UNA LECCIÓN MORAL
EL Gobierno decidió el pasado viernes,
en una medida que inevitablemente provocará una larga y lógica controversia
política y social, conceder el tercer grado penitenciario a Jesús María
Uribetxebarria Bolinaga, uno de los miembros de ETA que participó directamente
en el cruel secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara. La
excarcelación parcial de este terrorista, todavía pendiente de que la autoridad
judicial termine de tramitar la petición, como es preceptivo, se produce por una
solicitud formal de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Álava
donde todavía está interno el terrorista, quien, según los estudios médicos,
padece un cáncer terminal que augura su muerte inminente.
Esta situación, y no otra cuestión, es la
que en aplicación de las normas penitenciarias va a poner en la calle a este
miembro de ETA, cuya crueldad en el secuestro de Ortega Lara fue extrema: iba a
dejarlo morir. Interior justifica su resolución en el hecho de que el recluso
ya no es peligroso para la sociedad (por su enfermedad) y no hay riesgo de que
vuelva a reincidir en la comisión de delitos. La Administración estatal
demuestra con esta lectura un grado de humanidad que los terroristas jamás han
tenido con sus víctimas. Un gesto que, aunque no sea comprendido por buena
parte de los españoles, sitúa moralmente a la democracia por encima de la banda
de asesinos de ETA.
La libertad condicional de Bolinaga, si
recibe el aval judicial, cosa que parece probable, no será ninguna victoria
para la izquierda abertzale, que de nuevo ha querido hacer del episodio otro de
sus habituales números de propaganda. Más bien es un acto de generosidad
infinita por parte de la sociedad con quien ni la tuvo con sus semejantes ni lo
merece. Un acto que es difícil de asumir pero que responde a la aplicación
escrupulosa de la ley, al igual que se ha hecho antes. La medida tendrá cierto
coste político para el Gobierno, que en su etapa en la oposición no dudó en
usar el terrorismo para erosionar a Zapatero. Tras el cese definitivo de los
atentados por parte de ETA, el PP parece haber tomado ahora una posición más
institucional: hacer cumplir la ley en todos sus extremos; por un lado,
persiguiendo a los etarras que siguen libres y sentándolos ante los jueces; por
otro, aplicando las normas penitenciarias con criterios objetivos, sin
distinciones.
PUBLICADO MÁLAGA HOY
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