¿SOMBRAS O
CERTEZAS?
El
exdiputado popular pide a los tesoreros de su partido que aporten la
información disponible sobre la contabilidad B y a quiénes se destinó ese
dinero
Todo son
lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha
dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la
vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro
u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto
viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es
tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.
En la
primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el
Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista
Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El
escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un
asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre
cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que
modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo
regulaba.
Recuérdese
que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban,
además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual
daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible
entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y,
desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder
gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones
anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho
menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he
recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no
renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico.
Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos
creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el
Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas
prácticas.
Hace
aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme
repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado
ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que
intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal
ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia
Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor
Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido
Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se
arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general
es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya
historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica
y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado
por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que
justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira,
quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio.
Pero la verdad se va abriendo paso.
Sigamos,
pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces,
el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los
que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel
Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal,
sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este
caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes
sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también
deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no
recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos
tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes
les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información
suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones
personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años—
y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse
ni mentir.
Y todos los
destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la
Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo
hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia
Tributaria envíe el asunto al Juzgado número 5 que, según parece, es
indiscutiblemente el competente.
Por lo que
yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban
sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían
algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o
su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se
percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de
diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por
ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una
explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el
partido.
Es posible
que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían
explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna
cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de
donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes,
amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán
siendo.
Es posible
que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que
recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota
posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito.
Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles,
tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas,
que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las
empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas,
pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda
tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a
veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el
PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica
como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también
tienen algo que ocultar.
El sistema
constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis
política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno,
en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin
delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó
la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la
segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP,
Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el
filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación,
¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están
exigiendo?
Jorge Trías
Sagnier es exdiputado del Partido Popular.
FUENTE: EL PAÍS
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