NOS ROBAN… Y APLAUDEN. ROSA MARÍA ARTAL

NOS ROBAN… Y APLAUDEN

Un 45% de los encuestados por un reciente estudio de Metroscopia estima que con los recortes dentro de dos años la situación económica habrá mejorado. Han hecho suyas las promesas de Cristóbal Montoro y otros miembros del Gobierno. Lo que ya es tener fe, esa virtud teologal que se define como creer lo que no se ve. Estas personas –como otras muchas que aún se debaten en la duda– muestran un problema mecánico en el cerebro para relacionar conceptos.

Ya no es únicamente que hasta un aprendiz de economía conoce que las mermas económicas y los re-pagos retraen la actividad y ocasionan más recesión y, por tanto, más paro y más podas, es que basta con abrir los ojos y mirar cómo han funcionado los recortes en Grecia, Portugal o Irlanda. Y cómo en Islandia, que está creciendo al 3% al tomar la propia sociedad las riendas de su destino.

El plan de los gobernantes neoliberales es otro. Si es que en el caso del PP hay alguno en su desconcierto. Lo que sí saben es que ahora toca lo que siempre llaman “acometer un ambicioso plan de privatizaciones” que van a perpetrar en su mayoría escudados en la agosticidad del mes entrante.

No harían falta siquiera nuevos subterfugios: un amplio sector de la sociedad no siente como suyo lo público, ni siquiera el bien común. Si un extraño les sustrae una maceta en la puerta de su casa, pueden montar un cirio sin precedentes, pero si les despojan de la sanidad, educación, servicios públicos, cultura, ciencia e investigación, el empleo y el desempleo, las pensiones, el futuro de los jóvenes o el nivel de vida entre otras cosas, les parece lógico. No asimilan que también les pertenecen.

Mucho más incluso admiten que les vendan a empresarios privados todo lo público que aún queda de los festines organizados por los gobiernos anteriores cuyo monto se ha volatilizado porque no lo vemos por parte alguna. ¿No están las arcas públicas vacías?

Nadie entendería que un propietario privado a quien se derriba su casa para construir una autovía, por ejemplo, no recibiera dinero alguno por el daño. Pero es que, como dice el profesor Ugo Mattei de la Universidad de California: “La tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado constructor, instituyendo la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad”.

Impulsadas en Europa por Margaret Thatcher en los 80, en España –y dentro del fervor neoliberal que desencadenaron los Consensos de Washington y Bruselas– inicia las privatizaciones Felipe González, conservando la mayoría pública. Luego encuentran su amparo legal en el llamado  ”programa de modernización del sector público empresarial del Estado”, de Aznar, para el que se empezarían a dictar leyes sectoriales desde 1997. Entonces se emprende la enajenación total de empresas públicas. Es decir, tienen un cierto respaldo legal –en absoluto por norma constitucional–, pero claramente ilícito: venden lo que es nuestro y hemos pagado y sostenemos con nuestros impuestos. El “contrato” del voto no lo explicita.

Ahora estamos hablando ya de asuntos vitales: hospitales, colegios, gestión de la salud o de la educación, el agua, los transportes. Ya se ha anunciado la privatización de Renfe y escuchamos a la ministra Ana Pastor lo modernos y europeos que vamos a ser con esa medida… que ha ocasionado un deterioro del servicio y hasta graves accidentes en los países que se anticiparon con idéntico resultado: el dinero de la venta voló. Y es que esta “empresa” –a la que aún llaman país– que cierra las líneas y servicios “deficitarios” (para el negocio de unos pocos), encuentra una enorme dificultad en cuadrar las cuentas por más que utilice a los ciudadanos como variable económica.

Los “ambiciosos planes de privatizaciones” pueden calificarse en buena medida de robo y estafa a la ciudadanía. En sí misma. Sin contar perversiones añadidas, como aquellas de Aznar que “criticó” el Tribunal de Cuentas, sin consecuencia punible alguna.

Sí hay dinero, insisto. Mucho. Pero ése no quiere ni tocarlo el poder neoliberal, mientras haya primos que se dejen desvalijar. Lo que pasa es que en esta bendita democracia en la que un 30,2% de los votantes ha otorgado al PP las llaves de la caja fuerte y de una apisonadora de involución ideológica, hemos de pagarlo todos. “Es la democracia, hija mía”, dicen.

Una democracia desinformada, poco exigente en lo fundamental, con un decisorio grupo de personas crédulas por naturaleza al parecer, algunas con deficiencias en los mecanismos neuronales de la reflexión, o simplemente egoístas cuando no corruptas. Personas, porque ser ciudadano es otra cosa: es pensar en el bien común. Y ése nos lo están robando –con grave quebranto de nuestras condiciones de vida–, mientras un coro aplaude, otro se desentiende… y otro no encuentra la fórmula para frenar tanto desatino. Con el dinero que “sí hay”, bastaría apenas con “desprivatizar” las redes inducidas de la ignorancia, la fe, la abulia y el miedo de esa sociedad lastre con la que cargamos.