LA ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA NO ES NEGOCIABLE
Ante la gravedad de la crisis que golpea
Europa y los duros recortes anunciados por algunos de sus Gobiernos, los
inmigrantes indocumentados se están convirtiendo en víctimas ideales. Las
recientes decisiones tomadas en Grecia y España restringiendo su acceso a la
atención médica no hacen más que empeorar una situación ya de por sí muy
precaria. Estas políticas de exclusión del sistema de salud son potencialmente
peligrosas para la salud pública, pero sobre todo son contrarias a la ética
médica, y suponen un retroceso enorme en el respeto a la dignidad humana.
Además, apuntan peligrosamente en la dirección de estigmatizar a los
inmigrantes como culpables del "excesivo gasto sanitario", algo que
numerosos estudios ya han desmentido.
Identificar el acceso a la salud de los
inmigrantes indocumentados con el llamado "turismo sanitario" no es
sino un cruel sarcasmo hacia un colectivo ya de por sí muy vulnerable. Médicos
Sin Fronteras ha trabajado y trabaja con migrantes en varios países de la Unión
Europea, como Bélgica, Italia, Francia, Grecia, y también España, donde lo hizo
entre los años 2000 y 2005. En todos estos países, hemos podido comprobar de
primera mano la precariedad de las condiciones de acogida en unos casos, y de
su acceso a los servicios de salud pública en otros.
Como organización médica, y como
organización con experiencia en la asistencia a inmigrantes indocumentados en
España, nos preocupa el retroceso que las reformas anunciadas por el Gobierno
español suponen para su acceso al sistema público de salud. Hasta ahora, la Ley
de Extranjería reconocía el derecho de los inmigrantes indocumentados a
tratamiento vía tarjeta sanitaria a través del empadronamiento o, en su ausencia,
vía urgencias hasta su alta médica. Ahora, España "ha descendido" al
grupo de países que no reconocen este derecho universal, al limitarlo a casos
de urgencia, maternidad y menores de edad. Esto implica excluir a la mayor
parte de este colectivo: mayores de edad y mujeres no embarazadas verán muy
limitado su acceso a tratamiento médico, al impedírseles acceder a la tarjeta
sanitaria.
La experiencia de MSF en Madrid en 2004
y 2005 demostró que, en la práctica, para quienes no disponían de tarjeta sanitaria
y accedían a los hospitales vía urgencias, la asistencia se mantenía sólo hasta
el alta hospitalaria. Desde allí, eran referidos al médico de cabecera para
continuar con el tratamiento. Sin embargo, al carecer de dicha tarjeta por
falta de empadronamiento, no tenían acceso a la atención primaria, ni a la
especializada, ni a los medicamentos necesarios para completarlo.
Esta situación, aun siendo la excepción,
provocaba frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente
preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las enfermedades
crónicas. Según pudimos comprobar, los inmigrantes presentaban mayoritariamente
enfermedades comunes, como las de cualquier ciudadano, aunque con un componente
importante de patología infecciosa, gastrointestinal y traumatológica, que
podría reflejar las condiciones sociolaborales en las que se encuentra inmerso
gran parte de este colectivo.
Pero se detectaron también patologías de
una mayor severidad, con grave riego para su salud y con posibles consecuencias
para la salud pública: enfermedades infecciosas como hepatitis,
esquistosomiasis, tuberculosis o VIH/sida. Patologías que obviamente se sigue
dando en este colectivo en la actualidad.
Es decir, hasta ahora y con una
legislación favorable, seguían existiendo lagunas que dificultaban en
determinados supuestos el acceso a la atención médica normalizada. Con la
actual reforma, la excepción se convertirá en norma y traerá graves
consecuencias. La pretensión del Gobierno de delegar en organizaciones no gubernamentales
una responsabilidad que le es inherente suena irónico, especialmente cuando se
acompaña, como es el caso, de severos recortes a la financiación de estas
últimas. En algunos casos, además, la delegación de responsabilidad ni siquiera
es posible: por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales contra el VIH en
España solo se dispensan en centros hospitalarios. Ni asumiendo su coste se
podrían adquirir en una farmacia de venta al público.
Nos preocupan las consecuencias que esta
exclusión del sistema sanitario pueda tener para el que es uno de los
colectivos más desfavorecidos en España, como nos preocupa también la situación
en países europeos de nuestro entorno. En Francia, donde trabajamos en la
actualidad, constatamos que las barreras para acceder a una asistencia
sanitaria que los "sin papeles" tienen garantizada por ley son muy
grandes. En Italia, el acceso a la asistencia médica también está gravemente
comprometido, debido a una legislación que criminaliza al inmigrante
indocumentado.
Mención aparte merece el caso de Grecia,
donde los inmigrantes sin papeles sólo tienen acceso a la sanidad pública en
casos de emergencia. Desde el pasado 9 de abril, la ley impone revisiones
médicas obligatorias de personas que padezcan enfermedades infecciosas o grupos
vulnerables a las mismas, definiendo a todas estas personas como "amenazas
para la salud pública". Es decir, no pueden acceder al sistema público de
salud de una forma normalizada, pero se les obliga a pasar por una revisión
médica. El colmo de la paradoja.
La aplicación de esta nueva normativa en
Grecia se ha traducido en redadas policiales contra los inmigrantes
indocumentados, unas operaciones que sólo pueden infundir el terror en este
grupo de personas y empujarlas a esconderse, impidiendo su acceso a la atención
médica cuando realmente la necesitan, y facilitando así el contagio de
enfermedades. Políticas restrictivas, alarmistas, criminalizadoras,
discriminatorias y poco éticas que se toman en nombre de la protección de la
salud pública acaban poniendo en riesgo esa misma salud pública: esta sólo
puede promoverse cuando se responde a las necesidades médicas de todos los
grupos sociales.
El camino hacia Europa de los
inmigrantes suele estar marcado por la necesidad y muy a menudo por la
violencia. Nuestros proyectos en países de tránsito como Marruecos así lo
acreditan. Y para quienes consiguen llegar, la experiencia nos indica que los
gobiernos europeos tienden a hacer una clara dejación de responsabilidades, que
comienza en los centros de detención y tránsito -en Evros (Grecia), en 2011, el
60% de los problemas médicos de los detenidos se debían a las insalubres e
indignas condiciones de estos centros- y prosigue en el acceso a la sanidad
pública.
Hay una gran incoherencia entre lo que
los gobiernos europeos dicen defender fuera de nuestras fronteras (operaciones
armadas en nombre de la protección de los civiles) y lo que luego practican
tanto en estas fronteras como dentro de ellas cuando estos mismos civiles
llegan a Europa. El ejemplo de Libia el año pasado es extremo, casi
caricaturesco: mientras por un lado la Unión Europea apoyaba una intervención
militar "humanitaria" para proteger a la población civil, por otro
los Estados europeos impedían el acceso de las víctimas de esta misma guerra a
sus territorios, con el pretexto de prevenir la afluencia masiva de inmigrantes
indocumentados.
A pesar de las numerosas convenciones y
tratados ratificados por los Estados miembros de la UE e incluidos en sus
propias Constituciones nacionales, que reconocen el acceso a la salud como un
derecho básico universal, la realidad de las leyes y prácticas actuales se
desvía de estas obligaciones, y un elevado porcentaje de inmigrantes sin
papeles no tienen acceso a ningún tipo de atención médica, algo incongruente con
el grado de desarrollo social de Europa. Para muchas de estas personas, no es
un problema administrativo o legal sino, sobre todo, de salud y dignidad.
Las instituciones europeas y los Estados
miembros de la UE, entre ellos España, tienen la responsabilidad de garantizar
que las políticas económicas o de cualquier otra naturaleza y las prácticas
migratorias no se apliquen a expensas de la salud de los inmigrantes: la
categorización de estas personas como "ilegales" no puede justificar
su exclusión de la atención médica. A la postre, no es una cuestión económica,
ya que de hecho no se le puede poner un precio: se trata de mantener un mínimo
principio de humanidad con quienes viven entre nosotros en situación más
vulnerable.
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