REFORMA EDUCATIVA Y FORMACIÓN ECONÓMICA. JOSÉ M. DOMÍNGUEZ Y JOSÉ ANTONIO MOLINA


REFORMA EDUCATIVA Y FORMACIÓN ECONÓMICA
La crisis ha puesto de manifiesto, sin ambages, la importancia de la dimensión económica de la realidad social. Nuestras altas tasas de paro, los problemas para financiar el déficit público, el modelo de gobernanza económica de la UE, las dificultades del sistema financiero, la reforma del Estado del Bienestar, la necesidad de redefinir nuestro patrón de crecimiento o la insuficiencia de iniciativas emprendedoras impulsoras de la competitividad están en el centro de debate público.


Intrínsecamente, en las sociedades contemporáneas, los ciudadanos toman decisiones económicas permanentemente, ya sea como consumidores, empleadores, empleados, contribuyentes, usuarios de servicios públicos, beneficiarios de prestaciones sociales, demandantes de servicios financieros o como votantes. Sin embargo, paradójicamente, el sistema educativo español no facilita una formación suficiente en un campo tan crucial.


Sorprendentemente, el reciente proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no sólo no enmienda esta carencia histórica sino que la empeora seriamente. Si no se modifica, dejará a las enseñanzas económicas como el único gran ámbito científico que no dispone de una materia específica durante la ESO, con lo que un ciudadano puede finalizar sus estudios sin conocerlo y sin disponer de unas bases suficientes para continuar su formación. En el caso del Bachillerato, el retroceso sería enorme, ya que la enseñanza de Economía en 1º dejaría de ser materia de modalidad obligatoria en el itinerario de Ciencias Sociales, para ser sustituida por Literatura Universal. Analicemos brevemente la trascendencia de la propuesta ministerial.

En 2006, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente replantea en la UE los procesos de enseñanza-aprendizaje para adaptarlos a la sociedad global y concretar la Estrategia de Lisboa. El texto define competencias que fueron incorporadas a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a las enseñanzas mínimas de ESO en España entre 2006 y 2007 por el Ministerio de Educación, y que no se modifican en el proyecto de LOMCE presentado.

Entre ellas, se encuentra la competencia titulada Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, que en España pasó a denominarse Autonomía e iniciativa personal, sin que la LOMCE enmiende la reorientación. De todas las competencias, nuestras autoridades educativas sólo reformularon esta para despojarla de toda mención a la alfabetización económica o a la formación para el desarrollo de iniciativas emprendedoras empresariales y asociativas que expresamente proponía la UE, y que hubiera obligado a concretarla en una materia con carga lectiva dirigida a todo el alumnado en la ESO. El Ministerio optó por enunciarla como una serie de habilidades individuales y sociales extremadamente genéricas.

Asimismo, en 2005, la OCDE aprobó una Recomendación referida a la necesidad de desarrollar la educación financiera para que alcanzara a toda la población y que ha cobrado sentido pleno con la crisis financiera. En 2012, elaboró un documento justificativo de la inclusión en PISA de la evaluación de la educación financiera, que menciona razones de eficiencia y equidad que avalan su promoción entre los adolescentes.

La internacionalización del sistema financiero y la extensión de las TIC configuran un entorno muy complejo en el cual los ciudadanos toman decisiones financieras que afectarán a sus ahorros, sus inversiones, y su desarrollo personal y profesional, ya desde su primera incorporación a la vida académica y laboral. En segundo lugar, las investigaciones realizadas sugieren que existe un vínculo entre la educación financiera recibida y el grado de formación de la familia de origen, de modo que tienen mayor educación financiera quienes proceden de familias con mayor nivel de renta, por lo que es importante ofrecerla a través del sistema educativo desde edades tempranas a quienes de otro modo no accederían a la misma.

Así, los contenidos evaluados en PISA 2012 incluyen un amplio recorrido por diferentes temas como las funciones y el valor del dinero, el reconocimiento de los medios de pago, el papel de los intermediarios financieros, el sentido del ahorro y del endeudamiento y su planificación, la distinción de los diferentes productos financieros, el papel del tipo de interés, y los derechos y deberes que como consumidores e inversores tienen los ciudadanos. Además, examina capacidades procedimentales y actitudinales en los procesos de toma de decisiones financieras. La complejidad de estas dimensiones y la profundidad con la que se pretende determinar el grado de desarrollo de esta competencia contrastan con el hecho de que en los niveles obligatorios del sistema educativo español no existe presencia alguna de estos contenidos impartidos por profesorado especializado en Economía.

Ante la LOMCE
Finalmente, la situación puede agravarse si prospera la propuesta de la LOMCE de que la Economía pierda su mencionada condición de materia obligatoria. En este caso, a los argumentos ya descritos hay que añadir el de que pedagógica y propedéuticamente este planteamiento es completamente incoherente. Desde el primer punto de vista, porque la Economía es una de las disciplinas esenciales de las Ciencias Sociales sin la cual el alumnado -la mitad de todo el que estudia la etapa- no obtendrá una visión completa de la realidad en la que se está especializando.

En relación con las finalidades del propio Bachillerato, porque no se organiza el currículum para que los futuros estudiantes de grados o ciclos formativos de nivel superior obtengan formación preparatoria en una materia que es troncal en todas sus áreas de especialización y que viene teniendo una amplia demanda por parte de los propios alumnos.

La crisis económica nos deja la enseñanza de que las reformas estructurales no son aplazables. El proyecto está en fase de discusión y el Ministerio debería atender a las necesidades sociales y del sistema educativo, así como a las competencias del alumnado en un mundo globalizado, desde una perspectiva en la que primen los intereses de la sociedad en su conjunto.

La ciudadanía activa, crítica, informada y cualificada, capaz de emprender proyectos y gestionarlos, no se improvisa, y configurarla adecuadamente requiere una implicación coherente de las autoridades educativas. Dada la trascendencia de la vertiente económica para la sociedad, una nueva marginación de la misma en el sistema educativo significaría perder una oportunidad histórica que acarrearía elevados costes, visibles e invisibles, para nuestro porvenir. Aún estamos a tiempo de remediarlo.

José M. Domínguez y José Antonio Molina. Catedrático de Hacienda Pública, Universidad de Málaga y profesor de Economía en el IES Emilio Prados, Málaga. Presidente de la Asociación Andaluza de Docentes de Economía en Secundaria.

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