CARTA
ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
Todas las asociaciones de jueces y de fiscales
españoles firman esta carta conjunta contra las reformas del ministro Alberto
Ruiz Gallardón
En la presente Legislatura se está produciendo una
indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de
Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin
consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y
despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas
directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas
(jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y
funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los
ciudadanos, que desconocen alcance social de las reformas puestas en marcha por
el Ministerio de Justicia.
De esta forma, se disgusta a la ciudadanía, que cada
vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la
convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a
día viene valorando más negativamente. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de
Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de
la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya la mejora efectiva del
sistema que administra, sino también las condiciones de vida en general de los
administrados y de todos los españoles.
La situación se ha agravado sensiblemente en los
últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros
divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún momento se
ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento
al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia
juega en la democracia y en la defensa de la libertad.
De hecho, el Ministerio de Justicia no ha conseguido
organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni
con la situación de la Justicia. Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la
sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para
restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el
que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está
embarcada España. Una crisis que no es necesario describir de manera más
prolija, pues está en la mente de todos y en todas las conversaciones.
El cuadro sintomático en materia de Justicia se
resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:
- Intento de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la
finalidad de cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia
judicial.
- Ley de tasas, con fijación de cuantías
desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.
- Privatización de la justicia, reduciendo las
competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos.
- Inexistencia de inversiones en materia de
justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y fiscales en
rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo orden.
- Ausencia de agilidad en las normas procesales.
- Endurecimiento innecesario del Código Penal, donde
se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto
en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y los juzgados
con competencias penales, con una reducción de los medios personales para poder
afrontar dichos asuntos.
- Carencia de propuestas que solucionen las
problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios
hipotecarios.
- Falta de modernización en la Administración de
Justicia.
En relación con la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de
diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han
tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su
inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de
urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin
escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder
a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos
carente de sentido de Estado.
Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos
por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto negativo o la
abstención de los grupos parlamentarios en la votación correspondiente. Y anunciamos
la promoción de todos los recursos y procedimientos disponibles en derecho para
que sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley más razonable, más
razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la
Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española.
Instamos tanto al Presidente del Gobierno como al
Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso real en defensa de la
Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas funciones
constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las asociaciones de
jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para que nuestro
sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos fundamentales en el
marco de nuestro Estado Constitucional.
Madrid, 17 de diciembre de 2012
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
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