A nadie le puede extrañar que el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saliera por la puerta del garaje del
Senado para no tener que dar cuentas a los medios de comunicación de las
últimas medidas económicas que ha adoptado y concretamente del recorte adicional
de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. No extraña porque hasta el truhan
más descarado sentiría vergüenza si tuviera que justificar una chapuza tan
grande, una mentira tan evidente y una traición a los intereses de la Nación
tan cobarde.
Es una chapuza monumental que una semana
después de haber presentado los Presupuestos Generales del Estado, y después de
haber negado por la mañana que se iría en esa dirección (por no hablar de las
promesas que se lanzaban cuando se trataba de criticar al anterior gobierno) se
anuncie un gigantesco recorte presupuestario adicional en sanidad y educación.
Si hubieran transcurrido unos meses
quizá se podría argumentar que se trata de un cambio de coyuntura, de una
necesidad adicional, pero ¿cómo justificar una rectificación tan grande cuando
casi se puede contar en horas el tiempo transcurrido desde la presentación de
las cuentas del Estado? ¿Cómo puede seguir en su puesto sin morirse de la
vergüenza y dimitir un Ministro de Hacienda que ha preparado nada más y nada
menos que los Presupuestos Generales del Estado con semejante falta de
perspectiva y de rigor? ¿Qué se puede esperar de un Ejecutivo que actúa con una
estrategia tan errada, con una percepción tan alicorta de las necesidades de la
economía y la sociedad española? ¿Cómo se puede sostener un Gobierno que de una
semana a otra considera que la educación y la sanidad española necesitan 10.000
millones de euros menos?
Salvo, claro está, que ese Gobierno no
se esté pensando en lo que necesita el Estado y la población a la que sirve,
sino lo que le exigen intereses extranjeros o particulares que actúan a la
sombra incluso de los propios agentes que, por lo que se ve, mantienen en ese
Consejo de Ministros.
El anuncio del recorte responde también
a una mentira que es bastante fácil descubrir.
Reducir los presupuestos de educación y
sanidad en esa cifra tan extraordinaria no va a
contribuir decisivamente a reducir el déficit público.
Docenas de estudios empíricos han
demostrado que una disminución del gasto público supone una caída prácticamente
inmediata y muy importante del Producto Interior Bruto, cuya magnitud depende
del tipo de economía y de las partidas concretas en que se materialice pero que
en el caso español y dándose en materia de educación y salud podría ser de
entre el 60 y el 75 u 80%. También sabemos que al caer el PIB disminuye
lógicamente la recaudación impositiva porque hay menos actividad económica,
menos beneficios, menos sueldos y menos transacciones que gravar. La magnitud
final de esta disminución también depende de diversas circunstancias (de la
estructura impositiva, del peso de los impuestos en el PIB) pero no sería
exagerado decir que en un país como España la disminución del PIB producida por
un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto en sanidad y educación
podría suponer una disminución de más de 4.000 millones en los ingresos
fiscales del Estado. Y no solo eso, sino que al aumentar el desempleo,
aumentarán los subsidios del paro y posiblemente otras transferencias a las familias,
en una cantidad más difícil de estimar pero que seguramente no fuese inferior a
1.000 o 1.500 millones de euros.
Es verdad que, al disminuir la provisión
pública de servicios de educación y salud que conlleva ese recorte, un
determinado porcentaje de la población optaría por adquirirlos en el sector
privado, de modo que el efecto que acabo de señalar ser vería compensado,
aunque es evidente que no sería realista pensar que lo hiciera en la misma
magnitud. En definitiva, y dejando aparte el efecto distributivo y la
connotación ética que sin duda tendría el recorte, lo cierto es que su efecto
final sobre el déficit es bastante más reducido del que pretende alcanzar el
gobierno. Digamos que aunque es buena noticia para los proveedores privados de
servicios educativos y sanitarios, es una medida que seguirá siendo
insuficiente para los especuladores que lo que están haciendo es apostar con
ventaja y a tiro fijo sobre el hecho evidente de que con estas políticas de
austeridad (y con formas de actuar como las del Partido Popular en la oposición
y en el gobierno) no se va a poder reducir decisivamente el déficit público
español.
Y es precisamente esta última
circunstancia la que me lleva a una consideración final, pero que no es la
menos importante. La actuación del gobierno me parece que supone una auténtica
traición a la Nación a la que debería defender. ¿Para qué diablos sirve que nos
gastemos miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa si resulta que
los verdaderos ataques que sufre nuestra población no vienen de fuerzas
militares sino de los mercados, y nuestros gobiernos, en lugar de hacerles
frente para defenderla, se pliegan ante ellos de manera tan cobarde?
Se podría argumentar con razón que
recurrimos a los mercados para financiar nuestros gastos (e incluso que algunos
de estos han sido innecesarios e injustificables y que nuestra economía
necesita reformas profundas para evitar que se repitan en el futuro) y que es
lógico que los mercados sean los que impongan entonces sus condiciones pero ¿hemos
de aceptar sin más que los grupos financieros que dominan los mercados los
manipulen para alzar artificialmente el precio de la deuda o que impongan los
derechos que puedan o no disfrutar nuestros ciudadanos y las medidas de
política económica que ha de adoptar nuestro gobierno?, ¿no han generado así
una deuda odiosa e ilegítima a la que tenemos el derecho de repudiar?, ¿no
tienen nuestros gobiernos el deber moral y político de denunciar lo que está
ocurriendo, de reclamar a las autoridades europeas que igualmente la condenen y
la repudien, en lugar de limitarse a aceptar los dictados de los terroristas
financieros? ¿Debemos limitarnos sin más a pertenecer a un club que permite que
eso suceda, que nos arruina y que institucionaliza el saqueo de las arcas
públicas por los bancos y los especuladores privados, como sucede cuando se
permite que el Banco Central Europeo prácticamente regale a los bancos todo el
dinero que quieran para que resuelvan sus quebrantos patrimoniales especulando
y comprando deuda de los gobiernos dejando sin financiación a las economía, en
lugar de que lo proporcionen a los Estados y estos garanticen el funcionamiento
normal de las empresas y de la economía en su conjunto? Las enciclopedias y
diccionarios dicen que traicionar a la Patria es colaborar o asociarse con
elementos non gratos o enemigos defraudando así a los nacionales y perjudicando
sus intereses, ¿no es evidente entonces que la traiciona el Gobierno que
renuncia a defender la soberanía nacional y que daña a sus ciudadanos con tal
de contentar a quienes dominan los mercados?
No hay comentarios:
Publicar un comentario