sus ámbitos de competencia.


Salieron “voluntarios” como la Comunidad de Madrid o la de Castilla La Mancha para marcar sendas y objetivos. Así, comenzaron por estigmatizar a las empleadas y empleados públicos y prosiguieron con recortar, con muy distintos modos, los servicios públicos – aumento de ratios y de jornadas lectivas, privatización y cierre de centros de salud y hospitales, recortes salariales y desaparición de organismos públicos… etc.

La estrategia de ataque a lo público para “realzar lo privado” – los servicios deben prestarse y si se deterioran en lo público, en lo privado, a mayor precio, se prestarán –se ha extendido por nuevos sectores como dependencia o universidades, incluso se retocan derechos que no se preveían – tasas judiciales – y por fin al convertir algunos elementos en normativa básica los recortes se han extendido a todo el territorio.

Andalucía ha estrenado oficialmente la lista de recortes públicos y aunque no se desee, los servicios y el empleo público comienza a resquebrajarse: 4.700 interinos de educación irán a la calle en Septiembre, más de 1.000 irán a la calle  por no dar cobertura a las bajas y por la no reposición de vacantes.

En la sanidad y la dependencia están por cuantificarse aún y mientras, aunque no se desee y para evitar “males mayores”, es decir, más despidos, se entra a recortar salarios de empleados públicos.

No vamos ni a respaldar ni a negociar la aminoración de empleos o derechos. Nuestra opción es que se cambien las políticas que desde un ajuste ineficaz están llevando “al matadero” a miles de trabajadores en el sector privado – cierres, eres…- y que también comienzan a hacerlo ahora en lo público, en el ámbito de los servicios prestados en y por la comunidad autónoma.

El gobierno de la Junta debe escoger y con claridad definirse. Defender el empleo público y los servicios que se prestan. no puede hacerse con 10.000 trabajadores y trabajadoras menos. No puede hacerse con un modelo de gestión sanitaria concebido a base de “muchos equipos directivos” y “muchas y altas retribuciones variables y de productividad”.

Para defender lo público – en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en la administración pública – hay que vestirse por los pies presentando una reducción de gastos más potente y alta en las personas que dirigen y hacen la política en nuestra comunidad, desde el presidente al último diputado, estableciendo mayores recortes en los cargos directivos de todos los estamentos, potenciando una administración pública andaluza más centralizada en sus costes y con un mayor grado de eficacia en la gestión – alquileres, gastos y contrataciones externas … -

Si después de hacer todo esto, de explicarlo a la sociedad y de que ésta, a su vez lo compruebe, hubiera algo que negociar se hace antes de mandar a nadie- Montoro incluido – ningún documento.

No olvidemos que el objetivo es cambiar estas políticas injustas puestas en pie desde la Europa más liberal y más conservadora de los últimos tiempos.

El cambio lo hacen los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras con su voto, y, como vimos el 20 N, no se puede hacer desde la frustración, el desengaño o el desencanto.

Por último una pregunta: ¿De dónde sacaría Arenas sin despedir ni recortar 2.700 millones de Euros?

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