¿HAY
QUE PAGAR LA DEUDA?
La deuda es hoy una cuestión central en
la agenda social y política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones,
recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la
mayor parte de la población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la
contrajo? ¿A qué ha servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan
respuesta aquellos que en el seno del movimiento indignado plantean una
auditoria ciudadana de la misma.
En la década de los años 80, 90, 2000,
vimos el impacto de la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la
aplicación sistemática de programas de ajuste estructural y de recortes
sociales, que se decían necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010,
con el estallido de la crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un
tema clave en los países de la Unión Europea, y en especial en los de su
periferia donde se condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.
La deuda externa ha sido un instrumento
de control y dominación de las elites políticas y económicas del Norte respecto
al Sur, y un potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en
sentido inverso. Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve
a darse aunque, en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que
es necesario pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar
dichas medidas de ajuste.
Pero el repudio de la deuda ha sido una
constante a lo largo de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en
derecho internacional se utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno
y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar
deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.
Desde hace años, organizaciones sociales
en los países del Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la
deuda y en consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los
principales instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante
fue la llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión
de Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por
representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y
de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda
al declararla ilegítima.
El proceso de auditoría posibilita
investigar porqué las deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes
beneficiaron y sacar a la luz las irregularidades presentes en su contratación,
revelar la complicidad de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para
su repudio. Se trata de un instrumento profundamente pedagógico que permite
discutir sobre el funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las
relaciones institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de
las bambalinas del poder
Con la llegada de la crisis de la deuda
a Europa, organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en
campañas de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al
movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia
sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que ésta tiene en los
recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.
Con el objetivo de promover un debate
público y la participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y
romper con el discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los
procesos de auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas.
Su celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular
la parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países
como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español están
en marcha campañas ciudadanas para auditarla.
De este modo, frente al discurso
hegemónico de “salvar a los bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la
deuda”, empieza emerger otro discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar
a los pobres”, “no pagar la deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente
dinero público a entidades financieras como Bankia sino mantener los
privilegios de unos pocos a costa de los derechos y las necesidades de la gran
mayoría?. Como bien señala Occupy Wall Street, se sacrifica al 99% para salvar
al 1%.
Las verdades absolutas para hacer frente
a la crisis empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde
abajo y empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es
clara.
*Artículo publicado en El Huffington
Post, 14/07/2012. Blog de Esther Vivas en El Huffington Post.
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