VAMOS
A HACER CUENTAS
Artur Mas ha fracasado con el pacto fiscal, pero ha
triunfado rotundamente en su propósito de convencer a los catalanes de que
están siendo expoliados por España y, por lo tanto, no les queda otra que
independizarse (sin las desventajas de la secesión, eso sí).
Las cuentas del presunto expolio sólo les salen a
los nacionalistas ricos a base de retorcer la realidad y construir un
imaginario inmune a los hechos objetivos. Porque es un hecho objetivo que las
aportaciones a la Hacienda común no las hacen los territorios, sino los
individuos. Los ciudadanos que residen en Cataluña pagan los mismos impuestos
estatales, y perciben las mismas pensiones, que los de las demás comunidades
autónomas. Sólo que allí son más numerosos los que tienen más ingresos y por
eso, en conjunto, tributan más.
Así pues, si los contribuyentes catalanes aportan
más al Estado que los gallegos o los andaluces es sencillamente porque
disfrutan de más renta y patrimonio. El llamado déficit fiscal de Cataluña (la
diferencia entre los impuestos que se pagan al Estado en dicha comunidad y lo
que el Estado gasta en ella) no es de distinta naturaleza que el déficit fiscal
que podría alegar un multimillonario extremeño con respecto a un pobre catalán
o, ya puestos, el que padecen los habitantes de un barrio pijo de Barcelona en
relación con los de un barrio pobre de Lérida: seguro que contribuyen mucho más
y reciben menos prestaciones y servicios públicos.
El experto Ángel de la Fuente lo ha explicado en
este periódico. No sólo es que la Constitución prohíba una financiación
diferenciada para Cataluña basada en ese pretendido déficit fiscal. Es que si
se extiende a ese territorio el concierto económico vasco, como exige la
Generalitat, habría que detraer 16.000 millones de euros a las demás comunidades
de régimen común, empobreciéndolas en un 12%. La anomalía vasca y la navarra
-resume- son soportables por el sistema porque entre ambas comunidades suman el
9% del PIB español; otorgar el mismo privilegio a Cataluña significaría un 27%
del PIB nacional exento de la solidaridad territorial y social. Ningún gobierno
de España puede aceptar una excepcionalidad tan abultada.
Otra monserga independentista se ha montado encima
de un mito: que en los estados alemanes tienen un límite del 4% de su PIB como
contribución a la solidaridad. Falso. Más discutible me parece, en cambio, el
llamado principio de ordinalidad (que una región que aporta a la Hacienda común
no se empobrezca hasta quedar por debajo de otra que recibe). Se debería
considerar si esta reivindicación catalana merece ser aceptada. Claro es, entre
todas las comunidades autónomas y el Estado, no bilateralmente.
PUBLICADO EN MÁLAGA HOY
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