EL CONSTITUCIONAL PORTUGUÉS
El Tribunal Constitucional de Portugal considera discriminatorios los recortes salariales aplicados por el Gobierno de Passos Coelho a los funcionarios públicos y pensionistas, y no al sector privado. Este dictamen difundido este viernes, sin embargo, no impedirá que la medida se aplique este año.
Así, para cumplir la reducción del déficit fiscal comprometida en el rescate financiero que pidió el año pasado, esta decisión del alto tribunal obligará al Ejecutivo portugués a adoptar nuevas medidas de austeridad o extender los recortes de salario a la empresa privada.
Esta decisión del Constitucional se ha producido a raíz de una petición presentada el pasado 19 de enero por 25 diputados lusos, 17 pertenecientes al Partido Socialista y el resto, al marxista Bloque de Izquierda.
El Gobierno del primer ministro, Pedro Passos Coelho, aprobó la suspensión desde este año y, en principio, hasta 2015, de las pagas extra de verano y navidad a los funcionarios públicos y los pensionistas. El Gobierno español estudia aplicar una suspensión similar a los empleados públicos como parte del nuevo paquete de recortes que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Esta medida, una de las adoptadas por el Ejecutivo conservador luso para reducir el gasto público, ha sido muy contestada desde la oposición de izquierdas y los sindicatos que, tras el dictamen del Constitucional, ya han pedido que se anulen los recortes y no se extiendan al sector privado.
El Gobierno anuncia su sustitución por recortes que afecten a todos los ciudadanos
Desde el Gobierno, el primer ministro portugués, en un breve comentario a medios lusos, ha señalado que los Presupuestos del Estado para 2013 deberán incluir medidas de ahorro "equivalentes" a la ahora cuestionada por el Tribunal y que sean aplicables a todos los ciudadanos y no solo a los funcionarios.
Según varios medios estatales, la decisión del Constitucional ha sido respaldada por una amplia mayoría de nueve de sus doce magistrados.
El alto tribunal argumenta en su dictamen que el "principio de igualdad" debe aplicarse a todos los ciudadanos a la hora de ayudar a sustentar las cuentas públicas. Pero los cortes salariales a los funcionarios suponen, de acuerdo con el Constitucional, "la imposición de un sacrificio adicional que no tiene equivalente para el resto de ciudadanos".
La suspensión de las dos pagas extraordinarias anuales en el sector público y el sistema nacional de pensiones aplicada a partir de los 600 euros de retribución, varía según el importe de la remuneración y puede llegar hasta el cien por cien, en función de los ingresos del beneficiario.
La medida, que supone un ahorro para el Estado de cerca de 2.000 millones de euros, fue calificada en el momento de su aprobación como "temporal" por el Gobierno luso, que manifestó su confianza de eliminarla de forma gradual a partir de año 2015, aunque sin comprometer una fecha concreta para la recuperación completa de ambas pagas.
Dificultades para cumplir el objetivo de déficit
Esa reducción salarial, junto a medidas laborales generales para todos los trabajadores como la reducción de días festivos y de vacaciones, se incluyeron en los diferentes paquetes de austeridad aprobados por el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho desde que llegó al poder, en junio de 2011.
El Constitucional ha decidido que su resolución no se aplique este año porque el ejercicio financiero de 2012 se encuentra "en un estado avanzado" y se pondrían en riesgo los objetivos presupuestarios.
Portugal puede tener dificultades para cumplir este año su objetivo de dejar el déficit fiscal en el 4,5% porque la reducción del desequilibrio entre gastos e ingresos del sector público ha sido menor de lo esperado.
La fuerte caída del consumo en el país ha derivado en un descenso cercano al 3% de los ingresos recaudados por el Estado vía impuestos durante los cinco primeros meses del año.
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