ANTE OTRA HUELGA GENERAL
Los sindicatos mayoritarios y otros colectivos
sociales han convocado para el próximo miércoles, 14 de noviembre, una huelga
general en protesta por los recortes sociales y la política económica del
Gobierno de la nación. De la convocatoria se ha desentendido la organización
CSIF, de amplia influencia entre el funcionariado y el sector público. Ésta
será la segunda huelga general que se organiza contra el Gobierno de Rajoy en
el periodo de diez meses escasos desde que tomó posesión. La huelga tiene un
carácter político evidente, ya que supone una enmienda a la totalidad a la
política del Ejecutivo por parte de las centrales sindicales, que tratan de
encauzar y dar sentido político al indudable malestar generado por la crisis
económica y las medidas de ajuste y restricción de las prestaciones sociales
con las que el equipo de Rajoy pretende combatirla.
Aunque nadie puede negar la
perturbación social que supone una movilización de estas características y los
perjuicios que provocará en la economía nacional y en la economía de las
empresas, se trata del ejercicio de un derecho ciudadano contemplado en la
Constitución democrática. Los trabajadores que decidan voluntariamente secundar
el llamamiento están, pues, legitimados para hacerlo sin sufrir represalias de ninguna
clase, del mismo modo que aquellos otros que decidan acudir a sus puestos de
trabajo, con idéntica legitimidad, no deben ser coaccionados, violentados ni
estorbados en el ejercicio de sus derechos. Este principio ha de ser respetado
por todos. Están de más, aparte de ser ilegales, los piquetes violentos que con
frecuencia actúan en sectores estratégicos como los transportes, mercados,
hostelería y comercio. Su hipotético éxito sería engañoso en la medida en que
destruiría el requisito básico de cualquier convocatoria de huelga general, que
es la voluntariedad en la participación.
Mención aparte merece la postura
adoptada por los dos partidos que gobiernan la Junta de Andalucía, PSOE e IU,
que han aplazado el pleno del Parlamento previsto para el 14-N. En el caso de
IU, sus consejeros y alcaldes se han sumado directamente a la huelga, con
olvido de sus deberes institucionales. Participan en una operación política que
es la que menos conviene al interés de España en esta coyuntura dramática.
EDITORIAL MÁLAGA HOY
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