EL ANSIA DE CONSULTA DE VALDERAS. ANTONIO FUENTES


EL ANSIA DE CONSULTA DE VALDERAS
"Esta ley no va a servir para nada". Con esta introducción han comenzado algunas de las reuniones preparatorias de la futura ley andaluza de participación ciudadana. Los representantes de la Junta temen defraudar las expectativas. "Es tanto el malestar que lo primero que decimos es que esta ley no va a arreglar la situación actual, pero a lo mejor podría ser una herramienta que nos ayude a solucionar problemas", comenta uno de los monitores de los grupos de trabajo que han recogido aportaciones a la futura norma, uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía.


Entonces, ¿en qué consistirá? ¿Cómo acercará a los ciudadanos a sus cada día más alejados representantes políticos? Esta norma, junto a la ley de Transparencia, son los dos grandes envites de la Administración andaluza para recuperar la confianza ciudadana y con ellas el gobierno de coalición de izquierdas quiere marcar distancias con el PP.

La ley se encuentra en un estado embrionario. Acaba de finalizar la fase de recogida de aportaciones, que comenzó en junio y en las que han participado unas 2.500 personas.

Y de lo poco que se conoce hay dudas sobre si podrá incluirse. Uno de los contenidos más nombrados es la consulta ciudadana, instrumento al ha vuelto a referirse esta semana, y por tercera vez desde que es vicepresidente de la Junta, el también coordinador general de IU, Diego Valderas.

Estas apelaciones a la consulta por parte de Valderas han causado estupefacción en el socio de gobierno de IU, el PSOE, que ha vuelto a desmarcarse. Incluso en las propias filas de la coalición de izquierdas, la CUT- BAI que lidera Juan Manuel Sánchez Gordillo le ha exigido "que deje de decir tonterías".

Pero la propuesta de Valderas es periódica. Desde que es vicepresidente la ha formulado al menos tres veces.

En verano afirmó ante los representantes de los sindicatos CCOO y UGT que estaba dispuesto a plantear un referéndum sobre las medidas de ajuste del Gobierno. "Si es necesario", matizó. Luego, con el Pacto por Andalucía que promueve el presidente andaluz, José Antonio Griñán, promovió que los andaluces lo respaldasen "en la calle, como el 4 de diciembre de 1977, o en referéndum como el 28 de febrero de 1980".

Los socialistas volvieron a marcar distancia y se decantaron por un apoyo tímido a la movilización. Superado el 4 de diciembre (fecha a la que Griñán y otros dirigentes del PSOE se abrazan ahora, pero que ha sido una reivindicación histórica de IU) llegó la cita del 28 de febrero, Día de Andalucía.

Impulsados por el ánimo de Valderas, los socialistas se sumaron, pero sin tanto ímpetu a medida que se acercaba la fecha y crecía en las encuestas la desafección ciudadana. Finalmente el 28-F sólo se vio en la calle a Valderas y a consejeros de IU, pero a ningún consejero socialista por orden directa de Griñán.

Ahora Valderas vuelve a recurrir a la consulta popular, esta vez por los ajustes que podría aplicar la Junta tras superar en medio punto el objetivo de déficit previsto para 2012. La propuesta es peregrina: ¿apoyarían los andaluces nuevos recortes si los ordena el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro?

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz (PSOE), salió al paso horas después y vinculó la reflexión de Valderas a su cargo en IU, no como portavoz del Ejecutivo andaluz, lo que sorprendió en la coalición de izquierdas.

Valderas no se inmutó e insistió y, el jueves, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, afirmó que su formación hará "todo lo posible" para incluir en la ley las consultas populares.

Al margen de para qué cuestiones se utilizaría, el instrumento de la consulta popular encuentra eco en las propuestas que aportan los ciudadanos a la futura ley. Según el avance de aportaciones al anteproyecto al que ha tenido acceso esta redacción, los ciudadanos demandan "mecanismos que permitan que las administraciones públicas atiendan de la forma más ajustada posible las necesidades reales de la ciudadanía y que ésta pueda canalizar propuestas de acción a las administraciones públicas". Esta demanda incluye mecanismos vinculantes y entre ellos se reclaman "vivamente" consultas ciudadanas vinculantes o iniciativas legislativas populares vinculantes.

Pero a pesar de que esta opción es reclamada, no está tan claro que pueda incluirse. De hecho, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales que dirige Valderas estudia esta cuestión esta semana.

La Consejería quiere explorar el "techo máximo" que permite la Constitución. IU no quiere hablar de referéndum, porque es el Estado "el que tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades". Pero ni la Constitución ni la ley orgánica de 1980, que regula las modalidades de consulta, prohibe a los presidentes autonómicos pedir la opinión de los ciudadanos sobre asuntos de interés general. De hecho, el Estatuto de Andalucía reformado en 2007 recoge en su artículo 30 el derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta.

En este espíritu de desarrollo del Estatuto andaluz se refugia la insistencia de Valderas, pese a una complejidad legal por la que se desconoce el recorrido que tendría y si su resultado sería o no vinculante.

Así que pese al ansia de Valderas, y de muchos ciudadanos molestos por el devenir de la gestión de la democracia, la consulta popular sigue siendo por el momento una opción inexplorada.

FUENTE: MÁLAGA HOY